Los programas económicos de los principales candidatos

EL BOLSILLO ES DE TODOS

Mario Bergara, actual conductor de la política económica. Foto: presidencia.gub.uy

En tiempos electorales como los que estamos viviendo, sobresalen las críticas al gobierno actual, se escuchan planes desde la oposición y sobran las ideas y propuestas para mejorar el país, de hacer un Uruguay mejor.Salario, inversión, gasto público, inflación, tienen su cara y su contracara según sea la usina de las opiniones.
El Frente Amplio (FA), destaca que, desde que es gobierno, logró aumentar el Producto Bruto
Interno (PBI) de 13,7 miles de millones de dólares a 55,7 millones. Un aumento realmente significativo.
También se jacta de la reforma tributaria que comenzó a ejecutar en 2007, reforma que fue la más
grande que haya conocido el Uruguay y que implicó una revisión integral del sistema tributario,
suprimiendo 14 impuestos y reduciendo el peso de impuestos indirectos tales como el IVA, ya la vez que se
aumentaron los directos, bajo la impronta de “para que aporten los que más tienen”.
De cara al próximo periodo electoral, el FA promete distribuir la carga tributaria global, con el fin
de seguir avanzando en la reducción de impuestos para así favorecer a quienes más lo necesitan.
También planea elaborar un proyecto de ley que, se supone, dispondrá que el Impuesto a la Renta
de las Personas Físicas (IRPF), para aguinaldos y salarios vacacionales, se apliquede
manera separado al resto de las retribuciones, buscando generar una mejora en los ingresos de los
trabajadores. En materia de inversiones, el FA se propone mejorar mecanismos
que promocionen los emprendimientos que generan empleos de
mayor calidad, intentando aportar a la descentralización, haciendo énfasis en zonas de menor
desarrollo.
Un desafío que se plantea el FA para el próximo quinquenio, y que lo es para cualquiera sea el gobierno que asuma en marzo de 2015, es fortalecer la gestión pública evaluando la calidad de bienes y servicios
que se proporcionan, extendiendo el uso de indicadores de desempeño y de
compromiso con las gestiones respectivas. En su plan de gobierno, también promete que en caso
de lograr el tercer mandato, va a seguir desarrollando políticas de apoyo a pequeñas y medianas
empresas.
Un desafío para cualquier gobierno es poder tener el mayor control posible de la inflación.
Tabaré Vázquez ya ha declarado que en caso de volver a ponerse la banda presidencial, su
ministro de economía y finanzas va a ser nuevamente Astori. El FA considera que lo mejor es
seguir con las políticas económicas que han venido desarrollando desde esa cartera en materia
inflacionaria, buscando mantener el rango meta entre un 3% y un 7%, en un plazo de 18 meses.
Una de las propuestas de cambio surge del Partido Colorado (PC), que se
propone lograr un fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal, obtener un mejor manejo monetario,
mejorando así el tipo de cambio real, además de encausar la inflación. Mejorar aspectos de la
competitividad y buscar una mejor posición a nivel internacional para acceder a nuevos mercados, teniendo como único objetivo un mejor desarrollo de los intereses de nuestro país. Para esto, según el Partido Colorado es necesario lograr facilidades que permitan cerrar acuerdos bilaterales con mercados alternativos, buscando de mejor poder adquisitivo aquellos de mayor crecimiento. Así, procurará promover las buenas relaciones entre trabajadores y empresarios, removiendo obstáculos que afecten el clima de negocios, profesionalizando la gestión y desarrollando el emprendedurismo.

En la búsqueda de una mayor estabilidad macroeconómica, el PC propone bajar los números de la inflación, reduciendo ésta a niveles que no superen el 5%, mejorando así el poder adquisitivo y recomponiendo la competitividad. Esto irremediablemente pasará por un buen cuidado de los déficits. Se propone aplicar una regla de equilibrio fiscal estructural, generando condiciones para políticas contracíclicas. Se buscará mejorar la ley de participación público – privada, eliminando disposiciones que restringen su aplicación y utilización.

En el cuestionado tema de la calidad de los servicios del Estado, el PC se propone otorgar mayores potestades al Tribunal de Cuentas para un buen control de las llamadas empresas colaterales. Plantea profesionalizar los organismos reguladores favoreciendo la competencia y, sobre todo, la eficiencia en los mercados. Se procurará un camino para ir eliminando la burocracia que ha formado parte de nuestra idiosincrasia y nuestra identidad, eliminando tramites, controles, registros y demás, que generan costos sin sentido. El Partdido Colorado promete mejorar la calidad y el costo de los servicios, la calidad del gasto público, los niveles salariales, la profesionalización y la capacitación.

Una de las críticas que ha recibido el gobierno de José Mujica es la excesiva creación de cargos de confianza y de cargos públicos. Pedro Bordaberry propone, en su programa, restringir el ingreso de más funcionarios públicos, contar solamente con los que se necesiten para llevar a cabo el nuevo plan de gobierno. Buscará promover la participación de capital privado en la inversión pública, como, por  ejemplo de esto, la inversión de privados para construir cárceles.
En lo que refiere al sistema tributario, los colorados buscaran reducir la carga tributaria, a partir
del crecimiento de la economía, de una buena gestión y de una efectiva contención del gasto, buscando eliminar gradualmente el IRPF. Se eliminará el IRPF a las horas extras, alquileres urbanos con destino a vivienda, aumento de mínimos no imponibles (buscando el equivalente de $28,190), y exoneración a las rentas de trabajo de menores de 25 años.

También se habla en su programa económico, de exonerar del aporte patronal a las micro empresas cuyo dueño tenga hasta 25 años y 4 empleados bajo su cargo, reduciendo liquidaciones de impuesto, con la finalidad de simplificar los impuestos que afectan a las pequeñas y medianas empresas, (PYMES). En lo que refiere a las PYMES, se menciona la posibilidad de exoneraciones tributarias a las inversiones.
En lo que se refiere a la competitividad del país, Bordaberry y Coutinho se proponen colocar al
país del puesto 85 que se encuentra en la actualidad, al 45 en el año 2019, según el ranking de
competitividad del World Economic Forum; y del puesto 88 al 40, en el mismo año, en el ranking
de “Haciendo Negocios” del Banco Mundial. Para el cumpliento de éste objetivo, el PC señala
que se deben proteger los derechos del trabajador en lo que compete a todas sus actividades,
atendiendo cuestiones vinculadas a la seguridad y a la salud ocupacional, buscando acompañarla
con la estrategia de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del
Trabajo, creando entornos laborales de salud. Otro tema mencionado por el candidato colorado es de relacionar las mejoras salariales con lamejora de la productividad. No es menor y se debe mencionar, la propuesta de promover y proteger el trabajo de personas con discapacidad, aumentando el número de cupos dentro del sector público, y con exoneraciones en lo que refiere al sector privado.
Por su parte, el Partido Independiente (PI) sostiene que la economía de nuestro país es muy
pequeña y, por lo tanto, toma reglas internacionales; de ahí que es necesario saber con
exactitud cuáles son las normas que influyen en los intercambios, los estándares y las regulaciones
técnicas. Señala que se deben aprovechar las ventajas de ser un país pequeño, aprovechando las
oportunidades que el país tenga en resultados. El programa  del PI marca que el Uruguay al tener una
economía pequeña y abierta, debe orientar su desarrollo a la internacionalización; pero como
esto puede implicar volatilidad en los ingresos, el Estado está obligado a crear políticas públicas
de prevención que amortigüe los posibles efectos adversos.
Establece que se debe lograr una estabilidad macroeconómica, tanto en precios como en actividad, dado que esos son los pilares en los que se construye el desarrollo económico y social. Con estabilidad de precios, el PI se refiere puntualmente a niveles de inflación alineados (claro está, que por debajo del 8% actual), que son los que, según su criterio, el país debe lograr en términos de desempeño socioeconómico.
Algo interesante que señala el equipo económico del PI es que, si bien el país ha gozado de una bonanza económica, que se registra desde el año 2003 a 2013 (con un crecimiento que no ha tenido precedentes en el Uruguay, ya sea por su intensidad como por su duración) es una fase cíclica que está llegando a su final, aunque no necesariamente tiene que ser un final crítico. Señala que independientemente de cuál sea el partido de gobierno, éste se va a encontrar con un marco internacional más desafiante y adverso.

Estrictamente en materia macroeconómica, el PI sostiene que se debe establecer un mecanismo de rendición de cuentas del Banco Central con relación al cumplimiento de los objetivos de inflación y de la estabilidad financiera. También se habla de una desdolarización de la economía, dándole liquidez y profundidad al mercado secundario.
En lo que refiere a política fiscal, el programa comienza diciendo que se deben diseñar “mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la estabilización de la relación deuda/PBI”, dando a entender que en el actual gobierno del FA no ha habido estabilidad en ésta materia, y menos aún, transparencia. Se propone crear un Consejo (otro más) Asesor de Expertos Fiscales, que sea autónomo, para cumplir funciones, por ejemplo la evaluación del resultado fiscal cíclico y estructural.
Se propone revitalizar el proceso de anulación o reducción de impuestos ineficientes, eliminando gradualmente las exoneraciones de los tributos que permanezcan. Lo que busca el PI es crear una estructura de pocos tributos, de pocos impuestos, que tenga capacidad recaudatoria, además de una fácil fiscalización. También propone orientar el gasto público específicamente a políticas educativas, de salud, y de seguridad. Aunque también se propone complementar con políticas sociales, que estén enfocadas en objetivos concretos de sectores de la sociedad que se vean vulnerados, como pueden ser por ejemplo los niños y los adolescentes.

En lo que refiere a políticas salariales, el PI señala que es necesario hacer ajustes respondiendo al cambio en el entorno internacional, y señala que lo concerniente al salario real no se puede desvincular de la marcha de la productividad.
Algo que llama poderosamente la atención es la propuesta de revertir la ley de convenios colectivos aprobada recientemente. El PI sostiene que el Poder Ejecutivo, al perder la capacidad de homologar convenios, se ha quedado sin herramienta alguna para administrar e influir en la negociación salarial. El programa señala que “La estructura actual de la negociación colectiva está demostrando que es muy difícil incorporar la dimensión de la productividad en una perspectiva sectorial porque los indicadores sectoriales no reflejan adecuadamente la situación de las empresas”.
Por su parte, el principal rival de la oposición, Luis Lacalle Pou, en su llamada “agenda de gobierno”, como se ha dado en llamar al conjunto de propuestas del Partido Nacional(PN) en materia económica, expresa que por el momento no hay motivos de alarma, pero que es necesario el rol que cumple el Estado para estabilizar y dejar de ser una “economía de aceleración y freno”.

El PN sostiene que se debe desdolarizar la economía de modo que aumente la efectividad de la política monetaria cambiaria, así como lograr una absoluta autonomía del Banco Central con la finalidad de que no esté bajo presiones, aunque no explica cómo se conformaría su directorio.
Fortalecer el área de la defensa “para proteger los intereses de la sociedad”, realizando una fijación de precios, y la creación de políticas económicas coordinadas, que serán lideradas por el Banco Central.
Respecto a la política fiscal, en su agenda Lacalle se compromete a reducir el gasto publico superfluo, lograr una estabilización económica por medio de una vocación anticíclica, así como mejorar la gestión de las empresas públicas del país, que según considera el candidato, “necesitan mejores controles y un mayor alineamiento con el rumbo de la política económica”.
Todo esto supone un ahorro de 500 millones de dólares al año. Se hace referencia a la mejora de la calidad del gasto público, y al alivio de la presión fiscal. Se propone eliminar en un 100%  el impuesto al gasoil que se consume en las granjas, y avanzar hacia un presupuesto dual, que grave activos fijos según sean, o no, generadores de renta. Esta medida aspira a estimular la inversión.
En lo que refiere al IRPF, los blancos no proponen su eliminación, sino que se “aspira a introducir progresivamente mejoras que lo conviertan en un impuesto más inteligente y más justo”. Cuando se habla de política salarial, el programa del PN establece que la negociación colectiva serámantenida, pero que su funcionamiento se ajustará. Destaca la intervención del Estado, marcando que éste asegurará el alineamiento entre políticas monetarias y salariales. En lo que refiere a la política salarial del sector público, el programa señala que estará asociada a los esfuerzos de mejora de la gestión, que ”incluirán incentivos que premien la capacitación, el desempeño, y la responsabilidad de los resultados”.
Federico Correa