La impunidad en la absolución de Ricardo Zabala por el asesinato de Julio Castro

RASGOS QUE DELATAN

Homenaje de maestros a Julio Castro en 2011, un día después del hallazgo de sus restos. AFP PHOTO/Pablo PORCIUNCULA

La Suprema Corte de Justicia por cuatro votos a uno decidió la absolución del policía retirado Ricardo Zabala, que había sido procesado en 2012 como cómplice del asesinato del maestro Julio Castro, ocurrido durante la dictadura militar en agosto de 1977. El integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Óscar Urtasun, dijo a SdR que lo ocurrido mantiene “los rasgos típicos” de otros casos de impunidad.

Con el voto en contra únicamente del ministro Ricardo Pérez Manrique, la Suprema Corte de Justicia confirmó este miércoles la absolución de Zabala, tras un fallo del Tribunal de Apelaciones de mayo 2014 que había revocado el procesamiento, ordenado inicialmente por el juez Juan Carlos Fernández Lecchini en marzo de 2012.

Según el fallo original, Zabala admitió haber secuestrado a Castro el 1° de agosto de 1977 y llevarlo a un centro de detención clandestino en la calle Millán, siendo el último testigo que vio con vida al maestro, quien integró la lista de personas desaparecidas en la dictadura hasta el hallazgo de sus restos en el Batallón N° 14 de Toledo en octubre de 2011. Por su accionar, el policía fue condenado como corresponsable del homicidio muy especialmente agravado de Castro.

El fallo de absolución se basa en lo sostenido por el Tribunal de Apelaciones, que condenó al militar José Gavazzo como coautor del homicidio de Castro y ordenó la liberación de Zabala, al entender que el policía detuvo al maestro sin violencia física y en la vía pública, descartando que haya sido un secuestro ordenado por las Fuerzas Conjuntas.

DONDE MÁS DUELE. Desde Paysandú, Ariel Castro, nieto del maestro asesinado por los militares, manifestó a SdR que “incluso penalmente hablando, el fallo no me convence, no es consistente”. Explicó que desde el suicidio en 2006 del ex coronel Juan Rodríguez Buratti, vinculado al caso por ser el jefe militar al que Zabala le entregó a Castro, el fallecido “ha pasado a ser el culpable de todo”.

Si no fue un secuestro ¿entonces qué fue?”, reclamó Ariel Castro y señaló que no hay lógica en la resolución de la Suprema Corte. Cuestionó que el policía absuelto entregara a un detenido político a un militar que había sido sucedido por Gavazzo como jefe del Servicio de Información y Defensa (SID). “Ni al Tribunal de Apelaciones ni a la Suprema Corte parece llamarle la atención que Ricardo Zabala entregara a mi abuelo a un responsable que en realidad no lo era”, se quejó Ariel Castro, refrendando las responsabilidades sobre el homicidio.

BRONCA REPETIDA. Urtasun señaló que su primer impacto tras conocer la absolución de Zabala fue de bronca, porque “en lugar de avanzar se va para atrás” en las causas de derechos humanos, manteniéndose “los rasgos típicos de la impunidad”.

En el caso de Zabala se cumplía con los elementos para considerarlo culpable de crímenes de lesa humanidad y estos cuatro lo liberan”, dijo en referencia al accionar de los ministros del Tribunal de Justicia. Señaló que no se puede seguir manejando la Justicia “a capricho” y lamentó que la impunidad ya sea parte de la cultura del Uruguay.

El integrante de Familiares remarcó que la liberación de Zabala debe ser tomada por la opinión pública como un desafío para despertarse. También remarcó que los delitos cometidos por el policía retirado “son imprescriptibles y no importa si están viejitos”, en alusión a dichos del ex presidente José Mujica cuando, al asumir, dijo que no quería tener presos viejos.

Consultado sobre la independencia de poderes en Uruguay, Urtasun expresó que existe “en la letra fría, pero en la interrelación entre lo político y lo jurídico cada uno responde a sus intereses”.

LETRA FRÍA. “No es un problema de derechos humanos, sino un problema estrictamente penal”, opinó consultado por SdR el abogado Martín Risso, especialista en derecho constitucional. Además, consideró que la Justicia uruguaya dio cumplimiento a la sentencia de febrero de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso Gelman, que establecía la “obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables”.

Sobre la eventualidad de abrir nuevamente la causa, Risso dijo que efectivamente es posible pero que tratándose de casos con tantos años es muy difícil encontrar nuevas pruebas. En este sentido, el integrante de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, Raúl Olivera, informó al diario El País que se analiza presentar el caso de Castro ante la CIDH.

Para la integrante de Plenario Memoria y Justicia, Irma Leites, el camino de la impunidad que atraviesa Uruguay viene siendo anunciado desde hace tiempo por el ministro Eleuterio Fernández Huidobro, y los presidentes Mujica y Tabaré Vázquez.

En diálogo con SdR recordó que en 2011 le realizaron un escrache a Zabala en la puerta del complejo de viviendas del barrio La Aguada, donde residía.

PARA NO OLVIDAR. Nacido en Florida, Julio Castro fue un maestro de dilatada trayectoria que llegó a ocupar un cargo en la UNESCO por su innovadora defensa y lucha por la enseñanza rural. También fue periodista e investigador, además de uno de los fundadores del semanario Marcha. A nivel sindical, militó en la Asociación Uruguaya de Magisterio y en la Asociación de Prensa del Uruguay, siendo en el plano político partícipe de los inicios del Frente Amplio.

Murió el 3 de agosto de 1977 a los 68 años, dos días después de haber sido detenido por la dictadura, por causa de las heridas provocadas en torturas durante los interrogatorios.

Producción periodística: Lorena Lavecchia