Sobre las denuncias de irregularidades en Dinamige

TIERRA DE NADIE

 

Explotación de Orosur en Minas de Corrales. Foto: Uruguay Libre

Entre arreglos para la exoneración de impuestos y facilitaciones para algunos proyectos mineros, se convulsionó la órbita de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) tras las denuncias publicadas en Búsqueda en la semana del 19 de mayo. Algunas de las sospechas  apuntan a vínculos de miembros de este organismo con representantes de la empresa minera Orosur, que actualmente explota canteras en la zona de Minas de Corrales en Rivera, lo que habría facilitado exoneraciones fiscales o la reducción de costos para esta empresa.

Por iniciativa de algunos legisladores se ha planteado la necesidad de realizar una investigación más profunda sobre el tema. En este sentido, se conoce que el diputado del Partido Colorado Adrián Peña Robaina efectuó un pedido de informes a la empresa Orosur sobre sus movimientos financieros, aunque hasta el momento no se ha formado una comisión investigadora.

La empresa en cuestión es un grupo económico de capitales canadienses que funciona en Uruguay bajo el nombre de Loryser SA y se dedica a la extracción y exportación de oro. La empresa ha declarado facturar ganancias que oscilan entre los 80 y 90 millones de dólares anuales, exportando un promedio de 18.000 onzas (unas dos toneladas), según sus registros en Canadá. Uruguay, a pesar de que esta corporación trabaja en otros países, es el único lugar en el que produce actualmente y los materiales extraídos se transportan a Francia para su refinamiento.

A favor de esta minera se han tomado decisiones controversiales como la exención del pago del canon por la actividad de explotación, impuesto que representa el 5% de los ingresos anuales de la empresa, porcentaje que a su vez se distribuye en un 3% para el Estado y el 2% restante para los propietarios de los terrenos explotados. La minera fue eximida de la parte estatal de este impuesto mediante un decreto del MIEM de diciembre de 2015, a pedido de Orosur, que en octubre debía abonar lo correspondiente al semestre, contando desde abril.

SdR se comunicó con el presidente del movimiento Uruguay Libre, Raúl Viñas, quien dijo que le sorprendió que se otorgara ese beneficio, ya que el canon es prácticamente el único resarcimiento que podría obtener el Estado uruguayo por esa actividad. “Esperaron para sacarla el 28 de diciembre, fecha clave si las hay, el día de los santos inocentes”, ironizó, y agregó que es “un momento entre Navidad y fin de año al que nadie le da bola y además nunca salió a la prensa ninguna persona del Ministerio de Industria a decir que habían sacado esa resolución”. De acuerdo con la nota de Búsqueda esta concesión no cuenta con antecedentes en Uruguay, además de que contraviene lo que establece el artículo 47 de la ley 15.242 que impone un período máximo de diez años desde el comienzo de la explotación para conceder la exoneración. Sobre este punto Viñas, docente de  la carrera de ingeniero agrónomo, acotó que Orosur “está explotando el oro en Uruguay desde el 99 y desde el año 2003 exporta bajo el nombre de Loryser”, por lo que, a matemáticas simples, ya no debería corresponderles este beneficio. La justificación del órgano ministerial se basa en una interpretación de la norma que toma como punto de partida la solicitud de permiso y no el inicio de la explotación y de este modo esa resolución autorizó la exoneración del canon para dos de los seis permisos que posee la empresa. “Lo interpretaron de una manera que verdaderamente le da todo a la empresa”, sostuvo.

Sin embargo existe un inconveniente en cuanto a los controles de esta actividad que, según fue divulgado en la nota de los periodistas Santopietro y Sartori, recalan en la carencia de personal para estas labores: cuatro inspectores y un fiscal son los únicos funcionarios para todo el territorio nacional. Ante estas deficiencias el contralor queda restringido en diferentes áreas: a nivel del impacto ambiental, de las cantidades reales de minerales que se extraen, del origen de estos y de la calidad del material que exportan. Sobre este último punto Viñas explicó a SdR que lo que se extrae en Minas de Corrales es lo que se conoce como doré, una mezcla de oro y plata con un valor inferior a veces hasta en un 50 % en relación al precio del oro puro. El presidente de Uruguay Libre puntualizó que en el caso del doré sus elementos pueden encontrarse en diferentes proporciones y afirmó que eso debería ser registrado previo a su exportación. En la situación actual, se desconoce el porcentaje real de oro que lleva cada lingote y el Estado queda supeditado exclusivamente a las declaraciones de los empresarios. Eso “se podría subsanar fácilmente porque ese oro va a una bóveda en la Ciudad Vieja y después es transportado por camiones blindados hasta el aeropuerto donde se exporta en avión”, dijo.

Néstor Campal, recientemente designado como nuevo director de Dinamige, reconoció a SdR que están en un momento de reacomodamiento interno y que buscan sumar más funcionarios para el contralor técnico. “Probablemente recién en los próximos meses, de acuerdo a la velocidad de los cambios de la administración pública, incorporemos nuevo personal y otros elementos que nos permitan cumplir de mejor manera las tareas específicas del organismo, incluido el análisis y sobre todo el control, que es un tema crítico y personalmente me preocupa mucho”, expresó.

A nivel ambiental, el representante de Uruguay Libre recordó el efecto negativo que el cianuro de sodio tiene sobre el suelo y que se importan un promedio de 500 toneladas de este químico por año. A su vez, por alguna razón, esta sustancia ingresa al país en calidad de “admisión temporaria”, lo que, según la definición del Ministerio de Economía y Finanzas, significa que está exenta de impuestos porque no tiene fines de consumo y se presume que saldrá nuevamente del país en forma de mercadería. A esto Viñas opuso que “sería como que el fertilizante que se utiliza para cualquier planta entrara en admisión temporaria porque después va a salir en el grano de maíz o algo por el estilo, no es una admisión temporaria, es un insumo”. Ahondando en este asunto, la brecha entre el área de explotación y los minerales obtenidos es notoria, ya que, según ha declarado la empresa, extraían alrededor de 1,4 gramos por tonelada de roca, aunque ahora encontraron un nuevo yacimiento con una mayor producción que oscila en los 2,2 gramos por tonelada.

El otro aspecto que ha resultado problemático es la concesión de la calidad de industria a este emprendimiento, con todos sus beneficios. En sí el procedimiento que ejecutan consiste en aplicar cianuro para poder separar el doré de la roca, y eso no se considera una actividad industrial per se, sino que, como declaró Viñas, “es el hecho de llevar la roca a lo mínimo que pide el mercado internacional; están solamente concentrando el material que ya existe y eso no es industria en ningún lado”. Sobre este aspecto, el profesor manifestó su preocupación ante un eventual juicio de la empresa minera Aratirí ya que esos privilegios le fueron negados en su momento y ahora podría abrirse una posibilidad para que denuncie al Estado uruguayo por esta situación. Además, Viñas recalcó que con las facilidades que cuenta esta corporación, “lo único que podría recibir Uruguay en este momento es el impuesto a la renta de las actividades económicas de lo que realizan las empresas del grupo de Orosur, y normalmente es muy bajo”. Ante el panorama expuesto, el activista concluyó que “esta empresa Orosur, sin hablar de corrupción por supuesto, tiene unas conexiones muy buenas que le permiten obtener ese tipo de cosas que otras empresas nunca pudieron obtener”.

Maximiliano Silva