El ICIR se muestra como una herramienta insuficiente para resolver un problema grave en Uruguay

Tierra tomada

Foto: Fernando Morán, La Diaria

El ingeniero agrónomo Martín Buxedas, ex director de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa), dijo en diálogo con SDR que el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) “no tiene un impacto significativo” para detener la concentración de la tierra en Uruguay. Explicó que este fenómeno se disparó en los últimos siete años producto de, entre otras cosas, una política de apertura total a cualquier tipo de inversión extranjera. A su vez destacó que no existe voluntad política para solucionar estos problemas.

Dos en uno

Entre las décadas de los años 60 y 80, con el descenso en el número de productores de 80 mil a 50 mil, comenzaron a incrementarse los niveles de concentración de la tierra. Sin embargo, el país sufrió un impulso reciente en los últimos siete años producto de la extranjerización. Buxedas señala que ambos fenómenos se dan de forma simultánea y que los extranjeros que vienen aquí “no son aquellos que después de mucho trabajar compran una chacrita. Sino que son grandes empresas y fondos (de inversión) que adquieren 10, 20, 50, 100 o 250 mil hectáreas”.

¿Cuáles fueron las condiciones de concentración de la tierra en 2004?

-La tierra estaba sub explotada y tenía precios bajos. En el contexto de un movimiento sin antecedentes en la historia del capitalismo, donde la inversión internacional se dio directamente en negocios agropecuarios, los países que tenían áreas con un potencial productivo que estaba poco explotado, como el Uruguay, fueron un campo fértil para el inversor extranjero para hacer un doble negocio: el de la explotación y el de la valorización de los activos. Desde el punto de vista productivo y económico gran parte de esos inversores vinieron a producir más de lo que es estaba produciendo, particularmente en los dos sectores de mayor crecimiento que son la actividad forestal y agrícola, cuya cabecera de puente es la soja.

-¿Cuán extranjerizada está la tierra en Uruguay?

-En Uruguay no tenemos información sobre qué es extranjero y qué es nacional. Porque como no se exige una identificación a la propiedad, no es necesario identificarse. En mi opinión aproximadamente 2,5 millones de hectáreas [sobre 16] están en propiedad de extranjeros. Lo cual nos indicaría que seriamos el país con el nivel más alto de extranjerización.

-¿Qué medidas han adoptado otros países para desestimular la extranjerización?

-En Nueva Zelanda, por ejemplo, que están relativamente preocupados por el tema, tienen una ley que regula la inversión extranjera directa. Primero se identifica quién es extranjero y quién no. En segundo término pasa a una organización que de acuerdo a la normativa determina si pueden establecerse. Por ejemplo, esa normativa indica que en la zona costera los extranjeros no pueden tener más de 5 mil metros cuadrados.

La tierra: un recurso escaso, valioso y ¿ciudado?

El ICIR pone de relieve un tema político y de soberanía de fondo. Se plantea en qué medida el estado debe intervenir para salvaguardar un recurso tan importante y no dejarlo “librado únicamente a los designios del mercado” como expresó el senador del MPP Ernesto Agazzi a diferentes medios de prensa. En Uruguay la tierra tiene un interés magnificado, pues, según aclara Buxedas, “tenemos una matriz productiva poco diversificada. Todo lo que compramos en el exterior, que inevitablemente es mucho, es en gran medida a cambio de exportar cosas basadas en recursos naturales, del sector agropecuario, forestal y pesquero”.

En este contexto se plantea la preocupación sobre si vamos hacia un escenario donde la base agropecuaria esté extremadamente concentrada en pocas empresas. El ex director de la Opypa señala que en muchos países existe esta preocupación: “En Brasil ya han tomado medidas, en Argentina hay preocupación y dicen que van a tomar medidas, ya mencioné el caso de Nueva Zelanda, incluso en Estados Unidos, donde los extranjeros tienen el uno por ciento de la tierra, tienen leyes significativas que limitan a los inversores extranjeros”.

-Siendo un recurso tan importante para Uruguay, ¿por qué no se han adoptado medidas para abordar el problema?

-Hay una convicción básica de que los inversores extranjeros son una fuerza de impulso importante para la economía. De hecho, en términos generales, los países compiten por inversores extranjeros. Desde China hasta Cuba. Sin embargo, muchos de ellos establecen condicionantes. No es cualquier inversor y para cualquier cosa, sino para aquellas cosas que los gobiernos entienden son complementarias y que sirven para el desarrollo de su país. Éste es un punto clave. La pregunta `inversión extranjera sí o no´ es absurda. No tiene fundamento. El tema es justamente que los países que tienen posiciones más ajustadas establecen los límites: qué empresas y para hacer qué.

-¿Y eso en Uruguay existe?

-No. Acá hay una apertura total a la inversión extranjera. Si la empresa es grande, chica o mediana entra igual. El ingreso es irrestricto. Hasta tal punto que no es necesario que se identifiquen. En Argentina y Brasil deben identificarse, ése es el primer paso.

¿Hay voluntad del sector político para mejorar en estos aspectos?

Claramente no.

No muy grave

Impulsado por Mujica y resistido por sectores de la oposición y del Frente Amplio (FA), el ICIR nace con dos objetivos: captar parte de la valorización que ha sufrido la tierra en los últimos 20 años (su precio se multiplicó por nueve) y desalentar la concentración. Con estos propósitos el tributo crea tres franjas. La primera va de 2 mil a 5 mil hectáreas y se deberá abonar ocho dólares por cada una de ellas. Deberá pagar 12 dolares por hectárea quien concentre entre 5 mil y 10 mil. Finalmente, quien posea más de 10 mil hectáreas deberá pagar 16 dólares. De manera simultánea, el impuesto prevé aumentar el gravamen a la venta de tierras. Para ello se establecerá su precio al primero de julio del 2007, y se le sumará la diferencia entre el valor actual y lo que valía en aquella fecha.

Por la primer parte del impuesto se prevé recaudar 60 millones de dólares, que serán destinados a mejorar la caminería rural. De la segunda se estima recaudar 20 millones que irán al Instituto Nacional de Colonización.

El proyecto, que ya está siendo estudiado en el Parlamento, cuenta con varias resistencias de sectores propios y ajenos al FA. El vicepresidente Danilo Astori se mostró contrario a la iniciativa debido a que va en contra de la reforma tributaria de 2007, que grava la renta y no la propiedad. También otros miembros del Frente Liber Seregni mostraron su reparo por considerar que es inconveniente y cambia las reglas de juego. Desde sectores de la oposición se manejan argumentos similares.

-Desde el partido socialista (PS) se entiende que el impuesto es insuficiente. El diputado Yerú Pardiñas, en declaraciones a Brecha, expresó que el ICIR es una herramienta “más bien tibia, que por sí sola no frena el proceso de concentración”, y por ello se estudia sumar al tributo, entre otras cosas, un tope al máximo de cantidad de hectáreas. Al respecto, Martín Buxedas señaló que juntar ambas medidas puede llegar a ser efectivo.

-¿Sería eficaz lo que propone el PS, que estudia sumar al ICIR un límite en la cantidad de hectáreas?

-En principio sí, sería eficaz. En el Uruguay, si estamos haciendo las cosas bien, las sociedades anónimas al portador están identificadas. Por lo tanto, si se pone un límite, de lo que fuera, eso podría ser eficaz para alcanzar el objetivo de evitar determinados niveles de concentración.

-¿Qué impacto puede tener el ICIR?

-A mi modo de ver no tiene un impacto significativo en la concentración. La renta de la tierra hoy, excepto en la ganadería extensiva, está en 120, 150, hasta 300 dólares por hectárea. Un impuesto de ocho, diez dólares a alguien que arrienda a 150, no lo afecta. Y si la persona es dueña de la tierra y la renta vale eso, tampoco. Es decir, no tiene un impacto anti concentrador en las actividades intensivas. En donde puede tenerlo es en la ganadería extensiva. Si alguien quiere acumular 20 mil hectáreas para hacer una ganadería tradicional, ahí sí, porque la renta anda en 50 dólares, entonces si tiene que pagar 12, 15 dolares por hectárea, empieza a afectar la ecuación del negocio. Pero en líneas generales, en relación al objetivo anti concentrador tiene una eficiencia muy limitada.

-El tributo ha sido resistido desde varios sectores…

-Lo que argumentan quienes están en contra es que este tributo sería el inicio de unas medidas anti concentración que en conjunto sí afectarían los negocios. Pero no tanto por esta medida especifica.

-Una de las críticas de la oposición es que este impuesto puede generar el efecto contrario, que favorecería la concentración. ¿Puede llegar a suceder eso?

-No, todo lo contrario. Así como está planteado ahora, no. Si tiene un efecto, sería evitar la concentración a altísimos niveles. Pero al que tiene 200 animales ni le va ni le viene.

Javier Pérez Seveso