Los papeles dce Panamá y los papelees charrúas

LAS SUIZAS DE AMÉRICA

La sede de la OCDE en París.

 

En los últimos años Uruguay ha cambiado sus políticas fiscales procurando alejarse de los paraísos fiscales apostando a la transparencia financiera.

El escándalo “Panama papers” desempolva la conocida historia de los “paraísos fiscales” y vuelve a poner a Uruguay en el centro de las miradas de la región debido a la vinculación de bufetes de abogados locales y figuras públicas con empresas offshore en Panamá. Estas empresas se constituyen bajo marco de las leyes locales pero debido a sus características de privacidad y baja o nula carga impositiva, son objeto de posibles actos ilegales como el lavado de activos o la evasión fiscal.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) monitorea la transparencia financiera de los países con el fin de identificar cuales tienen legislaciones que son propicias para los mencionados actos ilícitos. A partir de ese monitoreo la OCDE identifica qué países tienen legislaciones poco transparentes en materia tributaria y elabora listas de países que son considerados “paraísos fiscales”.

En 2009 la OCDE incorporó a Uruguay en la llamada “lista gris” que también ocupaban Panamá, Costa Rica y Suiza, entre otros. El secreto bancario (llamado secreto profesional por la legislación vigente) y la posibilidad de crear Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI), una versión uruguaya de las offshore, fueron piezas clave para la inclusión.

En diciembre de 2013 Mike Valdés, consultor tributario internacional, señalaba en una entrevista con El observador que Uruguay seguía siendo un “paraíso fiscal”. Según explicaba, se podían “crear compañías aquí todavía, y bajo el sistema de territorialidad no pagar impuestos en Uruguay”. Según Valdés este es un sistema muy similar al de las LLC (Limited Liability Company) estadounidenses que en estados como Nevada, Delaware o Wyoming permite a los extranjeros generar fuentes con ganancias extranjeras y no abonar impuestos.

Las offshore charrúas

Uruguay históricamente ha tenido una reglamentación laxa de legislación fiscal. Empresas offshore, amplias restricciones a la divulgación de información amparadas en el secreto bancario y exoneraciones tributarias a metales preciosos que datan de la época de la dictadura, son parte del abanico regulatorio de la Suiza de América.

Las empresas offshore uruguayas tenían por nombre SAFI y fueron creadas por medio de la Ley 11.073 en 1948. La Ley ofrecía a estas sociedades la posibilidad de realizar ilimitadas actividades económicas en el extranjero a un bajo costo impositivo del 3 por mil anual y libre de la carga impositiva normal como son el IVA, el IRAE y el impuesto al patrimonio. A pesar de esto, no fue hasta la década del 90 que las SAFI comenzaron a tomar protagonismo. A partir de las modificaciones que incorporó la Ley 16.170, las SAFI permitían además la realización de “actividades comerciales en el exterior, por cuenta propia o de terceros o para terceros”. Esta modificación legislativa en el gobierno de Luis Alberto Lacalle generó el boom de las SAFI en Uruguay.

Según informó el portal lared21 en 2001, hacia 1999 se registraron unas 4.754 SAFI, lo que significó un aumento en un 50% de los registros que datan de 1995. Según maneja el mismo portal, un 70% de las SAFI fueron creadas con estatutos bastante estándar y puestas a nombre de testaferros para luego ser comercializadas. En Uruguay las sociedades anónimas eran reguladas por la Auditoría Interna de la Nación (hasta 1996 Inspección General de Hacienda). Curiosamente en 1993, luego de modificadas las características de las SAFI, el entonces Ministro de Economía, Ignacio de Posadas, sugirió la disolución de ésta, y también sugirió la redistribución de los funcionarios en otras dependencias del Poder Ejecutivo, con lo que quedaba huérfana la custodia de las sociedades anónimas.(*)

En 2011 tomó vigencia la Ley de Reforma Tributaria (18.083) y con ella son eliminadas las SAFI. Sin embargo, según figura en la página del estudio Ferrere, la eliminación de las SAFI redundó en un beneficio en materia tributaria para quienes realizan actividades comerciales en el extranjero. Acogiéndose al modelo de Sociedad Anónima las actividades registradas en el exterior no generarían ningún cargo impositivo, ni IVA, ni IRAE, ni impuesto al patrimonio, ni el 3 por mil que regulaba a las SAFI, ya que esos impuestos se cargan a las ingresos y patrimonio registrado en Uruguay. Según Ferrere “una sociedad anónima común que tiene todos sus activos fuera de Uruguay y no genera renta alguna en el país puede operar sin pagar impuesto a la renta, patrimonio e IVA”.

Secreto de estado

En nuestro país el secreto bancario estuvo regulado por el Decreto-Ley 15.732 de 1982 durante más de 20 años. El mismo no permitía la difusión sobre los fondos o valores pertenecientes a una persona física o jurídica salvo explícita solicitud del Poder Judicial. El camino a la transparencia financiera para salir de la lista gris llevó a Uruguay a modificar el llamado secreto profesional, permitiendo la cooperación del Banco Central con organismos financieros internacionales y de supervisión de intermediación financiera, generando a su vez, tratados internacionales. El mismo Decreto-Ley permitía el tráfico de metales preciosos desde uruguay sin registro ni aplicación impositiva.

En 2009 la OCDE realizó 49 recomendaciones a Uruguay para salir de la “lista gris” y dejar de ser considerado un “paraíso fiscal” que incluían una modificación de la legislación tributaria vigente.. En marzo de 2015 el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Pablo Ferrario, dijo al portal Montevideo.com que la salida de Uruguay de la lista gris de la OCDE era una buena noticia y que se debió a los “esfuerzos y coordinación importante entre varios organismos públicos”. La creación de la Comisión Coordinadora Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en 2007, la Secretaría Nacional Antilavado de Activos en 2009 y su sustitución en 2015 por la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la eliminación de las SAFI y la generación de mayor transparencia a partir de tratados bilaterales de intercambio de información, disminuyendo el impacto del secreto bancario, constituyen piezas claves de las nuevas políticas fiscales de nuestro país.

Al día de hoy Uruguay tiene tratados con más de 18 países con los que a partir de una solicitud del fisco del peticionante y la aceptación del Poder Judicia,l se brinda información que está regida bajo el secreto bancario. Se tiene el compromiso de que para 2018 se libere aún más el secreto bancario y se permita, mediante acuerdos bilaterales o multilaterales, el tránsito de información sobre actividad financiera de quienes manejan cuentas en Uruguay sin necesidad de aprobación del Poder Judicial.

Iván Fernández

(¨) N del E. En la versión original del texto se decía: “Curiosamente en 1993, luego de modificadas las características de las SAFI, el entonces Ministro de Economía, Ignacio de Posadas, sugirió la disolución de ésta, redistribuyó los funcionarios en otras dependencias del Poder Ejecutivo, y dejó huérfana la custodia de las sociedades anónimas”. Erróneamente se daba a entender que el ministro había efectivamente realizado la disolución, cosa que no ocurrió, aunque sí se planteó. E l error correspondió a laedición de la nota.