Sin innovación en proyecto de ley para regular aplicaciones

PARA COMER A UN ELEFANTE

Aplicaciones de celular. Foto: 20minutos.com

El secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, compareció el pasado miércoles ante la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados para defender un proyecto de ley poco innovador, que según sus palabras “lo único que se hace es la ratificación de las obligaciones que hoy ya existen”. El proyecto enviado por el  Poder Ejecutivo tiene el fin de regular los servicios que utilizan medios informáticos y aplicaciones tecnológicas, como Uber o Despegar.com.

De acuerdo a la versión taquigráfica de la sesión a la que accedió SdR, Toma justificó el proyecto diciendo que “no va a resolver todas las situaciones, pero tenemos que hacer algo para comenzar un proceso de implantación de normas que eviten la huida del derecho formal”. El secretario de la Presidencia aclaró a los legisladores que “no estamos atribuyendo ninguna nueva competencia y eso debe quedar muy claro”.

El proyecto de ley enviado el 14 de marzo, otorga en el artículo 9 la potestad al Banco Central de “impedir preventivamente las transferencias de fondos, así como cualquier otra operación, desde y hacia las cuentas de las personas físicas y jurídicas incumplidoras”. Este sería el único punto “innovador”, según Toma. Para el funcionario del gobierno se trata de crear una “policía administrativa” que pueda “disponer de la intervención de la fuerza pública para garantizar el cumplimiento de las medidas”.

El Poder Ejecutivo intenta con este proyecto que las empresas que trabajen en Uruguay “cumplan con las obligaciones laborales, fiscales, de contralor, de higiene”, según señaló el representante de Presidencia. Sin embargo esto no implica que se vaya a aplicar las normas de la actividad final a la plataforma tecnológica: “No entiendo cómo alguien con una mediana cultura jurídica puede llegar a ese extremo”, expresó Toma.

El diputado del Partido Nacional e integrante de la Comisión, Daniel Peña, dijo a SdR que lo enviado por el Poder Ejecutivo “no innova prácticamente en nada en lo que está legislado, nos parece un proyecto de ley bastante inoperante”. Para el representante el punto “diferente” termina siendo una “reiteración a los organismos intervinientes sobre la obligación de controlar las operaciones que la propia ley ya les marca”. Para Toma, al reiterar esta obligación se “acentúa  la responsabilidad del organismo. Entonces está acentuando la decisión del Estado de que se ejerzan efectivamente”.

Fue el diputado Julio Battistoni, del Frente Amplio, quien puso en duda esta parte innovadora del proyecto, ya que planteó la posibilidad que se pueda “evadir al Banco Central porque formas de pago también pueden acordarse a través de privados”. Para el legislador frenteamplista “cuando hay que comer un elefante, se empieza por algún lado”, aunque plantea que “como legisladores vamos a necesitar mucho asesoramiento de técnicos, de juristas administrativos para tratar de sacar la mejor ley”.

Al respecto, Daniel Peña confirmó a SdR que la Comisión va a convocar a las distintas partes involucradas en el tema con el fin de tener “una visión global”. Invitarán a la Cámara de Comercio, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), la Cámara Hotelera y la inmobiliaria, la patronal de taxis y Uber.

Consultado sobre el tiempo que llevará asesorarse con tantos invitados, el diputado dijo que el Poder Ejecutivo “no puso ningún plazo”. Esto lleva al nacionalista a entender que “este proyecto obedeció a presiones por las protestas” y es un intento de “dar respuesta pero que no goza de la efectividad que (el gobierno) quiere transmitir por la prensa”.

Por otra parte, fuentes de Uber dijeron a SdR que “no fueron convocados todavía” pero que “están totalmente dispuestos a colaborar”. Mientras que CUTI en un comunicado afirmó estar esperando la invitación en las próximas semanas para “recomendar que el proyecto no sea votado tal como fue presentado por el Poder Ejecutivo”.

Para el diputado del Partido Colorado, Adrián Peña, “la Intendencia de Montevideo, que tiene competencias, según la Ley Orgánica Municipal no está realizando determinado tipo de tareas de control” porque “no tiene el respaldo suficiente desde el punto de vista de lo que la ley establece”.  y según Peña este proyecto “no daría esas certezas”. Para el legislador, las posibilidades de sanción planteadas por el Poder Ejecutivo son “desproporcionadas y fuera de los límites establecidos en la Constitución”.

Leticia Castro