Indemnización para víctimas de tragedia en Young en grabación de “Desafió al Corazón”

10 AÑOS DESPUÉS

La locomotora que protagonizó el accidente. Foto: AFP

La ciudad de Young en Río Negro, en el 2006, fue protagonista de una tragedia donde ocho personas murieron y catorce sufrieron heridas considerables. El 17 de marzo de ese año llegó a la ciudad la producción de Canal 10 para grabar un episodio de “Desafío al Corazón”, un programa donde distintas instituciones recibían un premio luego de cumplir una prueba especial. En marzo también, pero diez años después, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) falló a favor de las víctimas del accidente.

En esa oportunidad el Hospital de Young buscaba un nuevo sistema de calefacción, para conseguirlo los voluntarios debían cinchar una locomotora y dos vagones, con los motores apagados, una distancia de al menos 56 metros, tal como marcaba el desafío propuesto por los creativos del programa.

El director del Hospital de Young en ese entonces, Juan Pablo Apollania, designó junto a la comisión de apoyo del centro de salud a la profesora de educación física Adriana Borba para dirigir la “cinchada”. No hubo ensayos ni cálculos matemáticos, simplemente se estimó que alrededor de ochenta personas serían suficiente.

A pesar de la lluvia mucha gente asistió al evento. La prueba comenzó 10 minutos antes de lo previsto debido a una confusión entre Borba y el operario de la locomotora. Tanta gente cinchó que la máquina se impulsó más rápido de lo previsto y arrastró con ella a seis personas que fallecieron en el acto.

Tras lo ocurrido, en Young comenzó una investigación penal que no contaba con el apoyo del pueblo. La gente creía realmente que había sido un accidente provocado por el entusiasmo de todos los presentes y eso explica en parte por qué solo hay tres grupos de demandantes en el fallo judicial al que accedió SdR.

El excomisario Héctor Recoba falleció en el acto, su hijo Julio llevó adelante una demanda tanto penal como civil. Consultado por este proceso prefirió no hacer ningún comentario. Otro de los casos es el de Silvia Porcal quien sufrió heridas graves en el accidente. La mujer dijo a SdR que está “alejada del tema” y que prefiere dejar todo “en manos del abogado”. El tercer grupo demandante es el caso Muniz.

Gustavo Salle es el abogado que llevó a cabo la demanda penal en nombre de Julio Recoba. El letrado denunció no solo a  AFE y Canal 10, sino también al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Salud Pública y al Hospital de Young. Salle dijo a SdR que el caso es un “bochorno” y que deja en evidencia “la completa falta de independencia del Poder Judicial”, ya que el único organismo estatal que fue visto como responsable es AFE.

En efecto, el fallo de la SCJ en primera instancia solo señalaba la culpabilidad de AFE y recién en segunda instancia se condenó también a Canal 10 y al Hospital de Young. Finalmente la demanda penal terminó absolviendo de culpa a todas las partes.

En materia civil el abogado fue César Silva, quien representó a Recoba y Porcal durante los diez años del proceso. Consultado sobre el caso, Silva aseguró que el fallo es “muy exiguo” y agregó que “es lo normal en este sistema” donde “una vida vale 50.000 dólares”. Luego de dos apelaciones la SCJ falló a favor de las víctimas, condenando a  AFE como el mayor responsable y fijó en 15 por ciento la coparticipación causal de Canal 10 y el Hospital de Young respectivamente.

Para el abogado, cada grupo demandante cobrará por daños morales un aproximado de 20.000 dólares en total, que en el caso de Recoba se divide entre los cuatro hijos de la víctima y en el de Porcal entre la víctima, su pareja y la hija. En este caso, también se cobrará por lucro cesante, que refiere a “un pago por todos los años que podría haber trabajado y no lo hizo debido al accidente ya que la jubilaron por enfermedad”, explicó Silva.

Tanto Silva como Salle no creen que el caso haya demorado “más que otros” sino que se atrasó debido a la “gran cantidad de apelaciones”. Salle agregó que “nadie quiso hacerse cargo de la desgracia”, mientras que Silva sostuvo que tantos demandantes y culpables llevó a que el proceso se extendiera todos estos años.

Respecto a cómo seguirá el caso, el letrado civil es “optimista” y piensa que para diciembre de este año las víctimas podrían cobrar lo correspondido. Aunque aclaró que todo depende de las arcas del Estado, porque “si el Ministerio de Economía y Finanzas no cuenta con el dinero suficiente para pagarle a las víctimas los plazos se extienden”. En tanto, Canal 10 tendrá 45 días a partir de la fecha en que se cierren las liquidaciones para hacer efectivo el pago.

Leticia Castro