Otro militar procesado

Justicia para el estudiante Ramón Peré

La justicia tarda pero llega, se suele repetir. A la familia de Ramón Peré, estudiante de Veterinaría asesinado en la dictadura, le llegó treinta y ocho años después, con el procesamiento con prisión de uno de los principales implicados en el hecho.

El asesinato de Peré inauguró la lista de los que se sucederían en los casi doce años de dictadura, aunque no fue, por cierto, la primera victima del terrorismo de Estado. Sin embargo, el destino quiso que fuera uno de los primeros asesinatos en “aclararse” mientras tantos otros casos esperan su desarchivo o quizás la anulación de la ley de caducidad. Quizás, por qué no, aguarden la llegada del primero de noviembre…

El juez penal de tercer turno, Rubén Saravia, procesó con prisión al militar coronel retirado Trinquilino Machado bajo la acusación de “homicidio muy especialmente agravado”.

Ramón Peré era militante del Partido Comunista y de la FEUU por lo que, en plena huelga general después del golpe de Estado que disolvió las Cámaras el 27 de junio de 1973, estaba ocupando el local del centro de estudios de la facultad en la que estudiaba. En la tarde de aquel 6 de julio recorría la zona de la facultad con el propósito de repartir volantes que apoyaban la huelga general. Iba acompañado por otro estudiante, sin sospechar que esa sería su última actividad de militante. Aquellos jóvenes tampoco adviertieron la presencia de dos efectivos del ejercito que vestidos de civiles comenzaron a seguirlos. Después, el miedo inundó a los jóvenes estudiantes que pronto comenzaron a correr. Fue en vano. Los militares disfrazados de civiles hirieron de bala a Peré. Su compañero de ruta dijo años después que el disparo fue “casi un ajusticiamiento” y el ministro del Interior Eduardo Bonomi, integrante de la generación del estudiante, ratificó la tesis esgrimida por el compañero de Peré.

En el dictamen del juez se califica la muerte de Peré como “inmotivada”, y se aduce que se realizó un uso ilegítimo de la fuerza. La denuncia fue tramitada por el abogado Oscar López Goldaracena, y es otro de los asesinatos cometidos durante la dictadura que logra esquivar la ley de Caducidad.

Laura Rey