A treinta años del comienzo de la transición democrática

LA HERENCIA DEL CLUB NAVAL

El último domingo de noviembre, pero de 1984, se inició un proceso político quecon sus marchas y contramarchas, con sus luces y sombras, explica este presente. La transición a la democracia estuvo determinada por las movilizaciones populares de 1983 -el Primero de Mayo e los trabajadores, la Semana de la Primavera de los estudiantes, y el acto del Obelisco, de la Comisión Interpartidaria- la traicionada Concertación Nacional Programática, y el Pacto del Club Naval.

 

El "río de libertad", el punto de inflexión hacia la transición.

La temperatura de aquel 3 de agosto de 1984 sigue impregnada en testimonios y documentos sobre el encuentro, cuyos participantes lo denominaron como el inicio de “la transición democrática” y quienes quedaron por fuera como “el pacto Medina- Sanguinetti”. Para lograr la liberación de los presos políticos y acordar las elecciones nacionales, los representantes partidarios recurrieron a la frialdad de la política y en el Club Naval inauguraron el camino del silencio sobre violaciones a los derechos humanos cometidos su contraparte, los militares.

 

Las negociaciones para el retorno a la democracia habían comenzado un año antes en el Parque Hotel, hoy sede del Mercosur, con el Partido Colorado, el Partido Nacional y la Unión Cívica. En las reuniones, los militares quisieron imponerse respecto a las limitaciones de las libertades públicas, las medidas de excepción y el mantenimiento del estado de subversión. En ese contexto, Julio María Sanguinetti anunció la salida de los grupos políticos por “discrepancias insalvables” y por el “clima político” que se generó.

Al año siguiente, como una forma de acercamiento a los opositores de la dictadura y una respuesta al descontento popular, los militares liberaron a Líber Seregni. El 6 de julio comenzaron las reuniones para acordar las pautas de la vuelta a la democracia que se concretaron al mes siguiente. En las reuniones del Club Naval participaron Hugo Medina, comandante del Ejército; Manual Buadas, comandante de la Fuerza Aérea; y Rodolfo Invidio, comandante de la Armada Nacional, junto a representantes del Frente Amplio, José Pedro Cardoso y Juan Young; del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti y Enrique Tárigo; y de la Unión Cívica, Juan Vicente Chiarino y Humberto Ciganda. El Partido Nacional no accedió a negociar porque Wilson Ferreira había sido detenido al volver a Uruguay, y por reiterados ataques de los militares al diario La Democracia.

Los acuerdos a los que llegaron se expresaron en un acta denominada Las bases para la transacción o, según los militares, Acto Institucional N°19, donde se estipula la existencia de un Consejo de Seguridad Nacional para temas sobre soberanía territorial; la elección de los mandos militares por parte del presidente a partir de una lista propuesta por las Fuerzas Armadas; la instalación de una Asamblea General Constituyente para redactar una nueva constitución -mientras tanto seguiría vigente la de 1967-;  y el llamado a elecciones nacionales para el 25 de noviembre de 1984, con participación de todos los partidos políticos y pero políticos proscritos.

La presión popular

La dictadura militar sufría de falta de apoyo, lo cual obligó a los altos mandos a evaluar su continuidad. El plebiscito del año 1980 fue una señal de antipatía de la población para con el régimen, cuando el 57% de los ciudadanos rechazaron la reforma constitucional que presentaron los militares para legitimar su sistema de gobierno. La participación de las elecciones internas de los partidos políticos en 1982 también reflejaron el entusiasmo de la población por volver a la democracia cuando, sin la participación del Frente Amplio ,que llamó a votar en blanco en señal de protesta, los sectores con mayor adhesiones dentro del Partido Colorado y del Partido Nacional fueron los opositores al gobierno de facto.

La ciudadanía no solo apeló a las urnas para reivindicar el restablecimiento institucional sino que también inundó las calles con jornadas de cacerolazos y actos masivos. El 1° de mayo de 1983 el Plenario Intersindical de Trabajadores (P.I.T.) convocó a 100.000 personas frente al Palacio Legislativo; el Desfile de la Primavera, en setirmbre, agrupó a cerca de 80.000 jóvenes para manifestarse en contra del régimen; y a fines de noviembre se formó el Río de Libertad, acto masivo convocado por los partidos políticos y las organizaciones sociales para exigir la celebración de las elecciones para el años siguiente. Como consecuencia de esas movilizaciones populares, se creó, en noviembre de 1983, la Concertación Nacional Programática, integrada, con mayor o menor entusiasmo, por todos los partidos políticos, más Asceep, PIT, Serpaj, Fucvam, y las gremiales empresariales. (La CONAPRO fue desconocida por el gobierno electo).

El silencio de todos

Una mujer mira las fotos de los desaparecidos durante la última dictadura, en el Memorial de los Desaparecidos en Montevideo el 10 de diciembre de 2008, durante una manifestación en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Foto: AFP / Pablo PORCIUNCULA.

Hemos hablado sobre la situación de la prensa. Hemos hablado sobre la situación de los presos, tema muy importante, sobre el que nunca habíamos podido tener información correcta”, declaró Sanguinetti, según archivos del Canal 12, a la salida del encuentro donde se firmó el Pacto del Club Naval. También se negoció sobre las elecciones nacionales que se efectuaron con los líderes naturales proscriptos de cada partido: Líber Seregni del Frente Amplio, Wilson Ferreira Aldunate del Partido Nacional y Jorge Batlle del Partido Colorado. Si bien los partidos habían acordado no llegar a las elecciones con políticos proscriptos, el único que mantuvo la decisión fue el Partido NacionalWilson Ferreira envió una carta desde la cárcel en la que denunció un pacto secreto entre Medina y Sanguinetti, que supuestamente lo habían negociado meses atrás. Otra complicidad que existió fue que ninguna de las partes negociadoras se expresó en cuanto a la violación sistemática de los derechos humanos. Los militares aseguran que se pactó para que no fuesen juzgados al volver a la democracia, mientras que los políticos lo desmintieron.

Sin embargo, una de las consecuencias del pacto fue la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, votado por blancos, colorados y cívicos, con la oposición del Frente Amplio,que exime de toda responsabilidad los delitos cometidos por los militares durante el gobierno de facto ante el poder judicial. La Ley no pudo ser derogada con ninguno de los dos plebiscitos que se convocaron, 1989 y 2009. No obstante, fue invalidada por el Parlamento, con mayoría parlamentaria frentista, por la Ley Interpretativa de la Caducidad. Pero faltaba una última instancia: la Suprema Corte de Justicia calificó de inconst itujcional  la ley interpretativa, por lo que la ley de caducidad sigue vigente.

Con esta ley vigente, las denuncias sobre desidia del Poder Ejecutivo en la búsqueda de desaparecidos y el pedido del presidente José Mujica para otorgarle prisión domiciliaria a los violadores de los derechos humanos, parece que el silencio que nació en el Club Naval aún continúa y la frialdad de la clase política respecto al tema creció durante estos treinta años.

Sebastián Bustamante