La crisis económica internacional ha impactado en los diarios y semanarios uruguayos. Según informó la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), 36 trabajadores de distintos medios de prensa escrita perdieron sus fuentes de trabajo en lo que va del año y las condiciones laborales se deterioraron.
Las empresas editoras alegan bajas en las ventas y disminución de la publicidad, mientras los trabajadores denuncian falta de instancias de negociación y decisiones unilaterales por parte de la patronal. La APU manifiesta su preocupación ante estas medidas, porque entienden que los costos de la crisis en el sector los pagan los trabajadores y porque éstas significan un descenso de la calidad de información que recibe la ciudadanía. Para salir de la crisis propone revisar el sistema de distribución de prensa en la capital, aprobar una política de Estado referente a la publicidad oficial, y otorgar subsidios o contrapartidas a aquellos medios que cumplan con la legislación laboral vigente.
El 29 de mayo la APU informaba del envío al seguro de paro de siete trabajadores y el deterioro de las condiciones laborales de un número importante de columnistas y colaboradores, por parte de la empresa editora del semanario Búsqueda y la revista Galería. La empresa dispuso además la disminución del número de páginas, la eliminación de secciones y la reducción de salarios. También la empresa editora del diario Últimas Noticias envió al seguro de paro a 19 trabajadores del diario y cuatro de la impresora Apolo, donde se imprime Últimas Noticias y Búsqueda. Los trabajadores del diario están en pre conflicto debido a incumplimientos por parte de la patronal, mientras que los funcionarios gráficos trabajan a reglamento.
La empresa editora del diario El Observador dispuso, a comienzos de agosto, el despido directo de seis trabajadores por el cierre de la revista de espectáculos Vay Ven. Los trabajadores alegan, según consta en un comunicado aprobado en asamblea, su rechazo por los despidos “sin una instancia previa de conversación con los involucrados y el gremio”. También expresan su molestia por lo que entienden un “deterioro del diálogo y la falta de interés demostrada por la dirección hacia su personal, en un progresivo desgaste de la confianza y honestidad que pautaban la relación hasta el momento”.
Según fuentes consultadas por Sala de redacción, en los tres casos se pidieron audiencias en el ministerio de Trabajo para que las empresas expusieran las razones de los despidos y el porqué de la no convocatoria a los sindicatos para plantear su parecer y esgrimir posibles soluciones. Actualmente, salvo en El Observador, se llevan adelante instancias bipartitas de negociación. En esas instancias se negoció el seguro de paro rotativo, punto con el cual las empresas no están de acuerdo ya que entienden que afecta su funcionamiento. Se espera a que concluyan los seguros de paro para saber si los trabajadores serán retomados. En el caso de Búsqueda, desde un comienzo se negoció en forma bipartita obviando la audiencia en el ministerio de Trabajo.
Propuestas
Según consta en un documento elaborado en agosto por la APU, al que accedió Sala de redacción, el 40% de la venta de cada ejemplar se lo lleva el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas, encargado de la distribución en los quioscos capitalinos. Además, cada medio paga lo que se llama “peaje” de ejemplares gratis, que puede ir de 100 a 1.000, “dependiendo de la arbitrariedad del sindicato y de la capacidad de negociación-presión del medio”. Este monopolio en la distribución lleva a elevar el costo de los diarios, con una posterior baja en las ventas. Por todo esto la APU recomienda revisar el sistema de distribución de prensa en la capital.
Otro de los puntos que el sindicato de la prensa entiende como aumento de gastos en el sector refiere a la carga tributaria que las empresas deben pagar por aportes patronales. Hasta julio de 2007 las empresas estaban exoneradas de estos aportes; a partir de esa fecha se comenzó a pagar 2,5 %; en enero de 2008, 5 %, y desde enero de este año el aporte es de 7,5 %.
El documento también señala la necesidad de aprobar criterios unificados de adjudicación de publicidad oficial, de manera de evitar la arbitrariedad por parte de las administraciones. Propone la aprobación de una nueva política de Estado “que permita la asignación de pautas en función de criterios de redistribución y apoyo a la prensa más vulnerable, y no sólo en función de criterios de mercado que contribuyen al aumento de la concentración de la publicidad del Estado en los grandes medios”.
Mateo Gómez