Conferencia en el Día de la Libertad de Prensa

EXPRESIÓN DE LA DEMOCRACIA

 

los medios y la democracia. Foto: APU

Convocados por la Asociación de la Prensa Uruguaya, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAInfo), la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay (ASOPROD) y la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) representantes de diversos organismos de la sociedad civil reflexionaron sobre la libertad, la democracia y su relación con la comunicación, en ocasión de la celebración del Día de la Libertad de Prensa. El abordaje del derecho a la libertad de expresión, y los aspectos que la limitan, incursionó en tres temas concretos: la vigencia y aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; la situación del acceso a la información pública; y, por último, el monitoreo sobre el estado de la libertad de expresión en Uruguay.

La contradicción de los medios

 

El primero en tomar la palabra fue Daniel Lema (presidente de APU), quien mencionó dos temas centrales que se volverían a retomar en la conferencia. El primero, referido a que es el segundo año consecutivo que CAInfo registra un monitoreo sobre amenazas a periodistas. El segundo aspecto, en tanto, trató sobre el concepto de libertad de expresión que debe ser visto como aquella instancia puramente democrática.

El segundo en hablar fue un representante de la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay (Fesur), quien insistió en la democratización de las telecomunicaciones, destacando con ello que estamos ante una situación contradictoria a nivel regional. Existe en Brasil y en otros países un deterioro de la democracia impulsado, en parte, por los medios. A su entender, Brasil es el país más grande de América Latina y es allí donde hay un vínculo muy fuerte y marcado entre poder económico y medios de comunicación.

Sin embargo, ante esta situación crítica, el domingo primero de mayo se creó el canal del PIT-CNT en Uruguay. “Este hecho nos trae a algo mucho más complicado y urgente que requiere de cierta voluntad política para su aplicación: la Ley de Medios”.

El tercero en exponer fue el presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Juan Faroppa. Lo primero que expresó fue su preocupación por el peligro que debe afrontar la profesión del periodista día a día en muchos lugares del mundo. Inmediatamente, le dedicó un saludo a aquellos medios que toman su papel como independientes, entendiéndolos como lugares en donde se ejerce un derecho fundamental.

Faroppa agregó que la libertad de prensa es hija de la libertad de expresión y que, por ende, es fundamental para el ejercicio de los derechos humanos. “No debemos olvidar que en América Latina la libertad de prensa no está garantizada. No podemos caer en la vieja posición uruguaya que afirma que no va a suceder nada porque aún no ha pasado. Es cierto que hay 28 episodios,(denunciados en el informe sobre agresiones contra periodistas en Uruguay) los cuales no son tan graves como sucede en otros lados pero no debemos nunca naturalizar los sucesos, y menos cuando se está hablando de derechos humanos. Hay que tenerlos en constante presencia para no olvidar lo que costó conquistarlos y lo que sigue dificultando aún hoy mantenerlos.”

Las intervenciones de apertura culminaron con la participación de Guilherme Canela, representante de UNESCO, quien no pudo asistir a la reunión pero envió un video en el que se expresó sobre el tema. Según sus palabras, la libertad de expresión ya no es vista como se pensaba antes, sino que hoy en día implica intrínsecamente una consolidación de la democracia y va sujeta a un nuevo concepto: el desarrollo sostenible. “Lo económico y lo social son vistos como parte de un todo que determina el futuro de las próximas generaciones. El desarrollo sostenible depende de una libertad de expresión efectiva y el paso a una elaboración legal sobre el tema es solo el primer aspecto de una compleja realidad. Lo importante aquí es cómo avanzar en medios libres y plurales.”

 

Vigencia y aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

 

La primera en hablar sobre esta Ley fue Lilián Celiberti, representante de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD). Ella considera que la libertad de expresión, pensada como herramienta central de una real democracia, no debe ser vista como sinónimo de libertad de prensa. Es por esta razón que su discurso se centró específicamente en la libertad de expresión. A su entender, esta última tiene dos dimensiones: una colectiva y otra individual.

Según Celiberti, el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre inconstitucionalidad de varios artículos del texto, se basa solamente en una dimensión individual mientras que la ley es una herramienta legislativa que ha buscado promover la libertad de expresión en su dimensión colectiva. “El estándar de las dos dimensiones instala que no solo debe pensarse en una sola dimensión”, afirmó.

Destacó, además, que a diferencia de la dimensión individual, donde la normativa del Estado debe ser mínima, la dimensión colectiva debe ser regulada. Celiberti entiende que el derecho de libre comercio es por naturaleza completamente diferente al derecho de libertad de expresión, y no deben ser nunca tratados como sinónimos.

A pesar del fallo por la inconstitucionalidad, considera que la ley mencionada debe hacerse efectiva por lo que existe la necesidad de acelerar el proceso de los órganos reguladores. “Como actores de la comunicación tenemos el deber de difundir estos debates. Sin embargo, no encontramos el eco necesario de las autoridades para impulsar la ley”, reflexionó.

Por último, el presidente de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay (Asoprod), Diego Fernández,destacó que han pasado seis años para implementar la ley, tiempo que, a su entender, ha sido excesivo para enfrentar un tema que la sociedad necesita de urgencia. “Venimos muy atrasados como país. Esto debe realizarse de una buena vez. Estamos siendo testigos de que hay una ley aprobada pero que no se ejecuta.”

Fernández, además, estimó que se necesita cambiar el paradigma que tiene la televisión uruguaya de ser un medio consumidor, donde durante 60 años no hemos prácticamente producido. “Lo que ha preocupado a nuestros medios ha sido intercalar cualquier cosa con publicidad”.

Sin embargo, entiende que esta situación desoladora no solo queda en el ámbito privado sino que se traslada a la televisión pública, la cual está mucho más rezagada que la Ley de Medios. “Esta televisión no es pública sino que simplemente estatal. Se impone alguien elegido directamente desde el ejecutivo, no hay concursos y se depende directamente de rentas generales. Pero no solo tenemos deficiencias en esto, sino que en la Ley de Medios, dentro del 60% de la programación destinada a la producción nacional, un 30% iba a estar dirigido a la producción independiente. Sin embargo, esto ha sido eliminado”.

Por último, Fernández considera que hace 10 años la ley era imprescindible, actualmente hay muchas cosas que quedaron obsoletas. Por ejemplo, esta ley ni siquiera incluye a Netflix y YouTube, donde no hay ni tres películas uruguayas en su catálogo. Es por esta razón que entiende que se necesita regular, pero siempre se debe tener en cuenta que la realidad que se intenta atacar es mucho más amplia.

Según Fernández, la Ley de Medios concibe que el 0,6% de la facturación del cable va al Fondo de Producción Audiovisual. Sin embargo, a su entender es un porcentaje de una dimensión bajísima en comparación con lo que comúnmente factura una empresa de ese rubro al año. Por tanto, es de suma importancia aplicar una política integral que incentive a la producción nacional.

 

Situación del acceso a la información pública

 

Tania Da Rosa, representante del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), enfatizó que el acceso a la información pública es un derecho igual de fundamental para la democracia que la libertad de expresión. Pero que, sin embargo, muchas veces tenemos una perspectiva restringida de él.

“Desde CAinfo queríamos expresar un balance sobre el derecho al acceso de la información pública. Es una agenda que convoca a todos los actores, personas, periodistas y a muchas organizaciones del país. Es por esto que lo llamamos gobierno abierto”.

Afirmó que la Ley sobre Acceso a la Información Pública implicó un avance en el reconocimiento del derecho. Luego de varios intentos desde la década del 90, en 2008 se pudo instalar un discurso público donde la transparencia debía ser el objetivo central de la actividad pública. Sin embargo, Da Rosa considera que la ley se está inclumpliendo tanto en la transparencia activa (entendida como el deber que tienen los organismos de publicar la información en los sitios web) y la transparencia pasiva (cuando los ciudadanos piden información). Además, puntualizó que nunca se cumplen los plazos por lo que existe un abuso del artículo 14 de la ley.

También destacó que CAinfo no tiene información completa sobre cómo se cumple la ley en los organismos, especialmente porque los últimos datos que existen parten del 2013 y no son muy alentadores: 3 de cada 4 personas no conocían la ley, por tanto no tenían conciencia sobre sus derechos. “Es cierto que algunos asuntos son atendibles desde la implementación de algunas políticas públicas pero no debemos olvidar que otros son desde lo legal que debemos atacar. Hay varias cuestiones que requieren un perfeccionamiento de la ley, la cual está por debajo de los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

 

Lucía Barrios / Guillermo Mello