En la recta final por el SI

Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional a la Ley de Caducidad

Nibia_Sabalsagaray

Nibia Sabalsagaray (1949 - 1974)

El lunes 19 de octubre se produjo un hecho judicial cargado de un significado particular para el contexto en el que los uruguayos nos encontramos. Además de estar a seis días de elegir presidente, cámara de diputados y senadores; nos convocan dos plebiscitos: permitir el voto epistolar y derogar la Ley de Caducidad.

Bajo este panorama, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inconstitucional a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado para el caso de la maestra Nibia Sabalsagaray, militante del Partido Comunista, muerta en 1974 a causa de torturas sufridas durante su detención.

La Fiscal Mirtha Guianze fue quien solicitó, por vía de excepción, “la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 1º, 3º y 4º de la ley 15.848, conocida como Ley de Caducidad de la Pretensión punitiva del Estado, por entender que las referidas disposiciones transgreden varios preceptos de la Constitución de la República y de Tratados Internacionales”.

La ley está en vigencia desde diciembre de 1986 y la inconstitucionalidad queda al descubierto desde su artículo 1º, en el que se desconoce el principio de separación de poderes del Estado. La Fiscal fundamenta en el fallo: “Según los arts. 4º y 82 de la Carta, la soberanía reside en la Nación y se ejerce, directamente, por el Cuerpo Electoral. De ahí que, bajo ningún concepto, puede aceptarse que la “lógica de los hechos” (expresión utilizada en el art. 1º de la ley atacada) se invoque como una fuente de derecho y, mucho menos, que deba tolerarse una solución dada por el Parlamento frente a la indebida presión que ejercieron sobre él las Fuerzas Armadas”.

El artículo referido de la ley 15.848 establece lo siguiente:

Artículo 1º.- Reconócese que, como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 y a efecto de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto.

Según lo dictaminado por la SCJ, la inconstitucionalidad aparece también en los artículos. 3º y 4º de la Ley de Caducidad, donde se le atribuyen al Poder Ejecutivo funciones que pertenecen al Poder Judicial; por lo tanto, el seguimiento de los “delitos cometidos por funcionarios militares o policiales durante el régimen de facto se dejó al entero arbitrio de aquél. Con esta previsión, se violó lo dispuesto en el art. 233 de la Carta”.

Artículos 3º y 4º de la ley 15.848 mencionados en el fallo:

Artículo 3º.- A los efectos previstos en los artículos anteriores, el Juez interviniente en las denuncias correspondientes, requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de treinta días de recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido o no en el artículo 1º de la presente ley.

Si el Poder Ejecutivo así lo comunicare, el Juez dispondrá la clausura y el archivo de los antecedentes. Si en cambio, no contestare o informa que no se haya comprendido dispondrá continuar la indagatoria.

Desde la fecha de promulgación de esta ley hasta que el Juez reciba la comunicación del Poder Ejecutivo quedan suspendidas todas las diligencias presumariales en los procedimientos mencionados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 4º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes el Juez de la causa remitirá al Poder Ejecutivo testimonios de las denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la presente ley referentes a actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones.

Los plebiscitos

Las proyecciones de las encuestas dicen que difícilmente en los dos plebiscitos gane el SI.

“Se observa una caída sistemática de la intención de voto para anular la Ley de Caducidad que si no sucede algo absolutamente dramático e imprevisible, no va a salir. Hay sí una postura muy favorable al voto epistolar, pero tampoco es seguro que se concrete”, dijo el politólogo Luis Eduardo González (Empresa Cifra) en una charla denominada “Monitor Electoral” llevada a cabo el 14 de octubre. 

Según la última encuesta difundida por la empresa Interconsult, votarían por el SI un 47% mientras que estiman que hay un 13% de indecisos. Será por falta de información, por ignorancia, por no “involucrarse” o porque no les pasó; pero la cuestión es que aquí no existe el voto en blanco y es importante que los indecisos sean concientes de que estarían votando para que la ley no se derogue si no se agrega la papeleta rosada.

El domingo 25 será la segunda oportunidad de derogar esta vetusta ley en su totalidad; recordemos que la ciudadanía decidió conservarla en el referéndum de 1989, donde el voto verde que respaldaba la anulación fue minoría.

Ahora el color es el rosado, y se pudo ver por doquier en la marcha del 20 de octubre bajo la consigna “El último 20 con impunidad”. Estará presente también en el reparto de papeletas planificado para el 21 de octubre en la Plaza Cagancha, en donde más de 70 comunicadores, músicos, actores y demás representantes de la cultura local estarán entregando papeletas hasta las 20 horas. El fin será lograr que esas papeletas rosadas sean ensobradas por más de la mitad de los uruguayos.

  Gisselle Noroña