Son 48 comunidades originarias de Formosa las que acampan en Buenos Aires en reclamo de sus derechos

POR LAS TIERRAS ANCESTRALES

 

Marcha Nacional Indígena que llegó a la Plaza de Mayo en Buenos Aires luego de recorrer unos 2.000 km a través del país, como parte de las conmemoraciones por el bicentenario de la Independencia y para reclamar un estado multicultural que respete los derechos de los pueblos originarios. (Archivo, 2010). Foto: AFP / DANIEL GARCIA.

En la espada del mayor ícono cultural de la literatura hispana flamea la colorida Whipala, bandera de los pueblos originarios. Alrededor del negro monumento al Quijote ubicado en la plazoleta donde se cruzan Avenida de Mayo y la 9 de Julio irrumpe la concavidad flexible de las carpas entre la rígida arquitectura de los edificios del centro porteño. La tensión se explicita en las palabras de Cirilo Gómez, uno de los voceros del acampe: “Acá vivimos como prisioneros y tristes por los ruidos. Nosotros no estaríamos aquí si el gobierno escuchara nuestros reclamos”.

Cirilo ha llegado desde el departamento Patiño, en Formosa, y pertenece a una comunidad Wichí. Con trato amable, contó a Sala de Redacción que llevan más de dos meses acampando en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Se instalaron el 14 de febrero para defender sus derechos como pueblos indígenas: “En Argentina se están vendiendo las tierras a empresarios extranjeros que llegan a destruir los bosques que son nuestra vida, donde tenemos las medicinas, y no tienen vencimiento”, dice alzando la voz para hacerse oír sobre el ruido de los vehículos que transitan en la ciudad. Por eso es que quieren “trasmitir su preocupación a todos los amigos del mundo y pedirles apoyo para que el gobierno argentino intervenga y que esto no continúe pasando”.

El 22 de abril fue lanzada una bomba molotov contra el acampe que, afortunadamente, no causó daños humanos porque no fue bien encendida. Ese mismo día a la radio FM QOM de Formosa le robaron sus equipos y le cortaron sus cables, dejándola fuera de funcionamiento. Las comunidades responsabilizan por los ataques al gobierno provincial.

Raíz que brota

Ubicada al noreste del territorio argentino, en la frontera con Paraguay, la provincia de Formosa cuenta con aproximadamente 30 por ciento de población indígena. Existen 199 comunidades con presencia de las etnias Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé. En lo que va del siglo XXI, su territorio ha sido escenario de una intensificación de las luchas reivindicativas que los pueblos originarios del continente sostienen desde la llegada de los europeos hace más de 500 años.

El 23 y 24 de enero de 2015, en Portillo, departamento de Ramón Lista y provincia de Formosa, la comisión de indígenas autoconvocados de los pueblos Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé decidió darle una identidad a sus reuniones asamblearias de autodeterminación. Así nace QO.PI.WI.NI. – Lafwetes, organización de 48 comunidades indígenas del territorio provincial. Mientras la sigla se refiere a los mencionados cuatro pueblos que la integran, Lafwetes significa “raíz que brota”.

Esta organización a la vez que sostiene diferentes manifestaciones sobre rutas provinciales, en ocasiones con cortes, es la que convoca al acampe en Buenos Aires, instalado a mediados de febrero y a pocas cuadras de la Casa Rosada. El alarmante nivel al que ascienden la discriminación y la represión padecidas por los pueblos indígenas en Formosa ameritó que el 21 de abril de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictara una medida cautelar en favor de la seguridad de la comunidad qom La Primavera y la ratificara el 4 de diciembre de 2014, ante el pedido del Estado para que fuera levantada.

El historial represivo padecido por los indígenas es amplísimo. Según testimonios recogidos por SdR en el acampe, el pasado 24 de marzo, coincidiendo con el aniversario del último golpe cívico militar y el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el pueblo Wichí fue reprimido con balas de goma y plomo, golpes con ramas y cachiporras, mientras manifestaba al costado de la ruta nacional 81 -sin cortarla- en Ingeniero Juárez, Departamento Matacos, 460 quilómetros al oeste de la capital provincial. A Agustín Santillán (uno de los manifestantes) le sacaron luego una bala de goma del dedo con el que había protegido su cabeza, destino original del disparo. En su cuerpo recibió además otros cuatro impactos de bala. Esto sucedió mientras intentaba defender a una mujer mayor que era golpeada con ramas espinadas. Dos días más tarde, Reyes Torres, referente del barrio 50 Viviendas, perdió el ojo a causa de un disparo. La orden judicial de desalojo nunca fue mostrada. Estos incidentes se produjeron en jurisdicción federal -por tratarse de una ruta nacional- pero fueron llevados a cabo por la policía provincial.

Otro caso: el domingo 14 de abril, en un estrado del acampe de Buenos Aires, Viviano Luna de la comunidad wichí Colonia Muñiz de Las Lomitas, perteneciente al departamento Patiño en el centro del territorio provincial, contó lo que le transmitiera un “hermano” de su comunidad en un llamado telefónico la noche anterior. “Acá hay un accidente de un joven de 38 años tirado en asfalto de ruta 81 como media hora”. Cuando el joven llegó al hospital del centro estuvo media hora en terapia intensiva y fue trasladado al “hospital viejo”, donde no trabaja ningún médico: “Sólo hay un oscuro ahí dentro. El día siguiente a ese accidente le sacaron tripa, le sacaron lengua. Nosotros no somos pescados, somos humanos. Esos casos no es una primera vez. Han comprado riñón, corazón, estómago”. A causa de este tipo de vivencias, Luna cuenta que “es un gran temor ir al hospital hoy por hoy. Hay médicas que es muy racista contra los pueblos indígenas y una directora que no quiere saber nada a un hermano aborigen. Los niños desnutridos cuando derivaron a provincia de Formosa no vuelven nunca más. Cuando vuelvan están en cajón, muerto”. Y concluye: “La muerte… no queremos más”. (Su relato puede verse aquí).

Formosa es una de las provincias menos desarrolladas de Argentina, según consta en el documento “Argentina 2016. Política y Estrategia Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial” elaborado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. A su vez, es la de mayor nivel de necesidades básicas insatisfechas en hogares indígenas (74,9 por ciento, cuando el total nacional es de 14,3 por ciento), según datos del Marco de Planificación Nacional para Pueblos Indígenas que publican el Ministerio de Salud de la Nación y Ministerio del Interior y Transporte. Es gobernada ininterrumpidamente desde 1995 por Gildo Insfrán. De pasado menemista, duhaldista y habiendo apoyado a Rodríguez Saa, fue el primer gobernador provincial en manifestar públicamente su apoyo al ex presidente Néstor Kirchner.

Marcha Nacional Indígena por las calles de Buenos Aires. (Archivo, 2010). Foto: AFP / DANIEL GARCIA.

Garra del oso hormiguero. El acampe actual encuentra su antecedente inmediato a fines del año 2010, en un conflicto que tuvo una fuerte repercusión mediática. En aquel momento un campamento fue establecido en la misma esquina del centro de Buenos Aires por la comunidad qom Potae Napocna Navogoh “Garra del oso hormiguero, La Primavera”, en lengua qomleq-, liderada por Félix Díaz. La experiencia acumulada por esta comunidad ha sido de gran valor para las demás, constituyendo su lucha un caso paradigmático tanto en sus métodos como en sus reivindicaciones.

Según reflexiona la antropóloga Lorena Cardin en su publicación La comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) y el proceso de lucha por la restitución de su territorio* basada en el trabajo de campo etnográfico que realiza allí desde 2001, uno de sus diferenciales ha sido haber ubicado la disputa territorial en el centro de las reivindicaciones. Esto le ha valido la casi nula receptividad de los gobiernos nacional y provincial, y el fuerte arraigo de su lucha a la interna del pueblo, por la importancia que el territorio tiene para su cultura.

La Primavera cuenta con un reconocimiento territorial formal por parte del Estado desde 1940, que les adjudica a través de un decreto un territorio de 5.187 hectáreas, bastante menor del que habitaban como nómades antes de la llegada de los europeos al continente. Once años más tarde sus tierras se verían reducidas por la creación del Parque Nacional Río Pilcomayo, cuya superficie abarca el 60 por ciento del territorio reconocido a la comunidad, incluyendo su cementerio y la Laguna Blanca, vital para el abastecimiento alimentario de su población y de carácter sagrado, pues allí habita Veraic, señor de los peces en la cosmovisión qom. Los límites del parque son vigilados por guardias que solían reprimir a los indígenas que pretendían ingresar, situación que se modificó a raíz del conflicto: actualmente se permite que los indígenas visiten su cementerio.

En 1986 el gobierno provincial de Formosa entregó una escritura a un miembro de la comunidad, Cristino Sanabria, por un territorio mucho menor al adjudicado en 1940. Sanabria es nombrado presidente de la asociación civil que representó a la comunidad frente al gobierno provincial y mantuvo la escritura en secreto durante muchos años. El territorio adjudicado por la provincia excluía 2.042 hectáreas ocupadas por una familia criolla de apellido Celía. Como “compensación” se le daba a La Primavera una superficie conocida como El Triángulo, la cual está bajo jurisdicción del Parque Nacional Río Pilcomayo.

Pero el conflicto comenzó a hacerse explícito con la Ley de Emergencia Territorial –N° 26.160- aprobada en 2006, que exigía el relevamiento y catastro de las tierras pertenecientes a los pueblos originarios en todas las provincias de Argentina y la suspensión de los desalojos. Félix Díaz participó en las discusiones de elaboración de esta ley esperanzadora para la causa indígena. Sin embargo, el gobierno de Formosa fue uno de los que opuso mayor resistencia a su efectiva aplicación, llegando a firmar un acuerdo con el gobierno nacional –sin la presencia indígena exigida por la ley- estableciendo el respeto a “la mensura y el título oportunamente otorgado por la ley provincial N° 426”, en vigencia desde 1984. Esto implicaba que los territorios de muchas comunidades, entre ellos los de Potae Napocna Navogoh, no serían relevados.

Ofensiva originaria

A pesar de lo decepcionante de la aplicación de la ley, los liderados por Félix Díaz se sentían respaldados por su vigencia. Así que en el año 2008 decidieron comenzar con la recuperación de los territorios que les pertenecen según el decreto nacional de 1940. La primera ocupación la realizaron unas 20 familias que se instalaron en territorios que venían siendo utilizados por un criollo de apellido Church para pastoreo de ganado y siembra de cultivos. Si bien esas actividades en buena medida continúan, la recuperación del territorio tuvo éxito, por lo que decidieron nombrar a la zona Barrio Nuevo.

El siguiente paso fue actualizar la personería jurídica provincial, ya que las autoridades de la asociación civil La Primavera no llevaban al día la documentación exigida por sus estatutos. El 18 de junio de 2008 la comunidad se congrega para elegir presidente y comisión directiva de la asociación, cumpliendo trabajosamente con los requerimientos legales. Sin embargo, y a pesar de haber sido avisado con antelación, el gobierno provincial no envió a las autoridades fiscalizadoras correspondientes. Cuatro días más tarde dispuso la anulación del acto asambleario y el apercibimiento de los miembros de la comunidad.

Previendo esta maniobra, Félix Díaz había convocado a veedores nacionales y provinciales para que atestiguaran la transparencia de la elección, que arrojó como resultado su nombramiento como presidente con el 95 por ciento de los votos. Si bien el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas declaró inconstitucional la anulación de la elección, la provincia la sostuvo, manteniendo en sus cargos, hasta la actualidad, a las anteriores autoridades de la asociación civil.

En octubre de 2008 la comunidad intentó la segunda recuperación territorial. Se realizó en las tierras ocupadas por la familia criolla Celía, por parte de un grupo de familias que necesitaban tierras. Se llegó a levantar una casa para un anciano pastor. Sin embargo, al otro día la policía provincial llegaría para derribar la casa.

Cuando a los pocos días las familias qom vuelven para continuar con la recuperación territorial, fueron detenidos por un fuerte operativo policial. Se notificó a Díaz que la familia Celía había presentado una denuncia en su contra por “usurpar tierras privadas” y que la provincia había resuelto en 2007 gestionar la compra de parte de las tierras que le reconocían a dicha familia para la instalación un instituto de la Universidad Nacional de Formosa (UNAF). El predio cedido a la universidad ocuparía 600 hectáreas y sería para el dictado de tres tecnicaturas. Díaz fue detenido en la comisaría del pueblo Laguna Blanca y compelido a firmar un acta a cambio de su libertad, reconociendo que las tierras no le pertenecían a su comunidad sino a la familia Celía.

Al ver que las tierras eran alambradas y que comenzaban las obras para el instituto universitario –el primer paso fue el desmonte- la comunidad buscó aliados a nivel del gobierno nacional. Así es que Félix Díaz se presentó en febrero de 2009 ante distintos organismos nacionales en reclamo de sus territorios y de la aprobación de las elecciones de la asociación civil. Estas tratativas generaron que entre mayo y agosto se realizaran al menos siete viajes de funcionarios nacionales a la provincia, todos relacionados a la problemática de la comunidad.

El oficialismo cierra filas

Sin embargo, el apoyo del gobierno nacional cesaría ante la proximidad de las elecciones legislativas de agosto. Funcionarios con los que Díaz venía manteniendo contacto le comunicaron que los viajes se suspendían y los compromisos asumidos quedaban incumplidos a causa de presiones del gobierno provincial.

Ante ese panorama, en enero de 2010 la comunidad decidió retomar las ocupaciones. Díaz se instaló con su familia en el terreno de mayor conflictividad, donde otras familias indígenas eran hostigadas por la familia Celía. Desde allí decidieron ingresar al predio donde se realizaban las obras universitarias. A la noche siguiente la policía desalojó a unos 70 indígenas.

Mientras crecía la tensión en la zona, el actor Claudio Morgado, recientemente designado al frente del Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (INADI), se enteró de la situación y viajó a Formosa para reunirse con Díaz. Luego de escuchar sus relatos y los de los ancianos indígenas, Morgado ofreció a Díaz un puesto en la delegación provincial del INADI para darle cierta protección en tanto funcionario nacional y con el compromiso de que el pago por sus funciones se destinara a fortalecer a la comunidad. Mediante asamblea se resolvió que el cacique ocupara el cargo. En lo sucesivo este sería el único organismo nacional que apoyaría a La Primavera, cayendo en saco roto sus gestiones en otras instituciones tanto a nivel nacional como provincial, según declaraciones del propio Morgado.

Ya en funciones, Díaz se abocó a la organización de una capacitación sobre acceso de los pueblos originarios a la justicia, para hermanos de distintas comunidades indígenas. Se realizó una reunión en el monte, pues no lograron que se les cediera ningún espacio. Asistieron 200 caciques y el evento fue un éxito. Los indígenas pasaron a dominar las herramientas legales que los protegen –el convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, ratificado por Argentina, el artículo 75, inciso 17 de la constitución y la Ley de Emergencia Territorial, entre otras-.

Marcha Nacional Indígena en el Obelísco en Buenos Aires. (Archivo, 2010). Foto: AFP / DANIEL GARCIA.

Represión y repercusión pública

Cuando el gobierno provincial colocó un cartel de obra del instituto universitario, dando continuidad al proyecto, el conflicto se retomó. El 25 de julio la comunidad cortó la ruta nacional 86 en procura de evitar el ingreso al predio de los materiales de construcción. Inicialmente se instalaron unas 100 personas, pero a medida que el tiempo transcurría y nadie se acercaba al corte, el número fue creciendo y llegaron a levantar unas 20 viviendas para protegerse del frío.

Durante cuatro meses no hubo respuesta de ningún funcionario. Obtuvieron el apoyo de algunos pobladores de la zona, sobre todo religiosos católicos, de otras comunidades indígenas y de ONGs, mientras que padecieron ataques de otros sectores de la población. Hubo quienes impactaron con sus vehículos contra los troncos que oficiaban de vallas en las cabeceras del corte, amenazas de la policía instalada en el instituto que disparaba al aire por las noches, incendios de viviendas indígenas, disparos de criollos contra parientes de los manifestantes y hasta un grupo de niños golpeado y detenido por la policía.

Mientras tanto, el INADI convocó una mesa de trabajo junto a organizaciones como el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Defensor del Pueblo de la Nación y la Defensoría General de la Nación. Esta última resolvió asumir la representación legal de la comunidad, solicitando medidas cautelares, a las que la justicia hizo lugar, para que se detuvieran las obras universitarias y cesaran los hostigamientos hacia la comunidad.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el 23 de noviembre de 2010 el corte de ruta fue desalojado por la policía provincial. Ese día llegaron cientos de efectivos policiales en micros, camiones y a caballo. La represión dejó un amplio saldo de heridos y dos personas muertas: Roberto López, anciano de la comunidad, y Heber Falcón,  efectivo policial. La policía golpeó a ancianos y ancianas, jóvenes y adultos. Se dispararon balas de goma y de plomo y madres fueron trasladadas junto con sus hijos a la comisaría. Dos indígenas fueron hospitalizados en estado grave. A causa de las lesiones sufridas ese día y no atendidas, moriría el 28 de agosto de 2014 Martiniano Jara, luego de numerosos reclamos de la comunidad para que él y otras personas que aún padecen daños tuvieran atención sanitaria. Las ambulancias solo asistieron a los policías. Luego de oír órdenes policiales para que mataran a Díaz, un grupo de jóvenes rodeó al cacique y lo condujo hacia el monte, donde pudo refugiarse y se mantuvo oculto por un tiempo. También fueron robados muchos DNI de indígenas, que al día de hoy no han sido restituidos, y quemada documentación que la comunidad venía acumulando en relación a su causa.

Aún hoy algunos miembros de la comunidad enfrentan causas judiciales por los sucesos de la ruta 86. No hay imputados por parte de la policía ni del gobierno provincial. Tiempo después se filtró un video de los hechos filmado por la policía y supuestamente entregado por un efectivo arrepentido. El mismo se puede ver completo aquí.

Hacia el centro

La trascendencia de los hechos despertó la solidaridad de muchas organizaciones sociales. El 1° de diciembre de 2010 Díaz dio una conferencia de prensa en Buenos Aires organizada por Amnistía Internacional y el INADI, con presencia de medios de comunicación, organizaciones, artistas e intelectuales. El grupo oficialista Carta Abierta dirigió una solicitud a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que recibiera a la comunidad, que reclamaba la mediación del gobierno nacional en el conflicto.

Ante el silencio de la presidenta como única respuesta, la comunidad trasladó la medida de fuerza al centro de Buenos Aires, montando allí un campamento que se prolongaría hasta mayo de 2011. Luego de establecida una mesa de diálogo entre las partes y realizadas nuevamente elecciones en la comunidad –en las que Félix Díaz volvió a ser reelecto-, no hubo avances en cuanto a la restitución territorial.

En la audiencia pública citada en 2012 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el rector de la UNAF, Martín René Romano, dejó en claro que la Universidad no había solicitado específicamente esas tierras sino que les habían sido adjudicadas. Por su parte Julián Langevin, defensor oficial de la comunidad ante la Corte graficó la dimensión del predio cedido a la UNAF: “En ese territorio podrían ubicarse todas las universidades públicas y privadas del país, los institutos terciarios y la mitad de las universidades europeas, con lo cual pasaría a ser la universidad más grande del mundo en superficie”.

A su vez, el sistema mediático oficial montó una campaña de desprestigio de Díaz –twits presidenciales incluidos-, negando su legitimidad a través del testimonio de otros indígenas afines al gobierno de Formosa y catalogando a su movimiento como “los qom de Clarín”, puesto que el líder había concedido entrevistas a ese grupo mediático, entre otros. Es en este marco que el cacique vuelve a la carga, esta vez respaldado por 48 comunidades de su provincia y ampliando el alcance de la movilización, según declaró a SdR: “Nuestra intención es convocar líderes de pueblos de otras provincias, como los mapuches, los diaguitas, los kolla, los tonocoté, mocovíes, wichí, qom del chaco, Tapiete de Salta, Guaraní, ava guaraní de Jujuy, y ver qué postura dar frente a este gobierno”.

Leonardo Cardozo

* Lorena Cardin (2013). La comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) y el proceso de lucha por la restitución de su territorio. X Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.