La reforma del proceso penal uruguayo se implementarà recién en 2019

MÁS VALE TARDE QUE NUNCA

 

El fiscal Carlos Negro (en primer plano) opina sobre la reforma del proceso penal. Foto: Cainfo

La última reforma del código del proceso penal uruguayo (CPP), presentada por el Poder Ejecutivo y sancionada por el Parlamento en diciembre de 2014, ya no entrará en vigencia en 2017. Por motivos económicos y falta de financiación fue pospuesta por dos años. Su implementación plantea varios desafíos para el sistema judicial y la cobertura periodística. Dentro de las variantes que introduce, se destaca que ya no será el juez quien lleve adelante la investigación, como ocurre actualmente, sino que este papel lo pasa a desempeñar el fiscal, quien además podrá iniciar y dirigir una investigación si lo considera necesario. También se encargaría de la atencion y proteccion de los testigos. La Policía pasa a depender de la Fiscalía.

El juez ya no podrá imponer la prisión preventiva; esta decisión la tomará el fiscal actuante. Actualmente, el 65% de los procesados con prisión no tiene condena. En esta lógica la detención preventiva debe ser la excepción y no la regla. Se pretende que esto ayude a disminuir la superpoblación de las cárceles. En Uruguay la única pena es la prisión, señala Carlos Negro, fiscal nacional en lo Penal).

Las audiencias serán orales y públicas, con presencia obligatoria del juez, el fiscal, y ambas partes con sus representantes legales. Si falta cualquiera de las partes, la audiencia se suspende. También se plantea la formación de funcionarios policiales especializados en materia judicial. Se cambia de un modelo tradicional inquisitivo, basado en la figura central y omnipotente de un juez, hacia un modelo acusatorio desde la fiscalía pública, ya presente en nuestra legislación, pero nunca implementado (vigente desde la constitución de 1830).

Esta reforma colocaría a nuestro país al nivel de las tendencias internacionales en materia de procesos penales. Sin embargo, de no cambiar esta situación a la brevedad, el Estado uruguayo sería pasible de nuevas sanciones y fallos negativos de organismos internacionales de derechos humanos, como ocurrió con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman. El fiscal Negro sostieneque nuestro sistema penal se remonta a un viejo sistema de origen monárquico del siglo XVII creado por el rey Felipe IV, encargado al Papa Clemente para obtener la confesión de sus enemigos, y que no ha tenido modificaciones sustantivas desde entonces. Con la peculiaridad de que todas las reformas del código procesal fueron hechas en dictadura, lo cual plantea la pregunta de por qué no se lo trató de modificar en democracia, algo que está ocurriendo lentamente y se sigue posponiendo.

Todo cambia en un sistema acusatorio, dice el doctor Negro: el fiscal va decidir y priorizar qué casos lleva a juicio; si el acusado confiesa, se puede hacer algún tipo de rebaja en la pena, optar por un juicio abreviado o una salida alternativa, formación de tribunales especializados, arreglos, mediaciones, etc. Se reserva la pena de prisión para casos importantes, “solo el 5% de los casos llevados al Juez por la policía tiene una respuesta o fallo penal”, aclara Negro. Se busca una mejora de la eficacia, saliendo del caso a caso y buscando las causas que hay detrás de los delitos; “no se agarra al que está arriba”, dice el fiscal. La reforma apunta a una mejor política criminal desde el ministerio público, que implica una mejor comunicación de sus actividades a la población. Por ejemplo, los peritos, jueces y demás operadores judiciales deberán explicar sus resultados directamente a la prensa.

Otra modificación novedosa es que en un sistema acusatorio, el juez, cuando llega al juicio, no conoce nada de lo que se va tratar, ni tampoco a las partes en litigio. No prejuzga, solo observa los argumentos de cada una de las partes y toma la decisión de acuerdo a eso. Se coloca en un mayor nivel de protagonismo a la víctima, que debe ser consultada sobre el proceso, sí está de acuerdo o no, incluso pudiendo incidir en las acciones a seguir.

Dentro de las interrogantes que plantea la nueva Ley, y que se deberán tener en cuenta en su implementación, destaca la ausencia de una infraestructura edilicia adecuada a las nuevos cambios de funcionamiento; por ejemplo en lo operativo,no está previstoauna división física de los lugares de circulación, de acuerdo a si se trata de víctimas, victimarios o testigos. Ni tampoco la mejora del equipamiento en recursos materiales y humanos de los fiscales encargados de llevar adelante su nuevo cometido. Se plantean dificultades complejas cuando se trata de delitos en donde las partes deben intercambiar acusaciones o testimonios de testigos. Por ejemplo, con la habilitación de la participación en las audiencias de público con intereses opuestos.

Entre las novedades, se promueve la implementación de penas alternativas a la prisión, y la mejora de las condiciones de reclusión en los centros de privación de libertad. Pretende impulsar la capacitación y formación continua de los funcionarios para disminuir la violencia intracarcelaria y adecuar las prácticas a los estándares internacionales. Según fuentes del sindicato único policial, los policías nunca fueron consultados ni convocados a participar en su formulación, a pesar de ser una figura clave en la implementación.

En cuanto al relacionamiento del sistema judicial con el periodismo, se plantean varias interrogantes. Por citar algunas: la propuesta de que los periodistas tengan que seguir las audiencias por una pantalla, en una sala adjunta y mediados por una transmisión oficial, plantea serios cuestionamientos a la libertad de prensa y al desarrollo adecuado de la tarea periodística. Dado que dicha transmisión es un recorte de la realidad que acontece dentro de la audiencia, se perderían muchos detalles importantes.

En este nuevo escenario, son más las incertidumbres que las certezas sobre cuál será el futuro del proceso penal uruguayo. Este atraso de dos años plantea muchas dudas sobre lo que pueda ocurrir durante el tiempo que demore su implementación, ya que estará supeditado al presupuesto económico y a la disponibilidad de recursos financieros. Esto es una muestra de la poca voluntad política del gobierno,para resolver rápidamente este tema.

Daniel Galán