Dr. Pablo Chargoñia
El jueves 6 de octubre el abogado Pablo Chargoñia presentó ante el Juzgado Letrado en lo Penal de 17º turno una denuncia por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. El abogado actúa como denunciante y presenta como testigos a 46 víctimas de tortura. Esto constituye una novedad, ya que en general son las propias víctimas las que denuncian representadas por abogados. El escrito fue presentado a 25 días de la posible prescripción de los delitos el próximo primero de noviembre.
Los crímenes denunciados son: privación de libertad, atentado a la libertad personal cometido por funcionario público encargado de una cárcel, abuso de autoridad contra los detenidos, violencia privada, amenazas, lesiones personales, violación, atentado violento al pudor y pesquisa. El abogado prueba a través de varios testimonios que estos delitos eran una práctica sistemática enmarcada en el terrorismo de Estado y que, independientemente de cómo se tipifiquen legalmente los relatos, “lo que se verificó en forma sistemática fue una práctica de tortura”. Los tormentos más extendidos fueron los plantones, encapuchamiento, picana eléctrica, submarino o tacho, colgamiento, caballete y estaqueamiento. La tortura se practicaba además mediante lesiones, violaciones, simulacros de fusilamiento y uso de drogas. Conjuntamente hay que tener en cuenta que la desnudez como acto de tortura también fue sistémica. El conjunto de testimonios permite concluir que la tortura era algo generalizado, de lo que sólo se salvaron unos pocos detenidos.
En el caso puntual de esta denuncia, todos los testimonios corresponden a militantes de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC) que fueron detenidos durante los años 1972 a 1983, y estuvieron recluidos en principio en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) de la Jefatura de Policía. Chargoñia solicita que se interrogue a Ricardo Medina Blanco, “ex Jefe de Sección ‘Gamma’ de la DNII” en el año 1980, según consta en documentos públicos. Algunas de las víctimas han podido identificar por diferentes vías a sus torturadores directos, no obstante, el carácter generalizado de las torturas responsabiliza también a otras personas; aquellas que por sus cargos en la cadena de poder sabían, autorizaban, avalaban o no impedían que las torturas se cometieran.
Consultado por Sala de Redacción, Chargoñia indicó que su “expectativa es que la justicia penal uruguaya advierta que los crímenes denunciados son calificados por el Derecho Internacional como crímenes de lesa humanidad, por ende imprescriptibles”. A su entender, “corresponde que sean investigados y se procese a sus responsables”.
Uruguay aprobó en junio de 2001 la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad a través de la ley 17.347, por lo que en caso de que efectivamente sean caratulados de esa forma no correría el plazo de prescripción del primero de noviembre próximo. Chargoñia argumenta en su denuncia que “persiguiendo a los responsables de estos delitos, cualquiera haya sido el tiempo transcurrido desde su comisión, Uruguay cumple con su parte de responsabilidad en la protección de la humanidad”.
Por otro lado, si la justicia ignora esta denuncia se estaría desoyendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman, donde claramente se insta al Estado a “desaplicar las normas de prescripción o cosa juzgada”.
A lo largo de tantos años de impunidad cabe la desconfianza de que finalmente se haga justicia. Parece que los torturadores, represores y otros delincuentes de la dictadura siempre encuentran recovecos y tretas legales para no pagar por sus delitos. Y por si fuera poco cuentan con el apoyo de una clase política, diestra y siniestra, que sigue sin revocar la ley de impunidad. Habrá que esperar, seguir esperando por un poquito de justicia.
Lucia Pedreira