Ricardo Pérez Manrique, sobre la justicia y el caso Julio Castro

“AUNQUE NO SE QUIERA VER”

Pérez Manrique. Foto: María José Barragán.

Pérez Manrique. Foto: María José Barragán.

A casi 42 años del golpe de Estado, todavía se considera inocentes a quienes se vieron involucrados en delitos de lesa humanidad y se busca todo tipo de argumentos para defenderlas. El 22 de abril se sumó un hecho más, cuando fue confirmada la revocación del procesamiento al policía retirado Ricardo Zabala. En 2012 fue procesado por “cómplice de homicidio especialmente agravado” por el secuestro del maestro Julio Castro ocurrido en 1977, del cual el propio Zabala admitió ante la Justicia haber sido parte. El fallo fue votado a favor por cuatro votos contra uno. Ricardo Pérez Manrique, ministro de la Suprema Corte de Justicia, fue el único que expresó su desacuerdo con el fallo que deja al caso sin muchas posibilidades de volver a abrirse.

En diálogo con SdR, Pérez Manrique afirmó no creer en teorías conspirativas, debido a que en muchas ocasiones “por razones formales o de otro tipo se rechazó la ley de inconstitucionalidad y esos casos volvieron a los juzgados y se siguieron tramitando”. Sin embargo, expresa que “el gran tema que podría quedar pendiente es que la Corte adopte una solución del cómputo de los casos de prescripción”. El ministro considera que hay datos de contexto que no pueden ser ignorados porque aportan información fundamental y determinan el hecho. Dice al respecto que hay que tener en cuenta que se está hablando de “un contexto donde se procuraba la información a todo precio, mediante la tortura y los malos tratos” y “bastaba con que se mostrara una credencial, o a veces ni siquiera eso, para que la persona acatara inmediatamente la orden y siguiera, porque sabía que podía hasta perder la vida en caso de resistencia”. Estos hechos son contundentes. También lo son otros, como el ingreso de Zabala en 1977 a los Servicios de Información y Defensa (SID) -el mismo año que fue secuestrado y asesinado Castro- y su vuelta al puesto de ayudante de Brigada de Investigaciones de Narcóticos a poco menos de un mes de lo acontecido. Es mínimamente probable que estas fechas respondan a meras casualidades. Una de las justificaciones para votar a favor del fallo fue que Zabala estaba solamente cumpliendo con órdenes de un superior y que ignoraba lo que ocurría. Hay varios “elementos de sobra” a los que refiere Pérez Manrique para estar en contra y el fundamental es que Julio Castro “no fue llevado a un cuartel o a una dependencia policial. Fue llevado a un lugar donde se supone que era para hacer actividades encubiertas”.

Pero la resolución ha sido otra, más allá de que los hechos hablen y no se los haya oído. La importancia del contexto fue ignorada. El desconocimiento de un adolescente o incluso de un niño de lo que sucedía puede ser contemplado, pero la ignorancia de un miembro que se integra a un órgano no oficial –como el SID, creado en esa época  para accionar exclusivamente en función de los lineamientos de los altos mandos en la “guerra contra la sedición”- es imposible. Todos estos sucesos desembocan indefectiblemente en el cuestionamiento de la credibilidad de la Justicia, a lo que Pérez Manrique responde que “el tema clave parecería ser en este momento la prescripción y objetivamente, hasta ahora eso no está resuelto”. Además, alude a la carga de sensibilidad y a la cantidad de ámbitos que el hecho abarca en sí, ya sea el político, el moral o el jurídico. De ahí se desprende la gran repercusión del caso. Sin embargo “a veces hay actores importantes en la sociedad o en lo político, que tienen dificultades para entender y aceptar este rol, que es en realidad la defensa de la Constitución y la defensa de la ley”, refiriéndose al desempeño de la SCJ en general. También alude a evaluaciones internacionales del sistema de justicia en los cuales expresa que “Uruguay está en el lugar 29 en una encuesta de credibilidad y de independencia del Poder Judicial”, según la cual en América sólo está superado por Canadá. A pesar de reconocer que puede ser una información cuestionable, afirma que debe tenerse en cuenta. Entiende que a pesar de su desacuerdo con el fallo del caso Julio Castro, no es un hecho suficiente para poner en tela de juicio la credibilidad de toda la Justicia, considerando que todos sus colegas creen estar defendiendo la Constitución de la mejor manera posible. Para él la justicia uruguaya desempeña su rol debidamente. Pero en el caso particular de Julio Castro, por su gran trascendencia y lo que simboliza, se elevaron en respuesta al fallo muchas voces, no sólo la de familiares de Castro, sino las del PIT-CNT, Plenaria de Memoria y Justicia y las de tantas otras personas que no pertenecen a ninguna asociación. Todas, expresando no sólo su rabia e impotencia, sino también algo que es más grave: la creencia en la inexistencia de la Justicia, siendo ésta uno de los pilares en los que debe ampararse un Estado.

Yamila González