La defensa de Barneix retrasó “esto todo lo posible” expresó la jueza Mariana Mota tras el procesamiento con prisión a dos militares por la causa Aldo Perrini

A LAS PRUEBAS ME REMITO

Los generales Pedro Barneix (izquierda) y José Dalmao cuando aun no respondían por los asesinatos de Aldo Perrini y Nibia Sabalsagaray, respectivamente.

El general retirado Pedro Barneix se suicidó después de conocer el fallo de la jueza penal Beatriz Larrieux que lo condenaba, junto a José Puigvert, por la muerte de Aldo Perrini. Carmelitano y heladero de oficio, en febrero de 1974 Perrini fue detenido por efectivos militares y conducido al batallón de Infantería Nº 4 de Colonia. Allí, según la versión que figura en el certificado de defunción, Perrini murió por un “edema agudo pulmonar –debido a (o como consecuencia de) stress”. Cuatro décadas después la justicia determinó que el detenido se desvaneció tras ser sometido a torturas y falleció camino al Hospital Central de las Fuerzas Armadas.

La causa judicial fue iniciada antes de que, en 2013, la jueza Mariana Mota fuera trasladada de la órbita penal a la civil. Los coroneles Washington Perdomo y  José Baudean, ya fallecidos, integraban junto a Puigvert y Barneix la plana de militares citados por Mota a declarar en 2012 por la muerte de Perrini. Después de esto la jueza iba a emitir una sentencia que en términos “de pena y responsabilidad” iba a ser “exactamente la misma” a la que se conoció el miércoles pasado. Cuando contaba con todas las pruebas para emitir un fallo, la defensa de Barneix presentó un recurso de casación que demoró la sentencia, explicó la magistrada a Sala de Redacción. “No se hizo más nada en este tiempo, más que recursos y más recursos presentados por el abogado de Barneix para evitar llegar a lo que se llegó”, dijo.

“Yo los iba a procesar a los cuatro, al final terminó siendo sólo uno” continuó. La pena iba a ser la misma si se resolvía el caso tres años atrás, con una diferencia jurídica en el nombre del delito. “Yo tenía el procesamiento hecho por ‘homicidio muy especialmente agravado’, pero obviamente con las características de lesa humanidad”. La jueza Larrieux entendió que la muerte de Perrini fue un “homicidio político”. Fue en 2006 con la ley 18.026 que la figura de homicidio político, así como la de tortura y genocidio, fueron incorporadas a nuestro sistema jurídico. Mota explicó que al ser “una figura nueva” prefirió no aplicarla en su sentencia. “No la puedo retrotraer, por un tema de retroactividad de la ley, hasta la época de la muerte de Perrini”.

El presidente de la Asociación de ex presos políticos del Uruguay – Crysol, Gastón Grisoni, dijo a Sala de Redacción que el procesamiento de Barneix y Puigvert significó un “avance muy importante” que “refleja la larga lucha que llevaron adelante las víctimas directas y los familiares para que en este país haya justicia y verdad”. Sin embargo calificó a la demora de la sentencia como “lamentable”.

Por otra parte resaltó el rol de la justicia en este caso. “Fue en el marco de la actuación de la justicia que surgieron testigos y se encontraron pruebas materiales que permitieron identificar a quienes estuvieron involucrados directamente en la tortura y en el asesinato de Aldo Perrini”, remarcó. Grisoni calificó a la detención de Perrini como “arbitraria” porque “ni siquiera era un militante, un activo opositor al regimen sino que simplemente era un ciudadano que había votado una opción de izquierda en las elecciones del 71”.

Desde Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Nilo Patiño expresó que la sentencia era “una de las cosas que estaban pendientes” y que “era muy predecible por las pruebas que había”. “Es un paso adelante. En la medida que se vaya haciendo justicia, aunque sea tarde, no importa”, reflexionó.

Leonardo Herrera / Martina Lepra