Funcionarios y autoridades de ASSE logran acuerdo tras el conflicto desatado por la fuga de dos pacientes judiciales

DESPUÉS DE LA FUGA

Durante el conflicto en el Vilardebó. Foto: Comisión Interna del Hospital Vilardebó

Los funcionarios del Hospital Vilardebó aceptaron la propuesta inicial de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), aunque manifiestan que continuarán con las movilizaciones y seguirán de cerca la evolución de las medidas propuestas.

Tras la fuga de dos pacientes judiciales, luego de amenazar con una “punta” a un funcionario de vigilancia, los trabajadores se declararon en conflicto. Realizaron concentraciones y cortes de calle diarios para manifestar su resistencia a seguir atendiendo a pacientes provenientes de cárceles.

A raíz de esta situación, el día jueves, representantes sindicales y autoridades de ASSE mantuvieron una reunión en la que se acordaron varios puntos. Entre ellos, se encuentra la vigilancia con agentes 222 en los pabellones donde se aloja a este tipo internos y agilizar el trámite con la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para su dinámico egreso. Se agenda además una reunión para el próximo martes con el Ministerio del Interior para acordar los traslados y se explicita la voluntad de esta cartera de comenzar la construcción en el establecimiento Compen (ex Comcar) de un Centro Asistencial Penitenciario, el que podría estar funcionando a finales de este año.

En charla con SdR Alicia Penen, secretaria general de la Comisión Interna de la institución, reveló que los pacientes que escaparon son los mismos que organizaron la fuga de 10 internos en febrero de este año. Uno de ellos antes de regresar asaltó un ómnibus de línea y apuñaló al chofer. Este acto es para los funcionarios clara evidencia del riesgo que corren ellos a diario.

En cuanto a la fuga, la dirigente explicó que el hospital tiene un servicio de vigilancia que está conformado por funcionarios, quienes no son policías ni portan armas. Ante la amenaza física “no se pueden resistir, no van a arriesgar su vida. Si se quieren escapar se van”, subrayó.

La salas 16 y 11 son las destinadas a pacientes judiciales, la primera aloja mujeres y la segunda hombres. En ellas se encuentran internados quienes cometieron delitos, tanto los inimputables, es decir aquellos que delinquieron a causa de una patología y no son juzgables en el sistema penal, como los imputables que fueron juzgados y encarcelados, pero en su privación de libertad tuvieron un episodio psiquiátrico que hizo que un juez los enviara al hospital.

El procedimiento para estos casos debería ser que el psiquiatra vea al paciente, lo estabilice y este vuelva al centro de reclusión en unos pocos días. Pero Penen relató que este proceso no es ni fácil ni rápido: cuando el interno está en condiciones de irse, se le informa al juez, quien debe mandar a un perito a constatar el alta médica. La coordinación de la visita demora un promedio de 2 meses, pero por diferentes razones administrativas, el egreso puede tardar entre 6 meses y 1 año.

Toda esta situación pone de manifiesto reclamos que tienen años para quienes trabajan en este nosocomio. Entre ellas la construcción de un hospital penitenciario que tenga un ala de psiquiatría donde se atienda a este tipo de pacientes. La demanda empezó a tomar forma en la reunión del pasado jueves.

“Los enfermeros y funcionarios que trabajan en estas salas fueron capacitados para trabajar con pacientes psiquiátricos, no con presos, no tenemos la seguridad”, destacó Penen. La dirigente aclaró que el reclamo apunta solo a sacar del hospital a los imputables, ya que los presos judiciales inimputables cometieron la falta debido a una enfermedad y pueden ser rehabilitados: “es nuestra obligación atenderlos“, afirmó.

Daiana García