Inseguridad jurídica de las mujeres

Hecha la ley hecha la trampa

Luego de más de un siglo de reivindicaciones y luchas, el nuevo milenio saca a la luz que la mayoría de las mujeres sienten que la sociedad en la que se insertan no ha obtenido logros jurídicos reales en cuanto a la igualdad de género.

 

ONU MUJERES lanzó este año su último volumen de análisis sobre la situación de las mujeres a nivel mundial. Esta vez es “El progreso de las mujeres en el mundo- En busca de la justicia” que intenta desasnar cómo el estado de derecho debe velar por las mujeres bajo una perspectiva igualitaria sin importar los límites territoriales o políticos.

 

La historia que buscó el desarrollo de la mujer como sujeto pensante, independiente y libre tiene como punto de inflexión el derecho al voto. En 1911 las mujeres sólo podían votar en dos países; cien años después aquella reivindicación parece arcaica ya que su nivel de aplicación es casi universal. La toma de decisiones ha proporcionado una mayor participación e influencia de las mujeres, no sólo en el ámbito público sino también en el privado. Este impacto se ve reflejado a nivel mundial al reconocerse no sólo los derechos políticos en el momento del sufragio sino el reconocimiento de los derechos económicos, culturales y sociales.

 

En 186 países se acepta la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer consiguiendo un amplio compromiso con el bienestar de ellas, sobre todo cuando las barreras jurídicas en otras regiones colocan a las leyes al servicio exclusivo de los hombres. Aunque estas señales construyan una tendencia de cambio llamativa, la mayoría de las mujeres no tiene el absoluto control sobre su cuerpo, la entera toma de decisiones y la seguridad completa frente a hechos de violencia. En el campo laboral son alrededor de 600 millones las que trabajan en empleos vulnerables, con bajo niveles de formalización y salarios sustancialmente más bajos que los de los hombres.

 

A nivel mundial el ejercicio de la violencia hacia las mujeres es un conflicto trascendental a resolver. El estado de derecho ha realizado los máximos esfuerzos para mejorar el amparo de aquellas que viven estas situaciones, pero es aquí que muchas mujeres creen que la puesta en práctica de las nuevas reglamentaciones falla cuando enfrentan abusos en sus trabajos o con sus propias parejas. Mientras las reformas no sean sólidas, las mujeres y niñas seguirán desprotegidas ante la hostilidad de policías y jueces que obstaculizarán el acceso a los servicios de resguardo ante tales acontecimientos.

 

De todos modos, en diferenciadas regiones se han conseguido avances: en 173 países se garantiza la licencia de maternidad con goce de sueldo, 139 constituciones explicitan la igualdad entre mujeres y hombres, 125 países ilegalizaron la violencia doméstica y 117 apoyan la igualdad de remuneración. Sin embargo, no todo es color de rosa y mientras las estadísticas anteriores plantean una sociedad más consecuente, son 127 países los que no penalizan explíctamente la violación dentro del matrimonio, 61 los que restringen los derechos al aborto y 50 países los que permiten que la edad para autorizar el casamiento sea menor para las mujeres que para los hombres.

 

Variable determinante es el contexto socio económico. Si la mujer o niña es pobre, mayores son los riesgos y menor el acceso a los derechos. Según el análisis realizado por ONU MUJERES “las mujeres pobres que viven en zonas rurales tienen mucha menor probabilidad de tener un parto asistido por personal médico especializado, el cual es esencial para evitar la mortalidad y morbilidad materna, en comparación con las mujeres ricas de zonas urbanas”. La solución propuesta es la reducción o anulación del pago de cuotas de afiliación a los servicios de salud, la elaboración de políticas educativas que alienten a las niñas a continuar con los estudios y el retraso al matrimonio como tres salidas al embarazo prematuro en auge. Para poder reflejar las necesidades de esta población no existe alternativa mayor que la representación femenina en el Parlamento, donde sean otras mujeres las que encaminen las transformaciones. Pero la coyuntura política internacional posiciona con un 30 por ciento de representación parlamentaria femenina a una escasa veintena de países.

 

El progreso de las mujeres en el mundo” plantea que para una buena aplicación de las leyes es necesaria una “buena gestión pública y un sistema judicial competente, que ejecute sus funciones de manera justa, sin sesgos ni discriminaciones”. La débil correspondencia entre el papel y la puesta en práctica es lo que hace que el estado de derecho no esté presente significativamente en la vida de muchas niñas y mujeres a pesar de los múltiples intentos. Los privilegios siguen estando presentes en los sectores más acaudalados y son las minorías raciales, étnicas o religiosas las que sufren los niveles más altos de discriminación. Estando las mujeres en desigualdad frente al hombre, son mayores las limitaciones para aquellas que son lesbianas, trans y bisexuales , como así también para descendientes indígenas.

 

La esfera privada es el espacio donde las mujeres quedan más desprotegidas ya que tanto el matrimonio, el divorcio, la salud reproductiva y el empleo toman mayor fuerza. Tras los muros del hogar y luego en el trabajo es donde las leyes deberían tener mayor presencia, pero el sistema hace caso omiso. El matrimonio como institución debe re pensarse cuando en 53 países son ilegales las relaciones homosexuales entre mujeres. Casi el 40 por ciento de las mujeres ente 20 y 24 años se han casado o han tenido una relación de pareja a los 18. Ppero, cuanto antes se casan las mujeres más se reducen las oportunidades educativas y mayor es la probabilidad de contraer riesgos en embarazos adolescentes.

 

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo provenientes de 18 países, “el trabajo doméstico representa entre 4% y 10% de la fuerza laboral en los países en desarrollo, y entre 1% y 2,5% en los desarrollados. Entre 74% y 94% de los trabajadores domésticos en estos países son mujeres”.

Cuando se practican unos 20 millones de abortos en condiciones inseguras que elevan el número de muertes a 68 mil mujeres por año, cinco países lo prohíben bajo cualquier circunstancia y 61 sólo lo permiten en circunstancias muy excepcionales.

 

Acotando la población femenina a inmigrantes, en muchos países las constituciones adjudican al hombre el único poder de transmitir su nacionalidad a su pareja extranjera. El estudio agrega: “la ley priva a las mujeres de su nacionalidad si se casan con ciudadanos de otras naciones. Estas restricciones pueden coartar el ejercicio de otros derechos fundamentales, como: residencia permanente, libertad de desplazamiento, derecho a voto y postulación a cargos públicos, así como acceso a servicios públicos. Es más, las mujeres y sus hijas e hijos incluso pueden convertirse en apátridas y quedar sin la protección jurídica que otorga la nacionalidad de un Estado”.

 

Lo importante del análisis es que las mujeres cómo parte fundamental del entramado social en sus diferentes roles, continúan siendo poco escuchadas. Es difícil entender cómo un siglo después, a los ojos de muchos aun hay espacios que las mujeres no deben ocupar y hay decisiones que no les compete tomar.

Las leyes como columna vertebral de los pueblos civilizados deben funcionar para todos y para eso deben pensarse en colectivo, entre todos y todas. Mientras las letras queden amarradas al papel, el desafío será convertir esas conquistas en hechos.

 

Sabrina Martínez

 

 

 

 

 

movilizado para garantizar la

protección de sus derechos en el ámbito local y nacional.

 

HECHA LA LEY, HECHA LA TRAMPA

 

Luego de más de un siglo de reivindicaciones y luchas, el nuevo milenio saca a la luz que la mayoría de las mujeres sienten que la sociedad en la que se insertan no ha obtenido logros jurídicos reales en cuanto a la igualdad de género.

 

ONU MUJERES lanzó este año su último volumen de análisis sobre la situación de las mujeres a nivel mundial. Esta vez es “El progreso de las mujeres en el mundo- En busca de la justicia” que intenta desasnar cómo el estado de derecho debe velar por las mujeres bajo una perspectiva igualitaria sin importar los límites territoriales o políticos.

 

La historia que buscó el desarrollo de la mujer como sujeto pensante, independiente y libre tiene como punto de inflexión el derecho al voto. En 1911 las mujeres sólo podían votar en dos países; cien años después aquella reivindicación parece arcaica ya que su nivel de aplicación es casi universal. La toma de decisiones ha proporcionado una mayor participación e influencia de las mujeres, no sólo en el ámbito público sino también en el privado. Este impacto se ve reflejado a nivel mundial al reconocerse no sólo los derechos políticos en el momento del sufragio sino el reconocimiento de los derechos económicos, culturales y sociales.

 

En 186 países se acepta la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer consiguiendo un amplio compromiso con el bienestar de ellas, sobre todo cuando las barreras jurídicas en otras regiones colocan a las leyes al servicio exclusivo de los hombres. Aunque estas señales construyan una tendencia de cambio llamativa, la mayoría de las mujeres no tiene el absoluto control sobre su cuerpo, la entera toma de decisiones y la seguridad completa frente a hechos de violencia. En el campo laboral son alrededor de 600 millones las que trabajan en empleos vulnerables, con bajo niveles de formalización y salarios sustancialmente más bajos que los de los hombres.

 

A nivel mundial el ejercicio de la violencia hacia las mujeres es un conflicto trascendental a resolver. El estado de derecho ha realizado los máximos esfuerzos para mejorar el amparo de aquellas que viven estas situaciones, pero es aquí que muchas mujeres creen que la puesta en práctica de las nuevas reglamentaciones falla cuando enfrentan abusos en sus trabajos o con sus propias parejas. Mientras las reformas no sean sólidas, las mujeres y niñas seguirán desprotegidas ante la hostilidad de policías y jueces que obstaculizarán el acceso a los servicios de resguardo ante tales acontecimientos.

 

De todos modos, en diferenciadas regiones se han conseguido avances: en 173 países se garantiza la licencia de maternidad con goce de sueldo, 139 constituciones explicitan la igualdad entre mujeres y hombres, 125 países ilegalizaron la violencia doméstica y 117 apoyan la igualdad de remuneración. Sin embargo, no todo es color de rosa y mientras las estadísticas anteriores plantean una sociedad más consecuente, son 127 países los que no penalizan explíctamente la violación dentro del matrimonio, 61 los que restringen los derechos al aborto y 50 países los que permiten que la edad para autorizar el casamiento sea menor para las mujeres que para los hombres.

 

Variable determinante es el contexto socio económico. Si la mujer o niña es pobre, mayores son los riesgos y menor el acceso a los derechos. Según el análisis realizado por ONU MUJERES “las mujeres pobres que viven en zonas rurales tienen mucha menor probabilidad de tener un parto asistido por personal médico especializado, el cual es esencial para evitar la mortalidad y morbilidad materna, en comparación con las mujeres ricas de zonas urbanas”. La solución propuesta es la reducción o anulación del pago de cuotas de afiliación a los servicios de salud, la elaboración de políticas educativas que alienten a las niñas a continuar con los estudios y el retraso al matrimonio como tres salidas al embarazo prematuro en auge. Para poder reflejar las necesidades de esta población no existe alternativa mayor que la representación femenina en el Parlamento, donde sean otras mujeres las que encaminen las transformaciones. Pero la coyuntura política internacional posiciona con un 30 por ciento de representación parlamentaria femenina a una escasa veintena de países.

 

El progreso de las mujeres en el mundo” plantea que para una buena aplicación de las leyes es necesaria una “buena gestión pública y un sistema judicial competente, que ejecute sus funciones de manera justa, sin sesgos ni discriminaciones”. La débil correspondencia entre el papel y la puesta en práctica es lo que hace que el estado de derecho no esté presente significativamente en la vida de muchas niñas y mujeres a pesar de los múltiples intentos. Los privilegios siguen estando presentes en los sectores más acaudalados y son las minorías raciales, étnicas o religiosas las que sufren los niveles más altos de discriminación. Estando las mujeres en desigualdad frente al hombre, son mayores las limitaciones para aquellas que son lesbianas, trans y bisexuales , como así también para descendientes indígenas.

 

La esfera privada es el espacio donde las mujeres quedan más desprotegidas ya que tanto el matrimonio, el divorcio, la salud reproductiva y el empleo toman mayor fuerza. Tras los muros del hogar y luego en el trabajo es donde las leyes deberían tener mayor presencia, pero el sistema hace caso omiso. El matrimonio como institución debe re pensarse cuando en 53 países son ilegales las relaciones homosexuales entre mujeres. Casi el 40 por ciento de las mujeres ente 20 y 24 años se han casado o han tenido una relación de pareja a los 18. Ppero, cuanto antes se casan las mujeres más se reducen las oportunidades educativas y mayor es la probabilidad de contraer riesgos en embarazos adolescentes.

 

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo provenientes de 18 países, “el trabajo doméstico representa entre 4% y 10% de la fuerza laboral en los países en desarrollo, y entre 1% y 2,5% en los desarrollados. Entre 74% y 94% de los trabajadores domésticos en estos países son mujeres”.

Cuando se practican unos 20 millones de abortos en condiciones inseguras que elevan el número de muertes a 68 mil mujeres por año, cinco países lo prohíben bajo cualquier circunstancia y 61 sólo lo permiten en circunstancias muy excepcionales.

 

Acotando la población femenina a inmigrantes, en muchos países las constituciones adjudican al hombre el único poder de transmitir su nacionalidad a su pareja extranjera. El estudio agrega: “la ley priva a las mujeres de su nacionalidad si se casan con ciudadanos de otras naciones. Estas restricciones pueden coartar el ejercicio de otros derechos fundamentales, como: residencia permanente, libertad de desplazamiento, derecho a voto y postulación a cargos públicos, así como acceso a servicios públicos. Es más, las mujeres y sus hijas e hijos incluso pueden convertirse en apátridas y quedar sin la protección jurídica que otorga la nacionalidad de un Estado”.

 

Lo importante del análisis es que las mujeres cómo parte fundamental del entramado social en sus diferentes roles, continúan siendo poco escuchadas. Es difícil entender cómo un siglo después, a los ojos de muchos aun hay espacios que las mujeres no deben ocupar y hay decisiones que no les compete tomar.

Las leyes como columna vertebral de los pueblos civilizados deben funcionar para todos y para eso deben pensarse en colectivo, entre todos y todas. Mientras las letras queden amarradas al papel, el desafío será convertir esas conquistas en hechos.

 

Sabrina Martínez

 

 

 

 

 

movilizado para garantizar la

protección de sus derechos en el ámbito local y nacional.