Entrevista con el sociólogo Luis Eduardo Morás sobre los episodios de violencia denunciados en Sirpa

EDUCACIÓN, EDUCACIÓN, EDUCACIÓN

Luis Eduardo Morás. Foto: Pablo Nogueira. la diaria.

Las situaciones de maltrato en hogares del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), constituyen una realidad reiterada a lo largo de las décadas. Las denuncias representan la imposibilidad de la institución que tiene a su cargo la socialización de los adolescentes en conflicto con la ley, de lograr cumplir con el objetivo de reinsertarlos en la sociedad. Por un lado, centros de reclusión desbordados, con políticas que no cumplen con el objetivo fundamental que consiste en la aplicación de medidas socioeducativas establecidas por el Código de la Niñez y la Adolescencia; y por el otro, una campaña para bajar la edad de imputabilidad penal. ¿Hacia dónde vamos?

Sala de Redacción conversó con Luis Eduardo Morás, Doctor en Sociología, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República e investigador de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, con el fin de intentar comprender qué pasa en la sociedad cuando ocurren denuncias de violencia hacia menores infractores.

-Existen algunos centros de reclusión de menores considerados “modelo”, donde la detención se compensa con diversas actividades, talleres y charlas para lograr la reinserción en la sociedad, y por otro lado, hay una realidad opuesta en el Hogar Ser de Colonia Berro, donde se han denunciado episodios de violencia que atentan contra los Derechos Humanos. ¿Qué diferencia a estas instituciones?

-Hay falta de una mirada global, del conjunto de todo el sistema de privación de libertad de adolescentes. En cierta medida, cada uno de los hogares de la Colonia Berro tiene una lógica de funcionamiento distinta. Si esa lógica de funcionamiento diferenciada respondiera a los perfiles de los gurises, a los tipos de problemáticas, al nivel de desarrollo del proceso socioeducativo que ellos tienen, uno podría decir “bueno, es aceptable”. Lo que se presume, es que en realidad no hay una lógica, una planificación en todos los centros por igual. No hay proyectos educativos claramente definidos en un texto que permitan medir el nivel de impacto del trabajo que se desarrolla con los adolescentes a través de indicadores objetivos. En definitiva, el funcionamiento del sistema es bastante aleatorio y no podemos olvidar, como dice el penalista argentino Eugenio Zaffaroni,  que “la violencia es una parte intrínseca de las cárceles. No es una patología que aparezcan episodios de violencia, sino que la violencia es parte de la anatomía del sistema carcelario”.

-¿Cada institución tiene una normativa particular según la dirección que sea?

-Las direcciones de los distintos hogares tienen lógicas de funcionamiento que en cierta medida son independientes. Funcionan, incluso dentro de la Colonia Berro, con cierto antagonismo: “yo soy de tal hogar y tú de tal otro”, y no hay demasiada comunicación. El cambio de dirección de un establecimiento es un hecho importante porque en la medida en que no hay un proyecto educativo pedagógico común que no está escrito, cada director con su equipo técnico va tramitando la realidad cotidiana. Y eso no es una práctica buena ,y muchas veces hace que el Hogar Ser, que es el que recoge las mayores denuncias por violación de los Derechos Humanos y el trato inhumano a los adolescentes, termine siendo el depósito donde caen los peores casos, donde menos se trabaja cuando debería ser al revés. Aquellos más problemáticos deberían requerir una mayor dotación de recursos humanos capacitados para poder revertir los déficits que esos muchachos llevan al centro de privación de libertad.

-¿Cómo responde la sociedad frente a las denuncias sobre los episodios de violencia en los centros de reclusión, teniendo en cuenta de que se trata de menores y existe una campaña para bajar la edad de imputabilidad?

-A la sociedad le importa poco, no reconoce que se trata de un adolescente que en algún momento va a retornar a la sociedad. Hace dos meses, un informe de Sirpa decía que había 640 adolescentes privados de libertad y 1.320 funcionarios a cargo de ellos. Hay que sumar todos los gastos adicionales: funcionarios, educadores, talleres, traslados, etcétera. Es un sistema muy costoso que no logra cumplir con el objetivo de que el adolescente salga en mejores condiciones con respecto a las que entró. A la sociedad no le interesa eso, le interesa que no se fuguen. Hay que tener en cuenta lo que dice el penalista argentino Roberto Gargarella: “De ninguna manera el dolor de las víctimas justifica el maltrato a los ofensores”. La garantía del estado liberal tiene que operar en sentido de que esa persona debe ser contemplada en sus derechos, en las garantías del debido proceso y en un trato humanitario porque básicamente, ese es el proceso civilizatorio de la sociedad occidental en los últimos dos siglos. No se trata de buscar sencillamente la venganza de provocar el mayor daño posible al ofensor, sino que lo que se trata es de recuperarlo en la sociedad. Creo que ese debate en la sociedad uruguaya no está presente, sino que se trata de que pasen lo peor posible, teniendo en cuenta el daño y el dolor que en algunos casos provocaron a la sociedad. En los hechos eso termina siendo una lógica sumamente perversa porque actualmente hablamos de una serie de problemáticas asociadas a las cárceles. Vemos en la prensa cotidianamente que hay ajustes de cuenta producto de situaciones internas en las cárceles, se habla de que se ha generado una cultura carcelaria que se está trasladando a los barrios y de los niveles de corrupción existentes por bienes y servicios dentro de las instituciones. Desde 1990 se están incrementando las figuras delictivas y las penas para las figuras existentes. Hemos logrado batir record a nivel mundial de las tasas de encarcelamiento en adultos y en adolescentes.

-¿Cómo se revierte? ¿Existe una posible solución?

-Las soluciones son complejas y no inmediatas de que se pueda revertir fácilmente la situación de inseguridad en el corto plazo, como propone, por ejemplo, la rebaja de la edad de imputabilidad penal. Hay una idea de que en octubre se apruebe un plebiscito y al otro día esté funcionando una institucionalidad, que no se sabe cuál es, donde en definitiva va a estar lo mismo que tenemos hoy, y que eso va a lograr que el lunes la sociedad uruguaya despierte mucho más segura. En el caso de los adolescentes hay un abanico de medidas no privativas de libertad mucho más económicas y que tienen un nivel de eficacia comprobada a nivel mundial y en los pocos intentos que se han desarrollado en Uruguay. Lo que se llaman medidas alternativas, por ejemplo: mecanismos de conciliación, de reparación, trabajo hacia la comunidad. Una serie de medidas que no implican la privación de libertad y logran un mayor impacto para resolver el conflicto social que se traduce en la violencia delictiva.

-Muchas veces, una vez cumplida su condena, el adolescente vuelve a delinquir y regresa a esas institución a pesar de haber experimentado lo que según las denuncias podrían catalogarse como nefastas ¿Qué encuentra el adolescente en el afuera?

-Es difícil cortar el vínculo con el mundo delictivo cuando la inmensa mayoría de los adolescentes que están recluidos por la Comisión de Infracciones son de los sectores más vulnerables de la sociedad. Eso ya impone un límite a la inserción social. Son jóvenes que generalmente han fracasado o han sido expulsados, tienen un gran nivel de frustración respecto a las posibilidades que se les puede llegar a brindar teóricamente pero que en los hechos no les brinda el sistema educativo. El mercado laboral, además, se cierra notoriamente, es muy difícil para un chico que vive en determinada zona y que tiene dificultades en el sistema educativo, ingresar al mercado formal de trabajo. Hay una serie de bloqueos que en el caso de los adolescentes que pasaron por el Sirpa se les dificulta muchísimo más la inserción en la vida social, conseguir un empleo, reinsertarse en el sistema educativo. A las dificultades naturales que tenía antes se le agrega el hecho de contar con antecedentes delictivos y no de trabajo. A eso se suma que en la sociedad hay un fuerte rechazo, no hay un espíritu tolerante, un sentimiento de darle una segunda oportunidad a aquél que se equivocó salvo algunas experiencias laborales puntuales de empresas que han mostrado un importante compromiso. Un dato del INJU dio un enfoque muy claro al respecto: casi el 80% de la primera experiencia laboral se realiza por redes de contacto, no se ingresa al mercado laboral a través de las acreditaciones educativas. Y estos chicos que viven en determinada zona de Montevideo: ¿cuál es su red de contacto? ¿Cuáles son los vínculos que poseen, los aprendizajes y enseñanzas? Obviamente que provienen de un sector de la economía informal, sectores que están en conflicto con la ley, de la ilegalidad. Por lo tanto, la posibilidad de reinsertarse y de que ese chico renuncie a lo que es el ámbito natural donde vive y tiene sus redes de contacto, sus apoyos afectivos y sus estrategias de sobrevivencia; se hace muy difícil cortar ese circuito, si la sociedad no tiene un espíritu más tolerante, o hay una mayor disposición de los organismos públicos, de las empresas y de toda la sociedad, con la responsabilidad de los medios de comunicación de dar una mirada compleja, más comprensiva e integral, tratando de buscar soluciones que realmente sean efectivas para quienes provienen de los sectores más carenciados de la sociedad.

-¿Qué papel juegan las familias de los adolescentes infractores?

-Muchos de ellos tienen familias desestructuradas que no han logrado contener las situaciones de violencia que ya se presentaron a lo largo de la vida de esos chicos. Otro producto perverso del desmesurado crecimiento del sistema carcelario en Uruguay, es que cada vez hay más niños que tienen familiares privados de libertad. De los 10.000 presos adultos que hay en el país, el 64% tienen hijos y ahí se genera un circuito de reproducción de la violencia porque muchos de esos niños, sin haber cometido ningún delito, sin estar presos, tampoco son libres, porque ya les cae un estigma de tener un familiar preso y por lo tanto, la vida comunitaria se le hace mucho más difícil. Hay que cortar ese circuito y la única forma de hacerlo es una mirada integral de los problemas con la integración de distintos agentes y actores de la sociedad uruguaya.

Cecilia García