Según ONG, falta de ginecólogos dispuestos a realizar abortos en el interior del país podría llevar a que el sistema “colapse”

EL COSTADO PERVERSO DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA

Foto: AFP / GENT SHKULLAKU.

GENT SHKULLAKU / AFP

Estamos encontrando que la objeción de conciencia empieza a aparecer como un problema” para la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), explicó a Sala de Redacción Lilián Abracinskas, directora de la ONG Mujer y Salud en Uruguay (MYSU). Si bien los datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) hablan de que 30% de profesionales ginecólogos utilizan la cláusula de objeción de conciencia para no realizar abortos, “cuando vamos viendo departamento por departamento los porcentajes distan mucho del promedio”, aseguró la activista.

De los 16 ginecólogos que ejercen su profesión en Paysandú, 14 se han declarado objetores ante la Ley de IVE, número que representa 81% de los profesionales del departamento. En Río Negro se constató que 43% son objetores de conciencia, mientras que en Soriano no se pudo acceder a la información exacta. Estos son datos de un estudio realizado por el Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de MYSU. En 2013 el estudio se hizo en Salto, único departamento del país en el que 100% de sus ginecólogos no realizan abortos, situación que llevó a que como solución momentánea, una médica de Montevideo viaje a Salto todas las semanas para atender las situaciones de IVE.
El artículo 11 de la ley IVE, establece que el médico ginecólogo y personal de salud que tenga objeciones de conciencia para la práctica de este procedimiento, puede manifestarlo ante las autoridades de las instituciones que pertenece, quedando exento de realizar abortos. Esta posibilidad llevó a que una cantidad mayor a la esperada manifestara su objeción ante la realización de abortos.
Pero según Abracinskas la objeción de conciencia no está suficientemente regulada o controlada, y
“no está claro el procedimiento porque aparentemente no hay un formulario donde el medico fundamente la razón y la constancia de la objeción, no hay un acto concreto ni tangible de la expresión de objeción”. En Paysandú por ejemplo, se detectó una profesional objetora en lo público pero que brinda la prestación en lo privado, cuando la ley establece que “la objeción de conciencia como su revocación, realizada ante una institución, determinará idéntica decisión respecto a todas las instituciones públicas o privadas en las que el profesional preste servicios”.
Para la ONG, también hay un déficit del MSP en su función de fiscalización de cumplimiento de la norma, porque “la información que recibe el ministerio es la que brindan las propias instituciones de salud, pero no hay equipos de inspección del propio MSP”. Las autoridades del nuevo gobierno ya fueron informadas por MYSU sobre la mala recopilación de datos y cómo eso impide un control adecuado.

Devolución de los resultados

MYSU realizó visitas con la devolución de resultados en los tres departamentos donde recabó los datos y en esas reuniones se presentaron médicos que habían objetado conciencia, y todos estuvieron de acuerdo con que la manera en que se está prestando el servicio es muy precaria. La tendencia demuestra que hay un aumento de la demanda de servicios de abortos, en 2013 el registro oficial fue de 6500 abortos legales y en 2014 fue de 8500. Pero “si la respuesta queda tan depositada en tan pocos profesionales, en un momento esto va a colapsar”, declaró la directora de MYSU.

Otra de las dificultades ocurre cuando la paciente tiene que ser trasladada, por ejemplo en Río Negro, donde en Young todos los ginecólogos son objetores y los casos de aborto tienen que ser derivados a Fray Bentos. En esos casos se plantea el problema de que los médicos no pueden hacer un seguimiento de la intervención porque la paciente regresa a su localidad. Esto deja al profesional con una sensación de haber realizado un procedimiento de baja calidad y poco control. Esta situación, junto al estigma que no se logra superar, parece reafirmar que esta práctica aprobada por la ley, continúa siendo cuestionable, lo que hace muy difícil convocar a profesionales a sumarse, según la entrevistada.

Al referirse al límite entre ginecólogo objetor y omisión de asistencia, Abracinskas aclaró que “en el caso de riesgo de salud en la mujer, si el servicio sólo tiene objetores de conciencia tienen que realizar el aborto de todas formas, porque no se puede poner en riesgo su vida”. Con respecto a los motivos de la objeción de conciencia, los médicos alegan “razones filosóficas y religiosas”, pero para la activista “las razones filosóficas son cuestionables”. “Yo puedo estar filosóficamente en contra de una ley, pero si la trasgredo me cae el peso de la misma, el límite entre objeción de conciencia y desobediencia civil se vuelve muy laxo. La objeción de conciencia debería reducirse a aquellos profesionales que por convicción religiosa realmente objeten”, consideró. Sin embargo, señaló que muchos profesionales alegan no tener formación al respecto y que les quita tiempo de su práctica profesional redituable, por lo tanto, antes de entrar en el pleito, objetan conciencia. Esto termina recargando a los médicos que sí realizan abortos y “los estigmatiza” porque terminan siendo “los aborteros”.

Miedo al ¨qué dirán¨

Para la realización del estudio, la organización hizo un relevamiento de información y entrevistas en profundidad a mujeres de distintas edades sobre sus percepciones sobre el tema. Como resultado se evidenció una falta de información sobre la ley y que la gente conoce poco acerca de la incorporación de los servicios de abortos en las instituciones públicas y mutuales. Por otro lado, se detectó una percepción de que no se preserva la confidencialidad de los motivos de consulta en los servicios de salud, que principalmente genera “el miedo a que se sepa”. “Al ser una conducta estigmatizada, al momento en que se hace pública pasa a ser una conducta discriminada. Muchas personas plantean que en el caso de enfrentarse a un embarazo no deseado, no se lo dirían a la familia ni a la comunidad, tratarían de no ir al servicio para que no se sepa o lo harían en un servicio privado o clandestino para que no quede el registro en la historia clínica”, declaró la directora de MYSU. Además, dijo que este tipo de situaciones contribuyen a que continúen los abortos clandestinos, porque “sigue siendo una práctica silenciosa, con miedo y por lo tanto vivida con mucha angustia y soledad¨.

Según Abracinskas, para revertir esta situación se debería trabajar en cambios culturales, derribando mitos, prejuicios y tabúes, además de trabajar en el concepto de derechos en el marco del respeto a la autonomía y la libertad de decisiones. Según la activista, eso debería hacerse de la mano con las ciencias sociales, políticas y culturales, y a través de campañas sobre derechos y libertades individuales. Además, sostuvo que se debería revisar la organización de los servicios, la distribución de los recursos humanos y la protocolización de las intervenciones. “Los servicios deben dejar de ser secretos, se debe hacer una mayor difusión de las prestaciones, qué incluyen, en qué horarios.Se deberían realizar campañas sobre promoción de derechos, trabajar sobre la autonomía, libertad y el libre albedrío de las personas al tomar decisiones en su intimidad sin ser sojuzgadas por eso, discriminadas o separadas de su comunidad. Buscar una solución a la relación inequitativa de poder entre el profesional de salud y el usuario, que lleva a la falta de denuncia ante malas praxis o actos de injerencia, que a su vez impide la detección de malos funcionamientos. El rol de los hombres es otro tema, sigue siendo un peso muy puesto sobre las espaldas de las mujeres”, indicó.
En resumen, para la entrevistada “hemos avanzado en la instalación de estas prestaciones en el Sistema Nacional Integrado de Salud, pero aún queda un largo camino por recorrer y con algunos nudos”.

Mercedes Cabrera