Para el Partido Nacional, la reforma agraria propuesta por Wilson no sería viable en la actualidad

GAUCHITOS Y RANCHITOS

El programa de gobierno para las elecciones de 1971 del sector encabezado por el histórico líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate incluía una reforma agraria, que entre sus puntos clave tocaba el tema de la expropiación y redistribución de la tierra. Los diputados nacionalistas Javier García, Alberto Casas y Luis Lacalle Pou, consultados por Sala de Redacción, opinaron que el proyecto de reforma de Wilson era positivo, al redistribuir la tierra y brindar posibilidades a nuevos productores, evitando la migración del campo a la ciudad. Pero, al cumplirse 25 años de la muerte del líder blanco, ninguno consideró viable instrumentarlo.

La reforma agraria de Wilson proponía que el Estado expropiara el “exceso” de tierras de los propietarios de extensiones mayores a las 2.500 hectáreas. A su vez, se realizaría una redistribución de la tierra, buscando que todos los productores fueran propietarios. El principal objetivo de esta reforma sería lograr mayor y mejor producción agrícola nacional.

Entre otras cosas, se denunciaba la existencia de latifundios, y se proponía un “régimen justo de propiedad, tenencia y explotación de la tierra, basado en la equitativa distribución de la misma”. Se buscaba que todas aquellas personas aptas para trabajar la tierra pudieran ser propietarias, al igual que quienes contaban con propiedades muy pequeñas. La reforma pretendía favorecer a las pequeñas y medianas propiedades rurales, con asistencia económica y social; esta idea quedó plasmada en una frase que Wilson pronunció en la época de su exilio: “Cada gauchito con su ranchito”.

Además se promovía la capacitación técnica del empresario rural, incursionando en nuevas técnicas de producción, y estableciendo centros de investigación científica. Por otra parte, se pretendía fomentar y desarrollar el cooperativismo agropecuario, e impulsar el ahorro y la inversión en el medio. Y, entre otras cosas, se fijaban zonas de uso y manejo de suelos, y dependiendo de la zona se pagaban distintos montos.

El diputado Javier García cree que la propuesta de la reforma agraria fue revolucionaria. En cambio, el pre candidato a la Presidencia, Luis Lacalle Pou, expresó no estar de acuerdo con la idea de Wilson de expropiar tierras a propietarios con más de 2.500 hectáreas. Afirmó que le quitaría tierras al Estado y las utilizaría para generar colonias; a su vez dijo que hace un año hizo un pedido de informes para saber cuántas tierras tiene el Estado, y aún no le han contestado.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados, Alberto Casas, cree que la idea de Wilson Ferreira de una reforma agraria fue positiva, y expresó que alguien que proviene del ámbito agrario siempre ve con buenos ojos cualquier intento de distribución de tierra.

Por último, se preguntó a los entrevistados si sería posible aplicar una reforma agraria similar a la propuesta por Wilson Ferreira, en la actualidad. Para García, “el tema de la reforma agraria pasa porque paremos el proceso de migración del campo a las ciudades”. Según el legislador, debería abordarse en primera instancia el tema de la estructura productiva y la descentralización.

Lacalle Pou respondió que le gustaría que la reforma agraria no fuese tanto sobre el campo, sino sobre la vida agraria; “que lleguen las comunicaciones, que no se cierren escuelas rurales, que haya un médico rural en la vuelta, que se tenga acceso a una ambulancia, que tengan internet, que la señal de teléfono no se corte”.

En la actualidad

En los primeros días de abril ingresó al Parlamento un proyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo, que plantea la creación de un tributo que busca sustituir al ICIR (Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales), que fue declarado inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia. El ICIR creaba franjas impositivas que dependían de la cantidad de hectáreas a nombre de un titular; así, los propietarios de 2.000 a 5.000 hectáreas pagaban U$S8 por hectárea al año, entre 5.000 y 10.000 hectáreas pagaban U$S12, y más de 10.000 hectáreas debía pagar U$S16 dólares por hectárea al año. En primera instancia, lo recaudado por este impuesto se volcaría a la creación y optimización de la caminería rural.

Lacalle Pou afirmó que en vez de frenar la concentración de tierras, la ayudó. “El que tenía 2.001 hectáreas tenía que pagar impuesto y el que tenía 1.999 no, entonces la franja de gente que tenía 2.000 hectáreas terminaron vendiendo, y compró el gran hacendado; esto ayuda a la concentración de la tierra”. Agregó que el Estado tiene un ansia de cobrar impuestos, pero el error se encuentra en que no saben gestionar la recaudación, cuestión que el diputado Casas también aseveró en sus declaraciones: “lo que falla muchas veces es quién ejecuta los proyectos y las ideas, o los dineros presupuestados”.

El diputado Lacalle Pou también está de acuerdo con la creación de cooperativas y sociedades anónimas agrarias, de forma que ayuden a personas con escaso capital a participar de la actividad agropecuaria, coincidiendo con el pensamiento wilsonista sobre la reforma agraria; a su vez, planteó que éstas deben ser sometidas a un fuerte control: “te doy un pedazo de tierra, tiene 20 hectáreas de cordero pesado, y te voy a controlar si lo limpias, si lo cuidas, porque al fin y al cabo sino, no te lo mereces”.

El nuevo tributo sustitutivo al ICIR establece un impuesto de entre 1,5% y 3% del patrimonio rural para aquellos cuyos activos superen los 12 millones de UI –Unidades Indexadas-. De igual forma, lo recaudado por este nuevo tributo sería destinado a infraestructura vial.

Según Casas, “en definitiva el propósito del ICIR era para arreglar la caminería rural, ahora este impuesto al patrimonio ya se ha desvirtuado, se ha votado entre medio la Universidad Tecnológica para el interior, entonces parte de los recursos van para eso”. A su vez hizo hincapié en que no sólo la caminería rural tiene que ser reconstruida, sino también las rutas nacionales.

Los entrevistados coincidieron en que actualmente los pequeños y medianos productores son familias, a los que el gobierno ve con malos ojos por ser empresarios. “Un productor puede ser una familia, es una estructura muy común; la mayoría de las empresas agropecuarias, salvo las grandes, son empresas familiares. El gobierno parece que tiene un problema ideológico con los empresarios, los ve a todos como avivados”, indicó Javier García.

Para los representantes del Partido Nacional, es necesaria una reforma agraria en Uruguay. Entienden que la reforma wilsonista fue revolucionaria para su momento, pero aseguran que con el pasar del tiempo y la evolución de la tecnología no sería viable aplicarla en la actualidad.

María José Bentancor / María José Valdez