El cine nacional fue exonerado del Valor de Copia Virtual

FINAL HOLLYWOODENSE

Durante la firma del Compromiso Audiovisual en la Torre Ejecutiva. Foto: MEC

El inicio. En una “aventura conjunta”, los principales sellos de Hollywood patentaron la emisión digital para controlar el circuito de exhibición comercial. El asunto se gestó con el traspaso del formato 35mm al digital: las mejoras tecnológicas y la posibilidad de obtener copias a menor costo inclinaron a productores y directores a adoptar la alta definición. El tiempo pasó y las productoras empezaron a exigir a los cines que renovaran sus equipos para trasmitir en digital, una acción que implicaba hacer grandes inversiones. Corría el año 2002 cuando las “majors” se reunieron y decidieron crear una alianza estratégica. Walt Disney Pictures, Fox Broadcasting Company, Sony Pictures Entertainment, Paramount Pictures, Warner Brothers y Universal Studios, crearon la Cinema Digital Initiatives (CDI), una “Joint venture” desde la cual tuvieron una genial idea: patentar el formato Cinema Digital Pakage (DCP), obteniendo los derechos mundiales en todo lo referente a la producción, distribución y exhibición digital (proyectores, equipos de producción y edición, la distribución satelital, etc.). La Metro-Goldwyn-Mayer no quiso quedar fuera del negocio y en 2005 se sumó a la aventura de la CDI.

Cuando las exhibidoras se vieron obligadas a adaptar sus salas para proyectar en digital surgió la idea desde la CDI de colaborar con el recambio tecnológico, ese mismo que ellas patentaron. Entendiendo que con la tecnología digital se iban a ahorrar el dinero de las costosas copias en celuloide, se propusieron financiar parte de la inversión de las salas pagando un monto fijo por cada película que estrenaran. La generosa acción de apoyar a las exhibidoras en el recambio devino en la creación del Virtual Print Fee (valor de copia virtual, VPF): una taza que ronda los 600 a 700 dólares, que pagaría cada película por exhibirse en una sala comercial. Para hacer efectivos los cobros se crearon unas empresas llamadas integradoras, que actuarían como mediadores entre las salas y los distribuidores, cobrando a unos y retribuyendo a otros.

El nudo. La conversión a lo digital comenzó hace tres años, primero en Estados Unidos, Europa y luego en América Latina. Varios laboratorios de revelado en celuloide ya han cerrado y muchos están entrando en quiebra. Se espera que el apagón del 35mm se produzca a fines de este año o a comienzos de 2015.

En Uruguay las tres cadenas más grandes ya se equiparon con los proyectores digitales, excepto dos o tres salas de Life. En el interior hay departamentos como Paysandú, Salto, Colonia que ya tienen la infraestructura. En muchos casos, el gobierno apoyó estas trasformaciones subvencionando las importaciones.

En mayo de este año el distribuidor Gabriel Massa, director de Buen Cine, recibió un mail de una integradora llamada Art Alliance explicándole que a partir de ahora debía pagar el VPF cada vez que quisiera estrenar una película en el circuito comercial: salas de Movie, Life y Grupo Cine. Para saber más detalles, Massa debía firmar un acuerdo de confidencialidad. Buen cine es una distruibuidora de películas en salas, videos home y dvd, que se dedica a la distribución de cine nacional y de cine de calidad, generalmente producciones independientes de cine europeo, asiático y latinoamericano.

La noticia alarmó a los distintos sectores de la industrial audiovisual nacional y el asunto entro rápidamente en la agenda del Compromiso Audiovisual, convocado por el ICAU, Locaciones Montevideana y la Asociación de productores del Uruguay. Se acordó suspender el cobro del VPF durante los meses que durara la negociación.

El antecedente regional más directo es Argentina, donde comenzó a regir el cobro del VPF en 2013 en varias salas del circuito comercial. Algunas tienen la negociación trancada debido a las dificultades de sacar divisas del país.

Al asunto se suma que, en Uruguay, las grandes exhibidoras comerciales, Life y Movie, representan algunos sellos de Hollywood y regionales, lo que las convierte en distribuidoras: Life distribuye 20th Century Fox, Diamond Films, Imagem Filmes, Energía Entusiasta y BD Cine y Movie distribuye Sony Pictures y Alfa Films – IDC. Además en ambos casos suelen representar sellos independientes, al igual que GrupoCine. En estos casos, el VPF lo pagarían por un lado y lo recibirían por el otro. Esta coyuntura provoca gran desventaja para las distribuidoras independientes como Buen Cine y para los productores que distribuyen sus propias películas.

La aparición del VPF es un elemento que haría aún más difícil la circulación de contenidos independientes de calidad. También haría daño a la diversidad de ofertas y de contenidos al público, porque dificulta estrenar películas que no sean de Hollywood. Desde el ICAU se entendió que la producción nacional está fuertemente subvencionada y no podía afrontar mayores inconvenientes, contó a Sala de Redacción su directora, Adriana González, y agregó que el gobierno debe “garantizar que los ciudadanos tengan acceso a contenidos diversos”.

El desenlace. Finalmente, durante la firma del Compromiso Audiovisual (ver nota En la mira), el ministro de Educación y Cultura Ricardo Ehrlich anunció que las exhibidoras comerciales Movie, Life y Grupocine -poseedoras de 61 salas en todo el país y representadas por el Centro Cinematográfico del Uruguay- se comprometían a exonerar a las películas nacionales, a un mínimo de tres películas independientes por distribuidor y a todas las películas enmarcadas en festivales de cine organizados por el Estado.

“Este acuerdo surge de la comprensión de las partes para promover el cine nacional e independiente en el mercado cinematográfico y preservar la diversidad de contenidos para la población uruguaya”, indica el documento resultante de una negociación en la que participaron el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Centro Cinematográfico del Uruguay, la Asociación de Productores y Realizadores del Uruguay (ASOPROD), Buen Cine, y el Instituto de Cine y Audiovisual del Uruguay (ICAU).

Lucía Santos