El caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa hoy y la reconstrucción de los hechos del 26 de setiembre

YA PASARON 8 MESES

 

Francisco Ramírez Navas, sobreiviente de la noche del 26 de setembre, durante la marcha en Uruguay. Foto: SdR / Marina Bernaola

Aún ninguno de los estudiantes ha sido encontrado ni han sido condenados los responsables de la masacre que ocurrió esa noche. Mientras, la justicia insiste en cerrar el caso y en que los normalistas están muertos.

Los familiares se resisten a que esto suceda y han iniciado hace ya algunos meses una gira por varios países en busca de difusión y apoyo internacional, con el objetivo de evitar que se cierre definitivamente el caso. Con motivo de esta gira, tres familiares y un sobreviviente de la noche del 26 de setiembre en la que desaparecieron los normalistas recorren Argentina, Brasil y Uruguay, en lo que denominaron la Caravana 43 Sudamérica. La visita a Uruguay constó de una conferencia de prensa, una marcha hacia la embajada de México y una charla abierta en el Paraninfo.

En México hay 100.000 muertes y 30.000 desapariciones desde 2006 por las que no se ha condenado a nadie, así como también cientos de presos políticos. Muchos de los asesinatos o de las brutales represiones ocurridas en este país tienen como principal acusado al mismo gobierno. Es muy común que las represalias atenten contra poblaciones indígenas, campesinos o estudiantes. Es por esto que ni las organizaciones, ni los familiares, ni los compañeros de los 43 estudiantes creen que se trate de un hecho aislado.

Al principio los familiares creían que estaban arrestados en alguna dependencia. En México la represión a estudiantes es común y en general los detienen unas cuantas horas y los dejan libres. Pero el 26 de setiembre de 2014 fue diferente.

Desde entonces exigen la presencia con vida de los 43 estudiantes y justicia por los fallecidos. Denuncian al Estado como responsable, argumentando que esa noche hubo presencia de policía municipal, federal y militar, lo que demuestra para ellos que fue una acción planeada y autorizada por las jerarquías más altas. Reclaman que hasta la fecha no hay mandos políticos, militares o policiales presos. Tampoco los 22 policías señalados por los estudiantes esa noche.

Su objetivo con la caravana es sobre todo la difusión de lo sucedido. De esta manera invitan a “globalizar la lucha, ya que los gobiernos han globalizado el terrorismo”, así lo repiten una y otra vez cuando se les consulta acerca del objetivo de la caravana.

Hilda Legideño, madre de Jorge Tizapa, uno de los 43 normalistas desaparecidos. Foto: SdR / Carlos Díaz

El caso 26 de setiembre está “lleno de irregularidades“, expresó a SdR Hilda Legideño, madre de Jorge Tizapa, uno de los 43 normalistas desaparecidos. Hilda relata que a pocas semanas de ocurridos los hechos, el gobierno pretendió cerrar el caso tratando de argumentar por diferentes vías que los estudiantes estaban muertos. Los padres afirman que mientras ninguna versión científica lo compruebe seguirán buscando.

En el proceso judicial detuvieron a tres personas que declararon que fueron asesinados, pero no se brindó ninguna prueba. Tiempo después la justicia mexicana afirmó que varios huesos encontrados en fosas comunes pertenecían a los normalistas. Es en este momento que los familiares solicitaron el apoyo de peritos y forenses argentinos para analizar los restos: resultó que pertenecían en su mayoría a animales y que si bien había huesos humanos, no correspondían a los estudiantes.

Según lo afirma Legideño, el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) que se encuentra analizando el caso se reunió con esas tres personas y la información que se filtró es que fueron torturados para asumir la culpabilidad. Los familiares denuncian que el Estado ha puesto muchos obstáculos en el avance de esta causa, prueba de ello es que ha informado públicamente que no permitirá que los mandos militares sean interrogados por este motivo.

A mediados de febrero un grupo de padres se dirigió a Ginebra, Suiza, al Comité de Desapariciones Forzadas, que pertenece a la ONU. En esta instancia se expuso el tema y el gobierno dio su versión, donde afirmó estar agotando los recursos para encontrar a los normalistas. El Comité emitió la recomendación de continuar la búsqueda pero Legideño considera que no lo están haciendo.

Ella cuenta que desde el día en que desaparecieron los han buscado en iglesias, cuarteles, cárceles y casas abandonadas: “hemos recorrido todo Iguala“, relata. Incluso explica que hay un grupo de padres que se dedica específicamente a buscar en los lugares donde hay alguna pista de que pueden estar. Agrega que han sido duramente reprimidos en esta búsqueda.

Hoy están convencidos de que las pistas pueden aparecer investigando al gobierno de Guerrero y a los militares, pero saben que no se les va a permitir. Esta madre cuenta que el gobierno ha iniciado una política de dejar atrás lo sucedido, incluso les ha ofrecido plata, “nuestros hijos no valen ningún dinero”, resalta.

Legideño considera que como el Estado no pudo tapar lo que hizo, ha pretendido difamar a los estudiantes. Así lo demuestran dos versiones que circularon en prensa cuando sucedió la masacre. En primer lugar desmiente que hayan ido a boicotear un acto del alcalde de Iguala, porque había ocurrido mucho más temprano. Y niega también las versiones de que los responsables sean la delincuencia organizada y el narcotráfico: “en Guerrero sabemos cómo funciona el narcotráfico, de ser ellos los responsables ya habrían amenazado de muerte a nuestras familias por estarlos buscando“, afirma, y recuerda que según decenas de testigos quienes se llevaron a los 43 eran policías municipales.

A más de 8 meses, muchos de los padres que no son de Guerrero han vendido sus pertenencias y se han ido a vivir a la Normal para desde ahí unificar fuerzas. Desconocen el motivo por el que el gobierno realizó estos actos, pero se apegan a la versión de que la intención es desaparecer la escuela por la gran actividad gremial y de protesta que la caracteriza.

Luego de comenzar los reclamos por los 43, el Estado ha cortado todos los recursos a la escuela. Hoy se mantienen gracias a la colaboración de organizaciones y del pueblo en general. Las represiones han sido brutales siempre y peor aún desde el 26 de setiembre.

Según un comunicado de prensa de la Normal, cuando familiares y estudiantes se dirigían a la capital de Guerrero a una manifestación pacífica por esa causa el pasado miércoles, policías de los tres órdenes les bloquearon el paso, sin explicar los motivos, exigiendo revisar los ómnibus y a los manifestantes sin ninguna orden legal.

Ya que la orden no existía, los manifestantes insistieron en que los dejaran pasar en ejercicio de su libertad de expresión. Como respuesta, las autoridades los reprimieron duramente y lanzaron gases lacrimógenos. El saldo es de dos estudiantes heridos de gravedad quienes se encuentran hospitalizados.

Debido a esto, a las continuas represiones que sufren los normalistas y al caso 26 de setiembre, los estudiantes convocaron a no votar en las elecciones federales que se celebraron el domingo 7 de junio y han amenazado con cortar las carreteras para impedir el paso a quienes se dirijan a sufragar. Por este motivo la ciudad se encuentra cercada por impresionantes equipos militares.

Desde el miércoles 3 de este mes la escuela se encuentra rodeada de policías municipales, federales y militares. Los estudiantes han denunciado de manera pública que no se debe únicamente a su amenaza de impedir las elecciones federales, sino que buscan darle cierre definitivo a la Normal. En este sentido han declarado mantener la resistencia y han convocado a quienes se apeguen a la causa a defenderla del gobierno.

En el municipio de Tixtla, al que pertenecían los normalistas, se registraron grandes cantidades de votos anulados y varias urnas fueron tomadas o quemadas, con la intención de que las elecciones sean suprimidas en esa localidad, ya que si el 20 por ciento del material electoral se pierde es causal de anulación. Oficialmente el Instituto Nacional de Elecciones (INE), el órgano competente para tomar esta decisión, no se ha pronunciado al respecto, aunque los rumores de anulación han tomado fuerza en las últimas horas.

El 26 de setiembre

Durante la marcha en Uruguay. Foto: SdR / Marina Bernaola

Francisco Ramírez Navas es uno de los estudiantes que sobrevivió a esa noche, y cuenta que en la tarde del 26 de setiembre, tres ómnibus llenos de normalistas volvían de realizar en Huitzuco lo que denominan una “actividad de boteo”, que implica pedir en una esquina transitada colaboración económica a los conductores que pasan. Para volver a la Normal Rural tienen que atravesar la ciudad de Iguala, es allí donde tienen el primer enfrentamiento con la policía.

En pleno pasaje por esta ciudad llegaron efectivos municipales disparando a los ómnibus. Al terminar el tiroteo estudiantes bajaron a dialogar con las autoridades, logrando que los dejaran seguir rumbo a su centro de estudio.

Al llegar a la calle que lleva hacia la Normal, un móvil policial les bloqueó el paso. Algunos se bajaron a pedir que les permitieran seguir y al hacerlo varios efectivos policiales y patrulleros llegaron disparando hacia los normalistas. Uno de ellos recibió un impacto en la cabeza y actualmente se encuentra en estado vegetal, sin la atención médica necesaria ni ninguna ayuda por parte del Estado. Otro compañero fue herido en el brazo.

Mientras la balacera continuaba, otros efectivos se dirigieron a rodear el tercer ómnibus y bajaron a los 43 estudiantes que en el viajaban. Encañonándolos y a las patadas, fueron subiéndolos a los móviles policiales. Esa fue la última vez que verían a los 43 normalistas. Francisco relata con impotencia lo que sintió cuando se llevaban a sus compañeros: “no podíamos hacer nada porque delante nuestro seguían las balas.

Luego de llevarse a los 43 y dejando un saldo de dos heridos graves, los disparos se detuvieron. Los estudiantes solicitaron una ambulancia a los policías, mientras los municipales les proponían negociar: a cambio de solicitar asistencia médica, no serían responsabilizados por el tiroteo. Los estudiantes no accedieron y ante esa negativa la policía se retiró sin solicitar atención para los heridos.

A las pocas horas llegaron compañeros de la Normal en apoyo, organizaciones y medios de comunicación. A la media noche, ya pasadas casi 6 horas del primer enfrentamiento, los estudiantes decidieron realizar una rueda de prensa para comunicar a los medios lo que había sucedido y denunciar que había dos compañeros graves a causa del ataque de la policía municipal.

Al comenzar la rueda llegaron varias camionetas con efectivos policiales, disparando directamente a los estaban declarando y a los presentes. Allí fallecieron dos estudiantes de primer año.

Francisco relata que luego de esa balacera comenzaron a escapar de lo que describe como “una cacería humana muy brutal“, y es ahí que un estudiante de nombre Daniel recibió un impacto en la mandíbula. Corrieron con el herido a cuestas, en busca de refugio y atención médica. Luego de varias cuadras llegaron a una clínica donde se les negó la atención médica pero se les permite permanecer allí, aunque se comunicó a las autoridades militares de su presencia.

El ejército se hizo presente encañonando a los estudiantes, insultándolos y golpeándolos. Según los testimonios, portaban armas alemanas cuyo uso está prohibido contra civiles, y solo se pueden usar en guerra.

Colocaron al herido junto al resto, negándose a llamar a una ambulancia. Francisco relata que cuando les pedían ayuda médica respondían: “su compañero es ayotzinapo, que se aguante, ¿no tiene huevos?”. Para entonces Daniel no podía hablar a causa de la herida. A través de su celular les pedía a sus compañeros ayuda, les decía que no podía respirar, que se estaba desangrando. A pesar de eso no les permitieron pedir asistencia.

Luego los tiraron al piso, les quitaron billeteras y celulares. Cuando alguno sonaba los hacían contestar en altavoz, decir que estaban bien y que estaban huyendo. El hostigamiento en el hospital duró unas 3 horas. Antes de irse, los militares solicitaron atención médica y le dijeron a los estudiantes: “Nosotros ya nos vamos, lo que les pase es su responsabilidad, salven su pellejo como puedan”.

Luego de que la ambulancia se llevara al herido, el resto se fue de la clínica en busca de refugio. Después de 12 cuadras llegaron a una casa donde ya había otros compañeros en la misma situación. Ahí permanecieron 2 horas esperando a que se haga el día.

Al amanecer los llevaron a declarar a la Procuraduría General de la República (PGR), que es un órgano del Poder Ejecutivo Federal, el que nuclea tanto a los policías federales como a los peritos. Cerca del mediodía, mientras aun están prestando declaraciones, les informaron que han encontrado el cuerpo de uno de sus compañeros y que tienen que ir a reconocerlo. Los normalistas identificaron gracias a los tatuajes a Julio Cesar Mondragón, ya que al cadáver le habían arrancado la piel de la cara, le faltaban los ojos y tenía múltiples quemaduras en su cuerpo.

Posteriormente la PGR les solicitó que reconocieran a los municipales que participaron en el tiroteo. Ellos accedieron pero pidieron cubrirse la cara por protección. Señalaron a 22. Después de 8 meses siguen libres.

A las 10 de la noche del día 27 regresaron a la Normal. Para ese momento las familias ya estaban enteradas y esperaban ansiosos su llegada a la escuela. Los padres de 46 estudiantes no vieron llegar a sus hijos, 43 de ellos aún se encuentran desaparecidos y 3 fallecieron. También perdieron la vida en ese enfrentamiento otras 3 personas que estaban el en lugar, 2 estudiantes resultaron heridos de gravedad, son 25 las personas que salieron heridas ese día.

En la masacre de Iguala se atentó contra estudiantes que tenían entre 18 y 21 años. A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma que fue un crimen de lesa humanidad, el gobierno ha querido cerrar el caso en varias oportunidades y ha invitado al pueblo mexicano en varias instancias a olvidar y seguir.

Daiana García