La ley que busca despenalizar el aborto en Chile aún espera su aprobación

LEGISLAR PARA PROTEGER

 

Manifestación frente al Palacio Presidencial La Moneda en Santiago de Chile. Foto: MARTIN BERNETTI/ AFP PHOTO.

El aborto terapéutico fue legal en Chile por más de cincuenta años, hasta que la penalización absoluta se impuso en 1989, en el ocaso de la dictadura militar que terminó en 1990. Desde entonces, las penas para quienes abortan llegan hasta cinco años de cárcel.

Los sucesivos gobiernos democráticos no tocaron el tema hasta 2014; así se transitó una discusión sin precedentes por el camino de la despenalización del aborto. Fue mediante tres causales: violación, inviabilidad fetal y riesgo de vida de la madre.

Para la presidenta chilena, Michelle Bachelet, este proyecto de ley es uno de los más importantes dentro de su agenda, siendo mucho más que una meta a cumplir dentro de las anunciadas durante su campaña. A esta altura, el tema ya es considerado de salud pública. De aprobarse, tarde o temprano marcará un antes y un después en la historia del país y en la vida de cientos de mujeres que, día a día, deben recurrir a la ilegalidad para cumplir con su voluntad de abortar y tomar los riesgos que eso conlleva.

Índices del continente

Casi el 95% de las latinoamericanas residen en países donde el aborto está prohibido o muy restringido. Chile es uno de los siete países del mundo que prohíbe el aborto en cualquier circunstancia. Pero eso no impide que la tasa de abortos en la región sobrepase al promedio mundial, solo convierte el procedimiento en inseguro y clandestino. En estos países, donde la legislación es restrictiva, los abortos se practican en condiciones de alto riesgo para las mujeres, lo que constituye un problema de salud pública y una forma de desigualdad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año hay en el mundo 21,6 millones de abortos inducidos, realizados en condiciones inseguras. En América Latina son cuatro millones y medio, de ellos 95% en forma clandestina, lo que ocasiona el 12% de los casos de mortalidad materna en la región.

En República Dominicana, desde 2010, la vida pasó a ser un derecho constitucional desde la concepción, pero allí se practican 90.000 al año y se interrumpe uno de cada cuatro embarazos. En Brasil, Guatemala, Panamá, Paraguay y Venezuela, el aborto se permite si corre peligro la vida de la madre, mientras en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Perú, se suma la preservación de la salud física de la madre. Colombia incorpora la salud mental.

La violación como recurso para permitir el aborto solo es legal en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Panamá. Colombia y Panamá suman además la malformación del feto, mientras que Brasil también lo faculta cuando carece de parte del cerebro.

Guatemala ejemplifica los efectos de la práctica clandestina. De las 75.000 mujeres que se practican anualmente un aborto allí, 21.500 deben ser hospitalizadas por mala praxis. En Argentina un tribunal debe avalar el aborto terapéutico, hay uno por cada dos embarazos a término. La práctica sólo es legal en Cuba y en nuestro país desde 2012, lo que trajo como resultado que el número de abortos clandestinos cayera notablemente, así como también la muerte de mujeres como resultado de ello.

La realidad concreta

En Chile se ha potenciado el tráfico de Misoprostol en los últimos años. Este medicamento es utilizado para la interrupción del embarazo; es vendido a un alto precio sin indicaciones médicas. Allí la frecuencia del aborto se mantuvo en los últimos diez años. Durante su primer gobierno, Bachelet autorizó la distribución gratuita del Levonogestrel, la píldora del día después, pero su entrega sigue subordinada a la conciencia de los alcaldes responsables de los centros primarios de salud pública. No disminuyeron los casos y tampoco hubo gran variación por edad: siguen siendo las mujeres de entre 25 y 34 años aquellas con tasas más altas de aborto.

El 21 de mayo de 2014, Bachelet presentó el proyecto de despenalización basado en los tres causales sugeridos por la ONU, poco tiempo después de asumir su segundo mandato. Desde la Nueva Mayoría, la coalición política que respalda a la presidenta, confiaban en que el proyecto vería su aprobación el pasado año. Desde entonces, han sido idas y vueltas del proyecto hasta el 31 de enero, cuando la mandataria lo presentó oficialmente en el parlamento.

Camila Maturana, abogada de la Corporación Humana, Centro de Estudios y Acción Política Feminista, dijo a SdR desde Chile que “el proyecto presentado a fines de enero por la presidenta Bachelet se encuentra en debate ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, desde abril. Durante meses recibieron decenas de invitados a favor y en contra de la iniciativa y el pasado 4 de agosto fue aprobada la idea de legislar por la comisión. A la fecha se encuentra pendiente la presentación de indicaciones al texto cuyo plazo es a fines de agosto que serán debatidas en septiembre”.

Muchos temen las consecuencias políticas del tema en ese país, donde más del 65% de la población se declara católica. En ese sentido, la iglesia junto a los estratos más conservadores han intentado frenar el proyecto por todos los medios posibles. Pero en el contexto político, Bachelet parece tener viento a favor, ya que tendría la mayoría para la aprobación del proyecto por parte del Poder Legislativo.

Según se establece en el proyecto, las mujeres que recurran a un aborto contemplado dentro de los tres causales, deberán tener el diagnóstico de dos médicos exceptuando una atención inmediata debido a riesgos con su salud por lo cual alcanzará con la opinión de un solo profesional.

Para Maturana, “el debate ha sido muy polémico. Incluso parlamentarios de la propia coalición de gobierno se han expresado en medios de comunicación contrarios a la causal de violación y cuestionando varios aspectos de la iniciativa así como los partidos de oposición. La realidad es que está siendo bien dura la discusión , no sabemos bien si se mantendrá la integridad del proyecto, es decir, con las tres causales”.

La discusión está planteada, aunque no parezca que se alcanzará pronto un acuerdo entre ambas cámaras. Lo cierto es que, de llegar a concretarse el proyecto como ley, no solo sería hacer historia, sino alcanzar un triunfo perseguido durante años por organizaciones y mujeres que vienen luchando para obtener alternativas del Estado frente a un problema social que las condena no solo con la cárcel, sino que las enfrenta a la muerte y la deshumanización.

Cecilia Aguiar