Sindicato del INAU se prepara para las elecciones

TODOS EN CAMPAÑA

Joselo López. Foto: Javier Calvelo. la diaria.

En medio de la marea provocada por la denuncias de malos tratos en los centros de reclusión del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA), las declaraciones de las distintas corrientes sindicales no parecen hacer más que marcar perfilismos para las elecciones del Sindicato.

El 10, 11 y 12 de Junio se eligen los nuevos integrantes de la directiva del SUINAU y allí las listas 10, 20, 1886 y 917 definirán sus espacios de representación. No sólo se elige este espacio a nivel nacional, sino también las mesas departamentales y la mesa del SIRPA. En total son 5000 los trabajadores del INAU de los cuales 1340 están en la órbita del Sistema de Responsabilidad Penal.

Este año se suman tres listas que no están representadas actualmente en los órganos de definición. Estas nuevas alternativas son de ex dirigentes y allegados a la lista 10, algunos vinculados a la CAP-L, sector de Javier Salsamendi, director del INAU.

La lista 10, dirigida por José López, tiene una muy buena relación con el actual director del INAU. Algunos funcionarios aseguran que hay un arreglo entre las partes que implica un mayor control de la conflictividad, de los trabajadores y de directores de centros vinculados a esa lista. Incluso trabajadores tercerizados aseguran que los motines disminuyeron como parte de ese arreglo. Las autoridades plantean que esa baja en las fugas tuvo que ver con un aumento de infraestructura y del personal, consecuencia de un crecimiento del presupuesto destinado al SIRPA.

Respecto a los arreglos con la lista 10, por parte de las autoridades, también hay sospechas de que la directora del centro SER, Jessica Barrios, no ha sido removida aún de su cargo por su relación con la lista de José López. Es una de las explicaciones que se encuentran para que se haya mantenido este tiempo en el cargo, a pesar de las denuncias e investigaciones que hay en su contra por complicidad y maltrato a menores detenidos en el centro que ella dirige. A partir del lunes 19 de mayo, Jessica Barrios no concurre al centro. Según publicó la diaria, la asesora legal del SIRPA, Mónica Rodríguez, la educadora pidió licencia por las elecciones gremiales. Rodriguez agregó que los 40 días de alejamiento, fueron acordados con la directora antes de que las denuncias tomaran notoriedad pública.

Tras los informes de la INDHH, José López respaldó la gestión del SIRPA en la prensa. Insitió en la mejora de las condiciones laborales y salariales en comparación a las que vivían antes. Para el dirigente, no se destaca en los distintos medios las situaciones de violencia a las que se tienen que enfrentar los funcionarios del SIRPA con gurises “que no son nenes del Crandon”, según declaró en las últimas semanas.

La lista 20, dirigida por comunistas, ha sido siempre la oposición más fuerte de la 10, a pesar de que en versiones de prensa se ha dicho que “votan siempre juntos”. En esta corriente se ve una clara defensa de la gestión del nuevo SIRPA en el sentido de que hay, según ellos, “un cambio de paradigma desde el punitivo y estigmatizante, a otro nuevo por el que se está empezando a transitar, aunque no es fácil mover instituciones tan estancadas”.

Alicia Bello y Tatiana Antúnez, dirigentes de la lista 20, aseguraron estar en contra de cualquier situación de maltrato que se de en los centros del SIRPA, e incluso han denunciado algunas cuando tuvieron pruebas. En los casos que se denuncian por parte de la INDDHH, creen que no hay pruebas suficientes, por eso no han salido a respaldarlas. “Nosotros no decimos que esas cosas no pasen. Este es un sistema carcelario y el encierro ya es violento” aseguró Bello. Respecto al informe de la INDDHH, las dirigentes manifestaron su preocupación por la exclusión del Programa de Apoyo al Egreso en el análisis de la institución, por eso lo consideran “parcial”. Éste es el programa por el cual 340 jóvenes privados de libertad han salido de los centros mediante una práctica constante de trabajo, desde el año 2011. “Nosotros sacamos a los gurises de los centros. Eso es lo que debe primar y no se rescata” nos explicó Tatiana Antúnez.

La lista 1886, vinculada a los sectores de izquierda no electoral, en alianza con el Partido Comunista Revolucionario en las últimas elecciones del Sindicato, manifestó en Brecha su respaldo a la INDDHH. Sacó una declaración propia, luego de haberse negado a sacar una de consenso con su sindicato, en la que además de dar el apoyo a la institución, respalda las denuncias de los familiares y expone a las otras listas del sindicato por su complicidad.

En la declaración también se expresan las situaciones que viven los funcionarios del INAU que se animan a denunciar los casos que ven o que saben que suceden.

El planteo de persecución a quienes denuncian es reiterado en distintos ámbitos. “Cuando se denuncia pasás peor vos y el chiquilín que el denunciado”, asegura un funcionario, y su relato coincide con el de todos los que han pasado por eso.

Esto fue confirmado por Luis Pedernera, abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay (IELSUR), quien contó a SdR casos que él mismo llevó adelante. El ejemplo más claro es el de Fabián Tomé, joven que denunció el abuso por parte de un funcionario en el año 2012. Hizo la denuncia a otro funcionario, quien avisó a las autoridades. El trabajador que denunció el abuso fue separado del cargo después de un interrogatorio delante del educador acusado de violador. Hoy, quien denunció el caso Tomé no trabaja más en INAU. A Fabián lo cortaron, lo violaron dentro del centro y hoy está muerto, según consta en los escritos judiciales.

Las diferentes listas parecen manifestar grados distintos de interés por los jóvenes con los que trabajan. Todas parecen tener visiones distintas sobre qué hacer y algunas no manifiestan claramente hacia dónde apuntan en la gestión del SIRPA. Hay quienes dicen que no tiene que existir, otros, que hay que gestionarlo distinto. También están las autoridades y los gestores defendiendo los avances. En el medio, los adolescentes privados de libertad, son carne de cañón en mecdio de las discusiones entre organizaciones y autoridades.

Gabriela Pasturino