Son reiteradas las denuncias de IELSUR sobre los centros de reclusión de menores

TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE

 

Luis Pedernera. Foto: Portal UdelaR.

Luis Pedernera, secretario y coordinador del Comité de Derechos del Niño en Uruguay e integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay (Ielsur),  en conversación con SdR reflexiona sobre las reiteradas denuncias que dejan al descubierto la situación que viven jóvenes infractores en los distintos centros de reclusión, evidenciando los abusos y torturas a los que son sometidos.

Pedernera entiende que sería injusto hacer generalidades, ya que como en todo rubro,hay quienes ejercen su oficio con empeño, velando por alcanzar la optimización de los recursos de manera correcta.  Pero la problemática que viven tanto funcionarios como adolescentes en los centros de reclusión nos remite a una situación actual. Esta historia es conocida y se repite año a año. Toma relevancia cuando se mediatiza, para luego  pasar a ser meramente un hecho noticioso. Por lo que, para que haya un cambio significativo, Pedernera estima que se debe realizar por parte del Estado una reforma y una reestructuración que implique mejoras en la infraestructura ,además de velar por una preparación de mayor calidad.

-¿Qué opinión le merece la situación que viven los jóvenes en los centros de reclusión?

-El fenómeno  de violencia se naturalizó en los últimos 20 años. Uno de ellos fue objeto de un amparo del Fiscal Viana en el 2008 a raíz de un Informe realizado por Ielsur. El informe expresaba que menores infractores habían sido sometidos a más de 20 horas de encierro con medicación psiquiátrica compulsiva para controlarlos. Durmiendo en el piso por problemas de hacinamiento, con cucarachas y ratas, realizando sus necesidades fisiológicas en botellas. Dependían de un funcionario mal llamado educador, que lo único que hacía era abrir y cerrar rejas, lo que en la jerga se lo conoce como llavero”.

Pedernera asegura: “Siempre sostuvimos que para la gestión de privación de libertad, no había un plan. Hasta ahora no sabemos si lo hay, hay nuevas autoridades, pero hasta la administración pasada no había un plan de gestión del encierro. La forma de distribución de los adolescentes a los centros es totalmente discrecional y arbitraria, no responde a ningún patrón de diagnóstico. El Inau tiene un centro de ingreso, estudio, derivación y diagnóstico ,que no cumple con la función. Vienen directores y eligen a dónde mandan a los adolescentes según quienes sean. El sistema funciona con prebendas, docilidad, premios y castigos. Un ejemplo,:a los menores que no ayudaban en Colonia Berro se los castigaba yendo al Centro Ser, de la misma colonia. Al contrario de lo que piensa la sociedad, en este lugar no estaban los más peligrosos, sino los que eran sancionados. Estas sanciones eran arbitrarias y podían aplicarse hasta por mirar supuestamente con mala cara al funcionario. Nosotros decimos que en la gestión de privación de libertad no hay un objetivo institucional claro y no hay mandatos para que se cumplan en los centros”.

-¿En qué consisten las visitas?

-En cada visita que los integrantes de Ielsur realizan, se hace un informe. Una de las preguntas de rutina es si hay un reglamento de convivencia y uno de sanciones, para que el adolescente sepa lo que constituye una falta y cual es la sanción. En la mayoría de los centros no encontramos un documento sobre sanciones, llegamos a constatar que las mismas eran aplicadas por cualquier funcionario. Los estándares internacionales indican qué sanción, debe ser aplicada por un director y que se tiene el derecho de que sea revisada por un órgano de contralor.

Las visitas son periódicas, la última fue en abril y se visitaron algunos centros. El entrevistado explica que se avisa el día anterior que se va a visitar el centro “Cuando vamos se siente un olor a cloro especial en las paredes”. Se dividen en grupo, son cerca de 20 personas. Cada uno cumple con un rol protocolizado con una pauta de entrevista a los adolescentes del centro, a funcionarios y a la dirección. Después se recorre el lugar realizando un relevamiento sobre la infraestructura.   El director aclara que en las visitas participan invitados del extranjero: “Hemos traído a Rosa Maria Ortiz, que en ese momento era Presidenta del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. A expertos de argentina, a periodistas de distintos medios y familiares de desaparecido en la dictadura. Intentando unir nuestras luchas, nosotros decimos ‘Ni la tortura de ayer, ni la tortura de hoy’”.

-¿Que hacen con los informes?

-Se presentan a las autoridades, presidencia del INAU, Gabriela Fulco y también lo usamos como argumentos para informar a órganos de tratados como el comité contra la tortura. El año pasado por ejemplo, cuando la Institución Nacional de Derechos Humanos da a conocer sus informes y son enviados al parlamento y la presidencia del SIRPA, lo negaran, Ielsur sacó un comunicado y publicó fotos que afirmaban que era cierto.

Persecución Laboral

Pedernera relata:“En 2012 la Asamblea Sindical suspendió la afiliación sindical a un grupo de trabajadores que denunciaron el abuso sexual a un adolescente, por parte de un funcionario de uno de los centros (actualmente cerrado). El menor cuenta la historia a un grupo de compañeros y después de llegar al oído de estos trabajadores, realizaron la denuncia. Se inició una pantomima de investigación por parte de la dirección de este centro. Incluso se entrevistó al abusado en presencia del abusador. FInalmente ,el funcionario es procesado con prisión en la cárcel del COMCAR. Luego de que el adolescente realizó la denuncia, le abrieron la cara con un corte, desde el labio hasta la oreja”.

-¿Supone que lo hizo un funcionario?

-No, pero entró un muchacho, que en la jerga tiene prebendas ,y lo atacó. Esto es debido a que el sistema tiende a tener estas perversiones y pasan cuando no hay un plan. Este tipo de prácticas son históricas en estos centros de reclusión. Este adolescente no fue el primero en ser abusado.

Pedernera afirma tener testimonios de que los funcionarios que denunciaron el abuso, no trabajan más allí. Debido a que recibieron distintas intimidaciones por lo que renunciaron o pidieron traslado a otras zonas del INAU.

-¿Cual es el criterio utilizado para sancionar a los adolescentes?

-El tipo de sanciones son variadas, la más usada es la confinación en celdas de aislamiento, calificado por el Relator (de Naciones Unidas) contra la tortura como trato cruel, inhumano y degradante. También se coarta el derecho a las llamadas y visitas familiares. De los tres minutos que tienen dos veces por semana para realizar llamada, se les corta al minuto. Medidas que están expresamente prohibidas por el código de la niñez y el adolescente. Además es alarmante que los menores vayan a clase una vez a la semana durante una hora.

-¿Hay falta de preparación en los funcionarios?

-En una primera tanda de ingreso que se hizo en en la administración pasada, bajaron los requisitos de ingreso de funcionarios a primaria completa. Ielsur entiende como mínimo, ciclo básico en algunas tareas y un grado de especialización en otras. La formación es importante, ya que trabajan con poblaciones de riesgo. Nosotros también denunciamos cómo ha sido el sistema de ingresos. En la administración pasada fue bastante complicada, muchos familiares  de los funcionaron entraron. Recibimos testimonios de personas con formación terciaria que se había presentado a los concursos , y entendían que lo único que le  interesaba al tribunal era llevarlos a una  situación de violencia extrema, donde tuvieran que usar y justificar el uso de la fuerza. Uno de los requisitos para uno alguno de los puestos era tener conocimiento de artes marciales. Igual ,tengo entendido que ahora se volvió a elevar el requisito de ingreso a ciclo básico completo.

-¿Qué piensa respecto a la legislación vigente?

-Es bueno que haya una separación entre el SIRPA y el Inau para que se de un filtro entre los funcionarios y que queden aquellos que puedan trabajar con estos adolescentes.

El entrevistado encuentra positivo el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento, de creación del Instituto Nacional de Construcción de Ciudadanía Adolescente (INCA): “Ahora está en discusión parlamentaria y apostamos a que se de algo nuevo que provoque un cambio, para que no sea solo un depósito de gurises donde se deteriora la gente”. Deja en claro que hay muchas cuestiones sobre las que hay que dialogar, debido a que el sistema termina enfermando a la gente. “En el periodo del  Padre Mateo se hablaba de que se había realizado un estudio por parte de la Cátedra de Salud Laboral de la Facultad de Medicina (Udelar), sobre el estado de de los funcionarios que en ese momento eran del SEMEJI y los datos que daban eran alarmantes. El sistema de turno de los funcionarios en la Colonia Berro es de 24 horas y luego liberan 48, esto hace que no haya una transmisión del cotidiano. Este sistema es defendido por el sindicato,cuando nosotros decíamos que hay que avanzar a un sistema de 8 horas con descansos claramente delimitados. Debido a que es una actividad de mucho desgaste. La cárcel termina muchas veces institucionalizándote y a veces tales prácticas, que afuera no son normales, se naturalizan en la ‘cultura’  del encierro”.

-¿La falta de presupuesto incide en esta problemática?

-No, el Parlamento votó 50 millones de dólares para llevar el SIRPA adelante y después hubo partidas adicionales también que se votaron. Lo que pasa es que se siguió construyendo en una lógica de cárcel de máxima seguridad. El eje de la política en temas de infracción adolescente tiene que estar en las penas no privativas de libertad, cumpliendo otro tipo de penas como trabajo comunitario, reparación del daño, libertad asistida, entre otras.

-¿Y en los casos extremos, como el asesinato?

-La privación de libertad se debe dejar para casos excepcionales para quienes cometen delitos de sangre, que son los menos, no llega a un 2% de los que están recluidos -según datos de la Suprema Corte de Justicia-. La mayoría está por delito contra la propiedad o rapiña.

Para Pedernera uno de los mayores problemas, es que se construyeron mega cárceles: “Tienen más cupos de lo necesario, un caso es la Colonia Berro. Además, los menores están recluidos la mayor parte del día en celdas de dos por dos, con un escritorio, cama, lava cara y sanitario, todo junto. Salen al patio una hora al día y después regresan. Pasan gran parte del tiempo gritando a los guardias para que los asistan, a lo que en la jerga se le conoce como ‘ladrar’”.

La familia de los menores llaman al centro CEPRILI “Guantanamito”, en referencia a la cárcel estadounidense de Cuba, conocida por sus torturas y violaciones a los derechos humanos.

-¿Cree que esta situación depende de gobierno de turno o es algo ya instaurado de forma implícita?

-Esta administración nueva nos dijo que no iban a tolerar la tortura y que iban a empezar un proceso de cambio. Y a partir de eso se empiezan a cometer motines, fugas, entonces hay que ser demasiado ingenuo para no ver que detrás hay otra cosa.  Además, a uno le llama la atención, que todo eso en el periodo pasado había desaparecido con una fuerte inyección de dinero para la materia de infraestructura”.

Además se sumarían otras irregularidades, como  el ingreso de trabajadores con modalidad de contrato precario de talleristas como médicos y abogados que nunca se cumplieron y en materia de convenios salariales “Han sido uno de los convenios de recuperación salarial de los mejores de la administración pública. Entonces, solo siendo un espectador, ya llama la atención que cuando esto se había minimizado, al mes de asumir nuevas autoridades empiezan a darse estos episodios”.

-¿Como es la situación respecto a los abusos por parte de la policía?

-Los policías también los han torturados, sabemos que adolescentes que se fugaron han sido sometidos a la picana eléctrica. Andrade ahora nos pide que denunciemos y nosotros hace tiempo que lo hacemos, pero no se hace nada. El año pasado nos negaron cuando contábamos con claros testimonios contra la Republicana.

-¿Cual es la reacción de los gremios sobre los hechos denunciados?

-No ha sido fácil, dos veces nos comunicamos con la central sindical para expresarles esta preocupación. Se nos respondió que cada sindicato era autónomo, que prácticamente no podían hacer nada.  Se debe frenar la impunidad, hay muchas cosas para avanzar en el país. El procesamiento por delito de tortura nos parece fundamental. Lo que hay que dejar en claro es que esta situación no es coyuntural, sino que está arraigado en la institución y ha sido minimizada por los actores políticos.

Pedernera considera que el tema, Uruguay ,se convierte en más grave en términos de población: “Somos pocos pero somos los que tenemos más jóvenes privados de libertad. Inclusive el representante de UNICEF, Italo Uriego, dice que en Italia, para 60 millones de habitantes, tienen 600 adolescentes detenidos, que es lo que tenemos nosotros y somos 3 millones de habitantes. En comparación con la región tenemos un número manejable, son 500 menores infractores. En países europeos y de Centroamérica, como Costa Rica, se ha avanzado fuertemente en penas no privativas de libertad. Estudios demuestran que son más eficientes, bajando la reincidencia y significando un costo menor para el Estado”.

-¿Se realizan estudios sobre los menores que logran rehabilitarse y reinsertarse a la sociedad?

-No, no hay, pero sería necesario hacerlo.

Con respecto a la rehabilitación, reconoce que algunos trabajadores con muy buena voluntad e intención intentan  hacer algo diferente, pero lo hacen a su criterio y no a partir de un mandato institucional: “Incluso el sistema de becas en convenios laborales con sindicatos, que se difundiera el año pasado. Se dio a partir de un sistema que funcionaba a base de prebendas y no a un criterio de política institucional que sea bueno para el correcto desarrollo de  la gestión del encierro y en los procesos de trabajo de reinserción social. Los criterios que se manejan no son planificados”.

Federico Quiroga