Subsidio ciudadano a energía eléctrica de empresas

AUTE NO CANTA PERO SE HACE ESCUCHAR

 

AUTE cuestiona la generacion privada de energía. Foto: ute.com.uy

Las tarifas de energía eléctrica de los hogares particulares son las que sustentan los beneficios a los grandes consumidores (empresas), reveló un informe elaborado por el sindicato de UTE (AUTE).

Mientras para los medianos y grandes consumidores la tarifa eléctrica constituye un 0,39 por ciento de sus ingresos, para los hogares representa el 4 por ciento. Es decir, diez veces más, como se asegura en las conclusiones del estudio hechas públicas por el sindicato a través de avisos y solicitadas en distintos medios.

En declaraciones a Radio Montecarlo, el dirigente de AUTE, Gabriel Soto, señaló que mientras en los últimos años el precio de las tarifas de las empresas ha ido en descenso, el de las tarifas residenciales ha llegado a aumentar hasta un 40 por ciento. El dirigente sindical agregó que un eventual ajuste de las tarifas del sector empresarial no afectaría su competitividad.

AUTE propone el aumento del precio del servicio que estos últimos abonan hoy, lo que permitiría la reducción de un 25 por ciento del costo en las tarifas residenciales.

Por su parte, Nelson Roselló, secretario interino del sindicato, declaró a SdR que la investigación fue realizada “basándose en las estadísticas y las leyes del propio Estado”. Por este motivo, el secretario interino destacó que “se trata de un estudio serio”. Las observaciones realizadas por AUTE se basan en un estudio llevado a cabo por la mesa directiva, para el que se contó con el asesoramiento de los economistas Pablo Messina y Martín Sanguinetti.

Roselló comentó que AUTE se planteó dos temas a investigar: tarifa y generación. Esta última se encuentra actualmente en manos de privados. Otro dato que AUTE se propuso descubrir a través de este relevamiento es por qué a UTE le resulta tan dificultoso invertir en el parque eólico.

Cortocircuito tarifario

Según el análisis histórico plasmado en el estudio, la actual estructura tarifaria de nuestro país es resultado de la “Ley de Electricidad” (Nº14.694) de 1977. La misma fue implementada durante la última dictadura y constituyó un instrumento desmonopolizador en contra de los intereses de UTE, permitiendo concesiones del servicio público de energía al sector privado y reestructurando el diseño tarifario, es decir que a la hora de determinar el precio de la energía eléctrica suministrada ya no serían tomadas en cuenta consideraciones de tipo social o jurídico del suscriptor. AUTE explica que los grandes consumidores no sólo son beneficiados a través del precio de la tarifa eléctrica sino que además gozan de exoneraciones tributarias y de otros beneficios como parte del fomento a la “eficiencia energética”.

Roselló señaló que mientras por parte del gobierno se considera la generación privada como de interés nacional, no ocurre lo mismo con la generación que lleva a cabo UTE como empresa estatal. Ejemplo de ello es que mientras UTE debe pagar todos los impuestos, el sector privado está exento de pagar algunos tributos. En palabras del secretario interino de AUTE, “UTE paga el IVA hasta por las porteras y los alambrados”.

El estudio no plantea soluciones mágicas ni caprichosas, y reconoce los problemas que podría acarrear un nivel tarifario por debajo de los costos de producción si el mismo se practicara durante períodos extendidos, como por ejemplo la afectación del suministro, generación, trasmisión y distribución de la energía eléctrica. El sindicato no ignora que una reducción excesiva de las tarifas de energía eléctrica podría perjudicar la concreción de los objetivos y metas de UTE como empresa pública.

AUTE agrega en el informe que mientras desde la década del ’90 la tarifa de los grandes consumidores ha llegado a reducirse a más de la mitad en términos reales, lo mismo no ocurrió con la tarifa residencial. En este sentido el sindicato afirma que a pesar de los aumentos diferenciales que a partir de 1997 pueden haber sido perjudiciales para los grandes consumidores, dichos aumentos están lejos de superar la reducción sostenida de la tarifa en términos reales de la que estos últimos se beneficiaron hasta 1996.

Generación pública vs generación privada

Otro de los puntos en los que el informe pone énfasis es la participación del sector privado en el denominado “mercado eléctrico”, es decir en la generación, producción y distribución de la energía eléctrica. Este involucramiento de los generadores privados y grandes consumidores fue resultado del fomento a la participación del capital privado a fin de captar la inversión extranjera, como forma de contrarrestar los intentos privatizadores de empresas públicas impulsados por el gobierno de Luis Alberto Lacalle, que el referéndum de 1992 impidió.

Según AUTE, la tendencia a favor del capital privado se mantiene vigente aún hoy cuando, siendo los parques eólicos un hecho, no siempre se aclara que los mismos se corresponden con grandes grupos económicos nacionales e internacionales. Asimismo el sindicato explica que mientras a los inversores privados además de exoneraciones fiscales se les concede facilidades en forma de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tramitados por el Estado uruguayo, las empresas públicas no cuentan con estas facilidades. O por lo menos no con la misma frecuencia que el sector privado. AUTE afirma que por lo tanto no se considera de interés nacional las inversiones estratégicas que UTE lleva a cabo o que prevé realizar, pero sí se le otorga ese estatus a los capitales privados. Esta estrategia sería el resultado de la apuesta a las energías renovables autóctonas fomentada por el plan de política energética de 2008, ratificada por el acuerdo multipartidario de 2010. La organización sindical opina que si bien este plan tuvo buenas intenciones, el mismo no fue instrumentado correctamente.

En suma, AUTE sostiene que de haberse modificado la lógica contable de las inversiones de las empresas públicas así como también el tope de endeudamiento, y de haber contado UTE con el mismo apoyo estatal brindado al sector privado, la empresa pública podría haber sido capaz de invertir en la transformación de la matriz energética. Por el contrario, en ocasiones UTE debe asumir la parte más costosa del negocio, por ejemplo haciéndose cargo de inversiones importantes como la central Punta del Tigre que posibilitó el aumento de la potencia eléctrica, así como también la instalación de motores en la Central Batlle a partir de 2009. El sindicato agrega que a menudo UTE debe afrontar la parte menos ventajosa del negocio, cediéndose la más rentable a los generadores de energía privados.

El informe de la empresa eléctrica estatal analiza también la situación del uso de energías alternativas en nuestro país y las perspectivas a futuro en esa materia, así como el impacto medioambiental resultante de las distintas formas de generación de energía. Sin embargo, el objetivo primordial del estudio llevado a cabo por la mesa directiva de AUTE con la asesoría de los dos economistas consiste en señalar la forma en que el Estado prioriza la asistencia al sector privado antes que al público (al menos en lo que a energía eléctrica se refiere), otorgándole al primero más concesiones, facilidades y exoneraciones tributarias que al segundo, lo que genera una disparidad entre las tarifas residenciales y las de los grandes consumidores.

Bruno Petrullo