Entrevista al “fiscal verde”, Enrique Viana

PIEDRAS EN EL CAMINO

Enrique Viana. Foto: Rel-uita

Tras su reciente traslado hacia la Fiscalía de Menores, que determinó que abandonara todas las causas que llevaba adelante, Enrique Viana, el llamado “fiscal verde”, habló con SdR sobre su enfrentamiento con la Fiscalía de Corte. También sobre los cambios que vendrán con el nuevo Código del Proceso Penal y los riesgos de los contratos de inversión.

Hace 24 años que Viana trabaja como fiscal y es reconocido por defender causas medioambientales. Presentó recursos contra la contaminación por plomo en el barrio La Teja, las productoras de celulosa Botnia y Montes del Plata, la industria química Dirox y la minera Aratirí. Además denunció las excesivas horas de encierro y uso de psicofármacos en adolescentes de los centros de la Colonia Berro. A mediados del año pasado se le había iniciado un sumario administrativo y se lo había separado del cargo por no asistir a las audiencias, tarea que según el fiscal no es obligatoria en la totalidad de los casos.

Pero el golpe final llegó en una resolución firmada por el fiscal de Corte, Jorge Díaz, el 20 de octubre pasado, donde se comunicó el traslado de Viana de la Fiscalía Letrada Nacional en lo Civil de 3er Turno a la Fiscalía Letrada Nacional de Menores de 2do Turno. Las razones presentadas radican en los “reiterados” planteos de inconstitucionalidad realizados por el fiscal que fueron rechazados por la Suprema Corte de Justicia y en la solicitud de “importantes volúmenes de información” a diferentes organismos estatales. Se agrega a estas causas que su forma de trabajar genera costos importantes e innecesarios al Estado y se habla de una posible falta de idoneidad para el ejercicio de su función, por lo que se le abrió una investigación administrativa en la Fiscalía de la que fue trasladado.

En relación a estas acusaciones, Viana explicó que el argumento de los altos costos generados al Estado es efectista y no tiene razón de ser, y que la decisión de trasladarlo por posible falta de idoneidad es absurda. El traslado, según contó el fiscal, no implica una pérdida de la categoría del trabajo, pero sí la imposibilidad de ejercer en materia civil y de seguir en los casos que estaba interviniendo. Viana presentó un recurso de revocación y de anulación de la resolución dictada por Jorge Díaz, el 27 de octubre, de la que espera respuesta.

- ¿Qué hay detrás de la resolución del fiscal de Corte?

- El problema del traslado no está en el cambio de materia, sino en las razones que se invocan. No se está de acuerdo con mi actuación judicial y eso es lo que se reprocha. Entonces se me sanciona y se viola la independencia que tengo como fiscal porque se entromete indebidamente. Además se manda un mensaje al resto de los colegas: ‘no hagan lo que hace el fiscal Viana porque les va a pasar lo que le pasó a él’. Estas tres cosas buscan un resultado final que es eliminar la independencia técnica individual de los fiscales, ir por la vía de facto al sistema de fiscal general y fiscales delegados.

- ¿Aquel que prevé el nuevo Código del Proceso Penal?

- Así es. En ese sistema el fiscal general va a dar órdenes a los fiscales delegados, entonces va a desaparecer la independencia técnica individual. Lo que se quiere hacer es que haya un solo magistrado que decida a quién meter preso y a quién no. Se le da una llave muy poderosa a la fiscalía. Eso para mí es absolutamente inconveniente.

Es un sistema influido por la presión muy importante que realiza el Departamento de Estado de Estados Unidos para que el proceso penal norteamericano se expanda en los países de Centroamérica y Sudamérica. En nuestro país, en estos tiempos se han recibido profesores de los departamentos de Justicia y de Estado de Estados Unidos, hay agentes del FBI y fiscales norteamericanos que han venido a dar clases a los fiscales uruguayos. Además se piensa hacerlo sin modificar la Constitución y sin modificar la ley y ese es el gran conflicto que hay detrás de todo esto. Lo que yo planteo es que si se quiere imponer este sistema se tiene que modificar la Constitución. Un fiscal que recibe instrucciones no es independiente y pasa a ser fiscal del gobierno o fiscal del fiscal de Corte del gobierno.

- ¿El actual fiscal de Corte, Jorge Díaz, actúa siguiendo la línea del gobierno de turno?

- Eso no lo puedo saber porque él hace tres años que está. Cuando haya una alternancia de poder podré llegar a una comparación de ese tipo. Sí recuerdo que permanentemente exponía sus ideas al (ex) presidente (José) Mujica y al ministro (del Interior Eduardo) Bonomi, mientras estaban a su lado. Entonces tengo que deducir de eso que existe una coincidencia de puntos de vista con esas personas.

- ¿Habría una cadena de mando desde el gobierno si se concreta este sistema de trabajo de los fiscales?

- Exacto. Pasamos de un sistema de fiscales de la República a uno de fiscales del gobierno. Se parte de la idea de que el concepto de ministerio público supone que existan promotores de la defensa de determinados intereses públicos, pero si pasamos de eso a ser promotores de la defensa de intereses del gobierno de turno no estamos defendiendo intereses públicos, estamos defendiendo intereses del gobierno.

- ¿Esto es lo que está sucediendo ahora?

- Yo creo que vamos camino a eso. Hoy se está concretando en algunos casos ya.

- ¿Cuándo surgen estas diferencias entre usted y la Fiscalía de Corte?

- No son diferencias personales, son diferencias institucionales que vienen de mucho tiempo atrás. Hay una manifiesta intención por eliminar la independencia de los fiscales que no es de ahora. Ya hubo un intento por hacer esto en el pasado que terminó con el sumario de un fiscal de Corte que quería hacer lo mismo que se quiere hacer hoy. Este fiscal fue apartado del cargo y aparentemente terminó renunciando. En un informe muy bueno del año 2005 redactado por el entonces presidente de la Oficina de Servicio Civil, que hoy es secretario de la Presidencia, el doctor Miguel Toma, se dijo que se violaba la independencia técnica. Se hicieron tres sumarios al fiscal de Corte entendiendo que se pretendía digitar las decisiones de los fiscales a través de órdenes y controlar la finalización del trabajo. En esos tiempos se produjeron traslados de muchos fiscales, incluido quien habla. Lamentablemente hoy hay gente que ha cambiado de opinión aparentemente, entre ellos el doctor Miguel Toma.

- ¿Cuál era ese fiscal de Corte?

- El doctor Oscar Peri Valdez.

- ¿Viana, por qué se produce su acercamiento a las causas medioambientales?

- Se da por obligación. Los fiscales tenemos una obligación establecida en el artículo 42 del Código General del Proceso de actuar en materia de ‘intereses difusos’, que son un conjunto de competencias como la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos y de la salud pública. El primer asunto en el que tuve que intervenir fue recién en el año 2001, siendo fiscal letrado nacional, por la contaminación por plomo. En ese momento tenía más argumentos jurídicos para trabajar que antes. En el año 1997 se había incorporado el primer texto constitucional que hablaba del medio ambiente. En el año 2000 se había dictado la ley de Protección del Medio Ambiente donde se enunciaban, entre otras cosas, una cantidad de intereses generales a ser defendidos.Un día yo me encuentro mirando la televisión en mi casa y veo que el director de Medio Ambiente dice que frente a la contaminación por plomo el Estado podía hacer poco menos que nada. Entonces yo digo: “¡No, momentito! ¿Cómo que nada puede hacer?”. Acá existen un conjunto de obligaciones y estamos los fiscales para hacer que esas obligaciones se cumplan. Y luego empezó el deber de coherencia, si así actuamos en un asunto, teníamos que actuar igual en otro. Lo llamativo es que ningún otro fiscal en el país ha actuado en materia de protección del medio ambiente, siendo que todos los fiscales del país están obligados a hacerlo.

- Grandes empresas que vinieron a nuestro país, como Aratirí o Botnia, negocian a partir de tratados y contratos de inversión, a los que usted se opone. ¿Cómo funcionan esos tratados y contratos?

- Las grandes inversiones que generan problemas ambientales son empujadas de Europa, principalmente. Cuando se empezó a establecer una legislación ambiental muy dura allí, esas grandes inversiones tenían que buscar otro lugar donde establecerse y para eso era necesario crear un atractivo para venir a instalarse muy lejos de la matriz industrial. Ese vehículo para mandar esa contaminación hacia el sur fueron los llamados tratados y contratos de inversión. Lo que consiguen estas empresas, en primer lugar, es una exoneración tributaria muy importante con la que compensan los costos del transporte. En segundo lugar obtienen una patente para contaminar, en el sentido de que el tratado de inversiones, al darle ciertas ventajas, les garantiza impunidad. Primero hay un tratado de inversión entre dos Estados para favorecer una inversión y luego viene la relación directa entre el Estado receptor de la inversión y el inversionista. El contrato es un hijo sucedáneo del tratado de inversión. Son verdaderos tratados de adhesión, en donde hay uno que redacta todas las cláusulas y hay otro que le pone la firma al final. El que redacta por lo general no es el Estado sino que es la empresa la que pone las condiciones.

- ¿Con qué objetivo adhiere el Estado?

- El objetivo es muy claro y en eso se ha sido sincero. Se parte de la hipótesis, que puede ser real, de que Uruguay no puede subsistir sin inversiones extranjeras. Entonces para conseguir que las inversiones extranjeras vengan, se entrega todo. Yo he calificado a estos contratos de inversión como una nueva forma de colonización consentida, en la medida de que nuestros gobernantes prestan consentimiento a nombre nuestro.

- Se ha dicho que las negociaciones entre el Estado y Aratirí estaban congeladas desde el año pasado. ¿Qué información maneja?

- El tema Aratirí es muy misterioso porque no sabemos quién es, si es que es alguien. Hay quienes dijeron que era una empresa intermediaria que se llamaba Zamin Ferrous y que estaba vinculada a un indú. Pero no sabemos si es así. Mi hipótesis es que es una empresa fantasma, que no existe. Aquí la cosa se pone un poco más compleja porque nadie en su sano juicio negocia con alguien que no sabe quién es.

- Su traslado se da un mes antes de que se cierre el plazo para la negociación entre la empresa minera y el gobierno. ¿Qué relación hay entre estos dos hechos?

- Aquí, indudablemente, hay un interés por eliminar obstáculos y yo soy uno. Hay una intención por terminar de favorecer la instalación de este proyecto en el país. No es la primera vez que pasa, cuando me sancionaron el año pasado también pasaba lo mismo.

- ¿Cuando se planteó que usted no asistía a las audiencias?

- Sí. Era una circunstancia parecida a la de ahora. Yo había presentado la inconstitucionalidad de la ley (de Actividad Minera de Gran Porte, 19.126). Respondo con ese dicho popular que dice: “no creo en las brujas pero que las hay, las hay”. Yo no creo en casualidades y las coincidencias son grandes.

Martina Lepra