Marcela y Felipe Noble Herrera, hijos adoptivos de la dueña del diario Clarín, se presentaron el viernes 24 de junio en el Hospital Durand de la ciudad de Buenos Aires – donde funciona el Banco Nacional de Datos Genéticos – para aportar sus muestras de ADN. Accedieron a la medida en un capítulo más de la causa que ya lleva diez años.
Fue con sorpresa que la semana pasada las abuelas de Plaza de Mayo recibieron la noticia de que los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble estaban dispuestos a realizarse extracciones de sangre y saliva para que sean comparadas con todos los datos genéticos, correspondientes a familiares de desaparecidos en la última dictadura argentina. La sorpresa se justifica en el hecho de que Marcela, Felipe, su madre y sus abogados se venían negando a que estas comparaciones se realizaran y en reiteradas oportunidades intentaron manipular las muestras genéticas.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, manifestó que sin dudas es una buena noticia, pero que debe ser manejada con cautela porque considera sospechoso que después de dilatar diez años este episodio ahora lo pidan con urgencia. En declaraciones a Página 12 indicó que la noticia “no fue de una alegría absoluta porque muchas veces en estos largos diez años brindamos por triunfos que luego resultaron totalmente adversos”.
Además, el análisis comparativo se hará justamente para determinar si estos jóvenes son o no hijos de desaparecidos, y hasta que no se tengan los resultados no se puede confirmar nada. La representante de las abuelas dejó en claro que la causa que llevan adelante contra Ernestina Herrera de Noble no está fundada en la certeza de que sus hijos son apropiados, sino en la necesidad de aportar datos en la búsqueda de verdad y justicia.
Son 104 los “nietos recuperados”. Bebés y niños que fueron apropiados por la dictadura militar y entregados a otras familias luego recuperaron o al menos conocieron su verdadera identidad gracias al trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Enemigo público
En una carta publicada por el diario Clarín, firmada por su dueña en enero de 2003, expresa la posibilidad de que sus hijos adoptivos y sus padres “hayan sido víctimas de la represión ilegal”, y hace énfasis en que “cualquiera que haya sido la razón por la cual los perdieron, Marcela y Felipe tienen el derecho de conocer quiénes han sido sus padres biológicos”.
También se puede encontrar en la declaración el posible comienzo de una guerra mediática entre el Grupo Clarín y el gobierno de Néstor Kirchner, y posteriormente el de su esposa, Cristina Fernández. En la misiva la señora de Noble acusa: “hay un sector político que quiere ir limpiando el terreno para adueñarse de todo el poder: su primer paso es destruir a los medios independientes”. Desde el año 2003 a hoy las posiciones se han radicalizado. El matrimonio Kirchner despertó en el multimedio un sin fin de críticas, por sus políticas y su manejo con la prensa. El round más importante en esta lucha de poder fue la famosa “Ley de medios K”, según repetían todos los noticieros, radios y medios escritos del Grupo Clarín. La renovadora idea de la presidenta Fernández, aprobada en el Congreso, busca poner fin a los monopolios en el universo audiovisual y aportar al “desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia”. La propuesta fue tomada por Héctor Magnetto – capo de tutti capi del Grupo Clarín – y sus empleados como una “ley mordaza”.
Otro incidente importante para entender el vínculo entre la actual presidenta argentina y Clarín, es la causa que reabrió Fernández relativa a Papel Prensa S.A. Esta empresa dedicada a la fabricación de papel para diarios fue escenario de varias irregularidades desde su fundación. En una alianza que hábilmente fue mantenida en el olvido, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre, en representación de los diarios Clarín y La Nación respectivamente, acordaron con el presidente de facto Jorge Rafael Videla el traspaso de las acciones de Papel Prensa a nombre de sus propias empresas, en 1978. Desde ese entonces, los diarios Clarín, La Nación y La Razón poseían el monopolio del papel para diarios en Argentina, elemento fundamental en la tan mentada libertad de expresión que reclaman los diarios opositores al gobierno y las medidas kirchneristas.
Las pretensiones de impunidad de Magnetto y sus secuaces continúan. El pasado 16 de junio en la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Magnetto y Mitre presentaron como verdadera una foja adulterada donde pretendían eludir el resultado de una audiencia desfavorable a sus intereses, según informa el diario Tiempo Argentino. No conformes con eso, aparecieron en sus respectivos diarios notas sin firmar, que obviamente, apoyaban su postura de inocencia en esta causa.
Elecciones y algo más
El momento de campaña electoral que atraviesa Argentina despierta suspicacias al momento de evaluar por qué ahora Marcela y Felipe Noble acceden a realizarse las extracciones de muestras de ADN.
Claramente, sólo un incauto lector podría pretender que los diarios opositores cubran la campaña electoral con imparcialidad. Luego de la muerte de Néstor Kirchner el 27 de octubre de 2010, fueron muchas las especulaciones sobre lo que haría Cristina Fernández de cara a las próximas elecciones y sobre su continuidad hasta el fin de su mandato. Teniendo en cuenta los tejes y manejes de Magnetto y Ernestina Herrera, no sería motivo de sorpresa que el consentimiento de Marcela y Felipe en este momento tenga que ver con motivaciones espurias de quienes también son sus jefes, ya que ambos jóvenes son empleados del Grupo Clarín.
Aunque Estela Carlotto recuerde insistentemente que la lucha de las abuelas se inició mucho antes “de que los Kirchner existieran como gobierno”, los medios de comunicación hegemónicos insisten en mezclar al actual gobierno con la institución. Ahora aprovechan el caso de estafa en que se vieron involucradas las Madres de Plaza de Mayo para pegarle a Cristina Fernández: Sergio Schoklender, ex apoderado de la fundación Sueños Compartidos (plan de viviendas de las Madres) fue recientemente acusado de estafa por malversación de fondos.
El resultado de los análisis de ADN puede demorar. Y puede que surjan nuevos subterfugios legales para que la verdad siga sin conocerse. Carlotto lamenta que “hay abuelas que murieron esperando encontrar a sus nietos (…), los que saben no lo dicen. Seguro que los entregadores de nuestros nietos saben muy bien a quiénes se los dieron y quiénes los tienen”.
Lucia Pedreira