El espionaje que genera polémica y desconfianza, esta vez desde el Poder Judicial.

¿QUIÉN VIGILA A “EL GUARDIÁN”?

 

La tecnología en manos de la policía.

El atentado del 11 de setiembre de 2001 a las torres gemelas del WTC de Nueva York marcó un antes y un después. Sobre todo en la protección de la privacidad de los datos personales de los ciudadanos, garantizados en la primera enmienda de la constitución de Estados Unidos. Pero no quedó ahí la cosa. El presidente George W. Bush, con el apoyo de mayoría del Congreso, logró aprobar la llamada ley patriótica (patriot act), que, entre otras cosas permite el acceso ilimitado de las agencias gubernamentales (FBI, NSA, CIA, etc) a todas la comunicaciones electrónicas y telefónicas de cualquier persona del planeta en nombre de la seguridad nacional de Estados Unidos.

Recién en 2013, por el valioso testimonio de Edward Snowden -un ex-empleado de la NSA- que proporcionó las pruebas necesarias, se pudo desenmascarar la mayor operación a escala planetaria de escucha e interceptación de comunicaciones personales, a millones de usuarios de internet. Snowden tenía acceso de primera mano al sistema mundial espía (Echelon, Fornsat, PRISM, etc.) que usaba una enorme infraestructura, construida especialmente para este fin, y que además contaba con la colaboración de las principales empresas de telecomunicaciones de Estados Unidos.

La maniobra consistía en analizar y guardar en enormes bases de datos todo el tráfico de información que circulaba por los nodos principales de la red. Esto era posible mediante la introducción de una “puerta trasera”, denominada así por los técnicos informáticos, porque podían acceder al sistema sin ser detectados, cuando quisieran y sin mediar ningún tipo de orden judicial. Durante años el gobierno estadounidense realizó esta gigantesca operación de espionaje, sin el consentimiento de sus habitantes, y con la completa ignorancia de la población mundial. Entre los episodios más resonantes se destaca la vigilancia de las comunicaciones de varios jefes de Estado, como en Alemania y Brasil, que generaron conflictos diplomáticos.

Este hecho sin precedentes, comparable con el escándalo del Watergate en 1974, que involucró al presidente Richard Nixon en una trama de espionaje político, mediante escuchas telefónicas a políticos demócratas, y que desembocó en la primera renuncia de un presidente en la historia de Estados Unidos. Muchos años han pasado y las técnicas de espionaje se han ido sofisticando, pero sin desaparecer. Trascendieron las fronteras norteamericanas, y ya no provocan la renuncia de presidentes.

¿Y por casa?

Con diferencias de escala, la situación se comienza a parecerse un poco en Uruguay, en algún aspecto legal, relativo a la protección de los derechos humanos elementales de la población y su debida garantía por parte del Estado. A pesar de la insistencia del ministro del Interior Eduardo Bonomi, en que el sistema informático de escucha y vigilancia electrónica “El Guardián” ofrece garantías sobre la privacidad de los ciudadanos, las últimas declaraciones del presidente de la Suprema Corte de justicia (SCJ), Ricardo Pérez Manrique, desatan incertidumbre sobre las afirmaciones de Bonomi. De todas formas, la activación del sistema de interceptación debe ser autorizada mediante una orden judicial firmada por un juez. El titular de la SCJ afirma que en realidad desconoce cómo funciona en profundidad el sistema, según declaraciones efectuadas al diario El País. Lo que sí está claro es que el resto de la población no lo sabe. Esto se fundamenta también en criterios de “seguridad nacional”, amparados -y exonerados de su aplicación- en el artículo 8 (excepciones) de la Ley 18.381, de acceso a la información pública, aprobada en octubre de 2008. A pesar de ello, el artículo 33 de la misma ley establece un plazo máximo de un año para elaborar una lista de la información clasificada incluida al amparo del artículo 8. En caso de no corresponder su excepción, la información deberá ser desclasificada en un plazo máximo de seis meses.

Este sistema informático denominado Guardián permite supervisar e interceptar en tiempo real, en caso de ser necesario, todas las comunicaciones privadas (correo electrónico, redes sociales, llamadas telefónicas, blogs, webs, etc.) de hasta 30 personas a la vez. Esta información además puede cruzarse con otras, y ser usada para aportar mayores datos de los involucrados. El sistema fue comprado por el Ministerio del Interior en 2013, en el marco de una compra directa, con carácter reservado, por un monto de aproximadamente dos millones de dólares. Esto generó mucha controversia y un serio cuestionamiento en varios sectores de la población, luego de filtrarse su existencia a la opinión pública.

A pesar de que un juez recibe directamente la información recabada por el sistema informático, esto no parece ser suficiente para el ministro Pérez Manrique, que quiere establecer algún tipo de auditoría o supervisión al dispositivo y sus procedimientos. Tampoco parece quedar claro qué ocurre con los datos que se consiguen, una vez utilizados para el fin original. Si son almacenados o descartados, cómo se almacenarán, en dónde, por cuánto tiempo, con qué garantías se realiza esto y cuál sería la forma de descartarlos, en caso de que ya no sean necesarios, son algunas de las principales interrogantes que surgen. Además, tampoco es específico el criterio de selección de quienes tienen la responsabilidad de su operativa.

Las explicaciones del Ministerio del Interior no parecen dar las garantías suficientes, más sí el sistema es cuestionado por el propio representante del Poder Judicial, organismo encargado de garantizar derechos humanos básicos, tales como la privacidad de nuestros datos personales, y las garantías individuales consagrados en nuestra legislación. La introducción de estos nuevos y sofisticados sistemas de espionaje, más allá de su contribución a una labor de vigilancia y control más eficiente de las actividades delictivas, por parte del ministerio, corre también el riesgo de poner en el mismo nivel de sospecha al ciudadano común que se mantiene dentro de la ley, y que podría ser asociado a algún tipo de actividad criminal, tan solo por los contenidos de lo que comparte o expresa en sus comunicaciones personales, ya sea telefónicamente o por internet. Casos de este tipo ya se han dado en otros países, donde se ha acusado a personas inocentes, basados sólo en este tipo de información recabada por sistemas de espionaje electrónico. Uno de los puntos débiles de “El Guardián” es la posibilidad de ser hackeado por algún pirata informático, ya que su funcionamiento y acceso por parte de los técnicos encargados de operar. es on line. Se trata de una delgada línea, en un escenario donde hay muchos grises y pocos claros.

Daniel Galán.