Desalojo del CODICEN da paso a una situación tensa y compleja

“EL HORNO NO ESTÁ PARA BOLLOS”

El presidente de la INDDHH, Juan Faroppa, durante el desalojo del CODICEN, captaado en un video de un teléfono celular.

Acusaciones ministeriales que califican de mentirosos a particulares involucrados en los acontecimientos del CODICEN; acusaciones sindicales sobre operaciones de manipulación y desinformación del Ministerio del Interior; condenas sobre los abusos policiales; confrontación tecnológica entre videos policiales con cámaras de ultima generación y videos captados con teléfonos celulares por ciudadanos que presenciaron los sucesos de desalojo; cuestionados procesamientos de estudiantes y sindicalistas y ausencia de procesamientos de policías identificados en los apaleamientos; nuevos paros de profesores de Montevideo, más una interna en la Institución Nacional de Derechos Humanos por un comunicado que avaló la conducta policial, son los ingredientes que alimentan esta encrucijada política, judicial y social.

En el informe publicado por Juan Faroppa a través del Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) sobre los hechos ocurridos en el Consejo Directivo Central (CODICEN) en la noche del martes 22 de setiembre, se expresó que “no existió, por parte de las fuerzas policiales, un uso sistemático, masivo e intencional de la fuerza abusivo y/o excesivo”, sin embargo se aclaró que fueron observados casos puntuales por parte del observador de la INDDHH de “un uso abusivo de la fuerza” y se agregó que “esto sucedió en perjuicio del abogado de los ocupantes, Dr. Pablo Ghirardo”. Tras un video difundido (https://www.youtube.com/watch?v=7NUDHGwJMsk) se pudo observar al presidente de la Institución durante el desalojo expresando, en una conversación telefónica, otra intensidad en su preocupación por lo sucedido: “esto es un desastre total. Al abogado lo cagaron a palos en el piso, yo lo ví”, expresó.

Irma Leites, líder de la Organización Plenaria, Memoria y Justicia, manifestó a SdR que “la intervención de Faroppa fue absolutamente legitimadora de la represión. Pudimos escuchar lo que le decía Faroppa  al jefe del operativo policial. (…) él le decía ´bueno, usted han sido demasiado tolerante, en otro momento ya hubiera corrido el palo´”.

Las imágenes de Bonomi

En conferencia de prensa del Ministro del Interior (MI), Eduardo Bonomi, realizada el 28 de setiembre, se difundieron los videos del desalojo en el interior del edificio del CODICEN, grabados con cámaras GoPro del Grupo de Respuesta Táctica (https://www.youtube.com/watch?v=IlFzAD1rgdk). En la conferencia, Bonomi expresó que lo que se buscó al difundir los videos era demostrar “que no había nadie cuando entró la policía. No hubo contacto entre la policía y los jóvenes” y agregó que “se ha construido una inmensa mentira” (https://www.youtube.com/watch?v=2n93kGvgrLE). Sin embargo, Julio Moreira, dirigente de ADES exigió “que el MI ponga en conocimiento público `todas lsa imágenes´ (…) y no imágenes editadas `a su conveniencia´”, según publicó La Diaria el 29 de setiembre. En diálogo con SdR, la Dra. Mirtha Guianze, directora del INDDHH, expresó que “no tengo una idea clara de cómo fue el desalojo”. Basándose en las imágenes que ha visto del video mostrado por el MI, Guianze afirma “que no ve cuando salen los estudiantes, porque no hubo nadie cuando se desalojó”.

El Ministro Bonomi manifestó en la conferencia de prensa que el abogado de los estudiantes “miente descaradamente”, y agregó que se lo va a denunciar por “difamación e injurias”. También expresó que Ghirardo “dijo que iba a denunciar”, pero que no lo hizo ya que no tenía motivos para realizarla. Días atrás, el abogado confirmó a SdR que presentó una denuncia junto al abogado Parrilla ante la jueza de turno.m Dr. Ana de Salterain.

Van y vienen

Los involucrados en el desalojo del CODICEN, entre ellos Faroppa, Leites y Ghirardo, fueron citados a declarar por la Dr. de Salterain, el lunes 28 de setiembre. Entre los citados también se encontraban estudiantes y trabajadores, por lo que la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) decidió detener las actividades una hora antes de la citación y hasta una hora después de terminada la instancia judicial, según lo expresado en la página web del sindicato.

El PIT-CNT junto con la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay condenaron, a través de un comunicado publicado el 28 de setiembre, “el mecanismo por el cual se detuvo y se intentó detener a un conjunto de militantes que se encontraban en sitios cercanos al juzgado”. Ese mismo día, ADES publicó un comunicado en el que expresó que “el Departamento de Operaciones Especiales está llevando a cabo detenciones ilegales de compañeros trabajadores y estudiantes (…) sin mostrar orden judicial, personas de particular, en vehículos particulares y en la vía pública

Al terminar la instancia judicial del lunes 28, la jueza de Salterain, dictó el procesamiento sin prisión de cinco personas, entre ellos el dirigente del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (SUATT), Ary Widemann, por “un delito de atentado agravado”, según se publicó en la página del Poder Judicial. Los procesados deberán cumplir 200 horas de trabajos comunitarios. (http://www.poderjudicial.gub.uy/images/resoluciones/2015/proc_29_09_15_atentado_agravado_juezadesalterain.pdf).

El dirigente de la FEUU, Marcelo Hospitale, otro de los procesados sin prisión, declaró a El País que “esto es una persecución y yo soy un luchador. No me van a intimidar. No voy a cumplir con la pena, por mi honor que no lo haré, y si tengo que pagar con cárcel, así será. Resistiré”.

El 30 de setiembre, la Dra. de Salterain “dispuso el procesamiento sin prisión de otras tres personas“ que estuvieron implicadas en los incidentes del martes 22. Los tres procesados fueron “Álvaro del SUATT, Diego del CEIPA y Camilo de FUCVAM”, según el comunicado publicado por ADES, y convocó a una Asamblea el 1º de octubre acompañada por un paro cuyo horario de finalización lo determinará la Asamblea.

El comunicado apaciguador

La INDDHH publicó en su página oficial un comunicado, el mismo el 30 de setiembre, sobre el desalojo en el CODICEN, en el que se afirma que “se han recibido nuevas denuncias sobre esos hechos, así como sobre otros producidos en dependencias policiales y en días posteriores a los mismos, que se están investigando”, y que el Instituto inició “una investigación de oficio sobre algunas situaciones vinculados a los hechos del día referido”. El documento señala que “A esos efectos, se analizan declaraciones de las personas denunciantes, fotografías y videos que se han entregado a la INDDHH y se solicita información a los organismos del Estado relacionados con el proceso de desalojo”. (http://inddhh.gub.uy/comunicado-sobre-hechos-en-codicen/). Mirtha Guianze manifestó que el informe publicado el 25 de setiembre lo redactó Juan Faroppa, y agregó que “lo consideramos ayer (martes 29 de setiembre) y por eso decidimos, a luz de todos los acontecimientos, seguir la investigación”. Sin embargo, no se despeja la duda de que la publicación inicial con las conclusiones de Faroppa, en su calidad de observador de los acontecimientos en el CODICEN, no fue consultada a la totalidad de los miembros cdirectivos de la INDDHH.

Valentina Caredio / Diego Coumas