Primera Cumbre Nacional de los Pueblos Indígenas de Argentina

LA CASA MUDA

Félix Díaz se presenta por decimoquinta vez en la Casa Rosada – Foto: RESISTENCIA QOM.

Blanca su piel, blanco en canas, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, acompaña la procesión de indígenas que marcha hacia la Casa Rosada a entregarle una declaración a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un fuerte operativo policial impide la entrada a la casa de gobierno. Se presentan distintos empleados enviados por el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández e imponen sus condiciones. “En clara actitud racista, llegaron a aceptar que sólo yo pasara a entregar el documento en representación de los Pueblos Originarios, mientras que el ingreso del resto no estaba permitido. Algo que por supuesto no acepté”, contaría Pérez Esquivel días más tarde en su web.

De todas partes vienen

Líderes de 25 pueblos originarios provenientes de 17 provincias de Argentina se reunieron en la primera Cumbre Nacional de los Pueblos Indígenas. El encuentro tuvo lugar los días 27, 28 y 29 de mayo en la Iglesia de la Santa Cruz de Buenos Aires, el mismo sitio donde se hicieron las primeras reuniones de Madres de desaparecidos durante la última dictadura.

La iniciativa surgió de la organización de pueblos indígenas de Formosa QOPIWINI Lafwetes, que el 14 de junio cumplió los cuatro meses de acampe en el centro de Buenos Aires en defensa de sus derechos (véase Por las tierras ancestrales). Contó con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, como Servicio Paz y Justicia y referentes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, además de colectivos que organizaron eventos para recaudar fondos destinados a pagar pasajes para los participantes. También hubo presencia de representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la mayor organización indígena a nivel continental.

En el encuentro se conformó el Parlamento Nacional Indígena y funcionaron diez grupos de trabajo. Algunos de los temas abordados fueron el modelo extractivista y sus consecuencias, la falta de atención sanitaria, el acceso al agua y su cuidado, la judicialización que recae sobre los luchadores originarios y el pleno respeto a sus derechos legales y constitucionales.

No es color de rosa

La entrega fallida de la declaración final de la cumbre constituyó la decimoquinta presentación de Félix Díaz, líder del pueblo qom, frente a la Casa Rosada. “Hace cinco años que repito esto. Cada año entregamos cuatro notas y en ningún momento hemos tenido respuesta”, le dijo a sus compañeros del acampe. “Me están matando. Me estoy muriendo enfrente de esa Casa Rosada, que debería ser la solución a los problemas que tenemos”. La declaración es un documento de cuatro páginas que resume la situación y las reivindicaciones de los pueblos indígenas de distintas zonas de Argentina. Denuncia la represión que las comunidades originarias padecen en todo el territorio por parte de policías, terratenientes y mercenarios, a la vez que afirma que están dispuestos a continuar la lucha por sus derechos y valores ancestrales.

Hay “un plan sistemático de judicializar nuestra resistencia y la protesta de nuestros luchadores que defienden la vida, nuestros territorios y la Madre Tierra”, reza el comunicado, y exige la derogación de la Ley Antiterrorista, que a partir de su aprobación en el año 2007 ha sido uno de los principales instrumentos de criminalización de la protesta social.

El texto se refiere a algunos casos específicos como el de Relmu Ñamku, una mujer de la comunidad mapuche Winkul Newen, provincia de Neuquén, “acusada de tentativa de homicidio por defender su territorio”, de la que se reclama su inmediato desprocesamiento. Esta comunidad también ha sufrido derrames de petróleo e intentos de desalojo por parte de la multinacional estadounidense Apache. En 2014 la empresa fue comprada por YPF, que dio continuidad a sus actividades petroleras.

La declaración también exige la consulta a los pueblos indígenas para cualquier proyecto “del llamado desarrollo” que los involucre o afecte, y su consentimiento previo, libre e informado como condición para ejecutar esas actividades. Estos derechos ya están consagrados en la legislación argentina. Actualmente el Congreso Nacional y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas analizan un Proyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena que aún no ha sido puesto a consulta de las comunidades.

Al acampe QOPIWINI le han cortado el suministro de agua potable, al menos desde el 7 de junio cuando los acampantes lo denunciaron por las redes sociales. La comunidad La Primavera de Formosa padece actualmente la inundación de sus territorios sin recibir ayuda. El silencio presidencial persiste. La campaña para que Cristina Fernández de Kirchner establezca un diálogo con las comunidades, también.

Leonardo Cardozo