La persecución a periodistas en México y el asesinato del fotógrafo Rubén Espinosa

UNA MUERTE ANUNCIADA

Durante una manifestación para demandar justicia por la muerte del fotoperiodista Ruben Espinosa. AFP PHOTO/HECTOR GUERRERO

“Señores diputados locales: hemos dejado de creer en las instituciones, demuéstrennos lo contrario”. Así cerraba su discurso el representante de los periodistas que irrumpieron en el Congreso de Veracruz, en reclamo de justicia por el homicidio de Rubén Espinosa.

Fue asesinado junto a cuatro mujeres en un apartamento en la capital mexicana; había decidido desde mediados de junio irse de Veracruz y refugiarse en México D.F por razones de seguridad personal, ya que había sido amenazado y perseguido en varias oportunidades, por distintas denuncias contra el gobierno local de Javier Duarte.

El fotoperiodista trabajaba para la revista Proceso y en la agencia Cuarto Oscuro en la ciudad de Veracruz, uno de los lugares más peligrosos para ejercer la profesión. Con su muerte, son 14 los periodistas asesinados en esa ciudad desde la asunción de Javier Duarte como jefe de gobierno en 2010. Además, en ese mismo período desaparecieron cuatro colegas, 17 se autoexiliaron por razones de seguridad y centenas fueron agredidos por representantes del gobierno.

En febrero de 2014 la portada de Proceso lucia una foto tomada por Espinosa. En ella se veía a Javier Duarte con una gorra de policía junto al titulo: ”Veracruz, Estado sin ley”. En su interior, un reportaje acerca de los asesinatos a periodistas en esa ciudad, acusando severamente al gobierno local. Se dice que a partir de esa tapa Espinosa quedó en la mira.

Según relató en varias entrevistas desde el exilio, los últimos días en Veracruz fueron difíciles, lo vigilaban en la puerta de su casa, en bares, en el trabajo, lo seguían todo el tiempo, también en el ejercicio de su profesión. Había sido víctima en más de una oportunidad de las agresiones de las fuerzas públicas, siendo detenido y golpeado. Incluso en 2013 lo obligaron a formatear la memoria de su cámara, que contenía el registro del desalojo de maestros de la Plaza Lerdo en una manifestación.

El 31 de julio asesinaron junto a Espinosa a Nadia Vera, activista en Veracruz, que también estaba exiliada en la capital por razones de seguridad, Yesenia Quiroz, Mile Virginia Martín y Alejandra Negrete. Sobre las últimas tres la información oficial es escasa, tardaron 72 horas en dar sus nombres. Se sabe que Quiroz vivía junto a Vera en el apartamento donde las mataron, que Martín tenía nacionalidad colombiana y que Negrete era la empleada doméstica, en su segundo día de trabajo.

Los cadáveres presentaban signos de tortura y circularon versiones que afirmaban que las mujeres habían sido violadas. La causa de muerte fue para todos un disparo en la cabeza. El hostigamiento, las amenazas, la persecución y la tortura previa al asesinato, coinciden con el modus operandi de los 13 periodistas asesinados antes que Espinosa en Veracruz. Todos ellos bajo el gobierno de Duarte, a quien se le acusa de tener vínculos con el cártel delictivo de Los Zetas.

El pasado 30 de junio, Duarte se dirigía a los periodistas en un discurso público con frases como: “pórtense bien”, “sabemos quienes andan en malos pasos”, y “vamos a sacudir el árbol y van a caer muchas manzanas podridas”. Según él, este discurso estaba dirigido a periodistas que tuvieran vínculos con organizaciones delictivas, pero los trabajadores del gremio afirman que fue una amenaza pública, para todos aquellos vinculados a causas sociales o a las acusaciones contra su gobierno.

En las últimas horas la versión oficial de las investigaciones pretendió instalar que el móvil de los asesinatos fue un robo, lo que ha generado el repudio absoluto de las organizaciones que afirman que el ataque fue un delito contra la libertad de expresión. Irónicamente la policía lo niega sosteniendo que Espinosa no ejercía desde junio (fecha de su exilio).

Según las huellas tomadas en el apartamento donde ocurrió el asesinato, pudo ser capturado uno de los presuntos responsables. Daniel Pacheco Gutiérrez asumió la responsabilidad del caso y al parecer aportó información valiosa sobre sus dos cómplices. En este sentido se instaló el reclamo de que la investigación no se cierre con la culpabilidad de los tres individuos, sino que se investigue y responsabilice a quien dio la orden.

A la denuncia de hostigamiento a periodistas en Veracruz y en México en general, se le suma la muerte del fotógrafo Adrián Martínez López, periodista del diario veracruzano Presente, que fue encontrado ahorcado con signos de tortura el 4 de agosto. La semana siguiente, un fotógrafo de AVC Noticias (que no quiso dar su nombre por miedo a sufrir represalias) fue duramente golpeado por la seguridad de Duarte y Juan Santos, periodista de Televisa, cayó muerto en una balacera en un bar de Veracruz. Además, el diario Presente sufrió un ataque esa misma semana; en esa instancia hubo disparos contra las instalaciones y prendieron fuego a tres vehículos, propiedad de los integrantes del medio. Según informó el director, uno de sus periodistas fue amenazado de muerte por el gobierno local, y por razones evidentes no fue revelada su identidad.

Rara vez los periodistas asesinados cubren temas de narcotráfico; en general sus intereses están vinculados a las causas sociales, a la corrupción y a las omisiones estatales. Esa es una de las principales razones para que la población considere como principal sospechoso al gobierno, cuando los asesinan.

Según Reporteros Sin Fronteras, México es uno de los lugares más peligrosos para trabajar: desde 2000 alrededor de una centena de periodistas han sido asesinados, 25 se encuentran desaparecidos y si bien no hay cifras oficiales se calcula que son cientos los exiliados.

Daiana García