La opinión de los médicos es clave al derivar casos de abortos

USO Y ABUSO

No siempre decide la mujer cuando hay un objetor de conciencia. Foto: Rebelarte.

A veces las mujeres embarazadas deben pasar un vía crucis cuando se enfrentan a un médico objetor de conciencia. El caso de Sara es uno de esos. Decidió abortar a la décima semana ya que tiene dos hijos anteriores y su situación económica se debilitó luego de perder su trabajo. Su esposo es el que se encarga de proveerles el sustento económico como tallerista. Si bien Sara tenía una ginecóloga con la que acostumbraba atenderse desde hacía algunos años, el día que concurrió a su mutualista, de Montevideo, la atendió un médico de medicina general, ya que no podía sentarse a esperar la próxima fecha de consulta de la otra profesional.

Cuando fui a la consulta, le comenté al médico mi decisión. Enseguida cambió el trato conmigo. Lo primero que hizo fue preguntarme incisivamente por qué quería abortar. Aquello pasó de ser una consulta a una sesión de interrogatorio. Hay mujeres que llegan a la consulta y no tienen ni idea, pero yo tenía bastante claro el procedimiento. Ya no tenía nada más que pensar. Me mantuve firme, le dije que me derivara con otro médico y se negó. Me dijo que me buscara uno yo entre los que allí atendían. Pero claro, la angustia me sobrevino de solo pensar en si me tocaría otro que me pusiera el palo en la rueda”, confesó a SdR.

Sara hizo las denuncias correspondientes y, afortunadamente, dio con un médico que habilitó el procedimiento tal como lo establece la ley: una posterior consulta con un equipo interdisciplinario compuesto por un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social. Luego de los cinco días de reflexión que manda la ley, debió ratificar de nuevo ante el médico tratante.

Aquellas mujeres que hayan sufrido maltratos o distorsión de lo que tiene que ser una buena atención médica, deben denunciarlo en primera instancia a la oficina de atención al usuario de su centro de salud, donde tiene que darse una respuesta a la brevedad. Luego, en una segunda instancia, se presenta otra denuncia ante el MSP donde también hay una oficina que se dedica a recepcionarlas, la cual también debería actuar en tiempo y forma para evitar potenciales abusos de poder.

Pero en Uruguay no hay un registro oficial de médicos objetores de conciencia, pese a que la ley 18.987 para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) fue aprobada hace ya tres años. Ni siquiera de los 20 médicos que interpusieron un recurso y salieron favorecidos por el fallo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) en agosto pasado, cuando se anularon 11 de los 42 artículos que los profesionales entendieron como una restricción a su derecho de manifestar objeción de conciencia.

Objetores

Una vez que la ley fue aprobada, según los datos más significativos obtenidos por el observatorio de la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), las objeciones de conciencia aducidas por médicos de departamentos como Salto (90%), Paysandú (87%), Río Negro (43%) y Mercedes (100%) explotaron con alevosía, lo que configura el principal problema a la aplicación de la ley. Esto seguramente condujo a las mujeres embarazadas en vulnerabilidad social y económica del Interior a un camino de angustia y frustración, ya que en muchos casos debieron trasladarse a la capital para concretar un aborto. ASSE, en estos casos, cubre los gastos por traslados y estadía.

La subsecretaria de Salud Pública, Cristina Lustenberg, declaró a la prensa hace algunas semanas que en nuestro país, de los 214 ginecólogos que se notificaron, 86 declararon objeción de conciencia, lo que se traduce en un 40% de profesionales objetores. Por tanto, e instalado el debate entre médicos y pacientes, el Ministerio de Salud Pública (MSP) nunca solicitó formalmente una lista con los nombres de los profesionales objetores. Eso, pese a que el ministro, Jorge Basso, aseguró luego del fallo del TCA que la nómina se solicitaría a todos los prestadores de servicio de salud del país, lo que permitiría romper los obstáculos que aún persisten para las mujeres al momento de querer realizarse un aborto antes de las doce semanas de gestación.

Soledad González Baica, coordinadora del colectivo feminista Cotidiano Mujer, declaró a SdR que “hay dos tipos de objetores: el objetor genuino, que le hiere en su conciencia participar de un aborto, y hay otros objetores que tienen la firme intención de trancar a las mujeres. Los médicos que interpusieron su recurso ante el TCA, sin dudas, tienen intenciones que van más allá, ya que hablan del progenitor y por qué no es consultado, un requisito que la ley no exige si la mujer se presenta sola”.

Distinguir es importante, ya que uno puede respetar ciertas posiciones aunque no sean compatibles. Lo que resulta grave es que, mientras algunos profesionales simplemente hacen uso de la objeción de conciencia, sin ánimo de hostigar a la mujer y derivando el caso a otro profesional, algunos continúan haciendo uso y abuso de su poder, y trancan el proceso. “Es claro que esos profesionales actúan imponiendo su moral y abusando de sus conocimientos específicos en la salud cuando eso ya fue resuelto en el Parlamento, que es el lugar donde la sociedad está representada. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo saldó esa discusión y la sociedad entera ya tiene resuelto este tema, no así algunos médicos que perdieron este partido en las ligas mayores”, agregó González.

Los días y las semanas de las mujeres embarazadas que deseen abortar valen oro. El procedimiento indica que, en caso de ser atendida por un médico objetor de conciencia, éste debe derivarla inmediatamente a otro profesional, ya que el proceso para la interrupción es largo y engorroso. No necesariamente debe de ser un ginecólogo el que inicie el trámite, sino cualquier médico o partera. El problema sería si la mujer se topa con otro objetor, por eso es fundamental establecer aquellos que se adhieren a la norma y aquellos que no.

Asimismo, el otro elemento clave es el formulario que los objetores deberán completar cuando se manifiestan contrarios a la práctica de realizar un aborto. Dicho formulario es producto de un acuerdo entre la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y el Colegio Médico del Uruguay. Se establece que “la objeción de conciencia a realizar interrupciones de embarazos es un acto individual y no colectivo ni institucional”. La objeción allí planteada abarca la prescripción de medicamentos abortivos como el “misoprostol-mifepristona, la interrupción del embarazo mediante aspiración o legrado con embrión vivo y la interrupción mediante aspiración o legrado con feto vivo”.

Barreras

Una vez conocido el fallo del TCA, comenzaron las discrepancias por diferentes frentes. Una de ellas fue la carta abierta emitida por el Grupo Médico por el Derecho a Decidir a través de la Global Doctor for Choice. El grupo es una iniciativa de treinta médicos colombianos motivados por el acceso que deberían tener las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva así como por el trato indigno que reciben a diario tras manifestar que no quieren continuar con embarazos no deseados. En la carta manifiestan, entre otros puntos relativos al fallo, que “con gran preocupación hemos recibido el reciente fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) de Uruguay que anula artículos del decreto reglamentario 375/012 de la ley 18.987 relacionados con la objeción de conciencia y otros asuntos. No nos cabe duda de que esta decisión tendrá consecuencias perjudiciales para la salud de las mujeres uruguayas. Además, este fallo avala una interpretación errónea del concepto de objeción de conciencia y contradice los estándares internacionales en cuanto al tema”.

A estas alturas, la objeción de conciencia se plantea claramente como un arma de doble filo. La especulación, la desaprobación social y la apelación en demasía por una supuesta “libertad”, siempre estarán a la orden del día. El tema recuerda a las discrepancias planteadas por los oftalmólogos, quienes, acostumbrados a cobrar costosísimas operaciones en forma particular, pusieron el grito en el cielo cuando especialistas cubanos vinieron a nuestro país con la finalidad de diagnosticar y operar a pacientes de bajos recursos en forma gratuita, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Cabe recordar también que, durante décadas, muchos de los médicos que hoy plantean objeción de conciencia desde su posición provida y esgrimidos en un derecho, realizaban abortos en forma clandestina cobrando entre 600 y 800 dólares, según personas que tuvieron que recurrir a esa modalidad. Luego de oficializada la ley 18.987, esa práctica se redujo.

Cecilia Aguiar