Una moderna forma de colonialismo aplicada a Puerto Rico

AHOGADO EN LAGUNA LEGAL

El presidente provisional de Haití, Jocelerme Privert (izquierda), recibe el informe de la comisión que investigó las elecciones nacionales de 2015. Foto: AFP / Héctor Retamal.

Estados Unidos aprobó en el Congreso un proyecto que establecerá una junta federal de control fiscal para Puerto Rico. El proyecto propone la Ley para la Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica para Puerto Rico (PROMESA, por su siglas en inglés) que crea un consejo que funciona por encima del gobierno de la isla; su principal misión es poner en orden los gastos y pagos realizados por el gobierno local para la reestructuración de su deuda pública, que supera los 70 mil millones de dólares.

A pesar de las protestas planteadas por el gobierno puertorriqueño, la junta tendrá el poder de decidir directamente sobre el presupuesto del país, además de la potestad para incidir en los planes fiscales, y pasar por encima de las leyes constitucionales.

La fecha límite es 1 de julio, ya que si Puerto Rico no paga un vencimiento crucial de lo adeudado sería la primera vez que incumple con los bonos de obligaciones generales. Los asesores económicos estadounidenses no creen que la ayuda del nuevo consejo llegue lo suficientemente rápido. Phil Fischer, jefe de investigación municipal de Bank of America en Nueva York, dijo al portal Bloomberg: “Hay mucha incertidumbre sobre lo que va a ser pagado y cómo, no creo que se llegue a tiempo“.

El gobernador de la isla, Alejandro García Padilla, ha dicho públicamente que no se puede cubrir la deuda sin afectar los servicios esenciales del país. Actualmente Puerto Rico tiene 3.5 millones de habitantes, con una tasa de pobreza de 45% (2015). En el país ya se cerraron más de 150 escuelas y en los últimos años el gobierno aumentó el impuesto al consumo del 7 al 11 por ciento. En junio de 2015 García Padilla informó al pueblo que “considerando el estado de nuestra economía no podemos pagar la deuda, no es un tema de políticas, es un tema de matemática”.

El problema de la soberanía de Puerto Rico se remonta a 1901 cuando queda anexado a Estados Unidos como “un territorio extranjero a Estados Unidos en un sentido doméstico”; la anexión tuvo un curioso título: estado libre asociado. Debido a esta condición, muchas leyes aplicables a los estados tienen lagunas legales para Puerto Rico, y esto genera fuertes consecuencias en la isla.

Según un informe presentado en el programa televisivo “Last week with John Oliver”, en los años ’70 el gobierno de Estados Unidos fomentó las inversiones en Puerto Rico, a través de generosas exoneraciones tributarias que impulsaron un próspero sector manufacturero. El Congreso estadounidense eliminó esas exoneraciones en 2006 y eso, sumado a la recesión económica, provocó la pérdida de más del 50% del empleo industrial, lo que dejó muy mal parada a la economía de la isla.

Para pagar la deuda se emitieron bonos municipales, es decir, el Estado pedía dinero prestado y prometía devolverlo con intereses. Mucha gente compró esos bonos porque, gracias a una laguna legal, eran muy atractivos:no pagaban impuestos federales, ni estatales ni locales. Además, se estableció en la Constitución que ciertos tenedores de bonos cobrarían antes que nadie, incluso antes del financiamiento de los servicios básicos, como la salud y la enseñanza.

Gracias a estos atractivos, grandes cantidades de dinero entraban a Puerto Rico tal como dijo su exgoberandor, Luis Fortuno, en la cadena de televisión America: “Puerto Rico se hizo adicto. Eran muy atractivos para el mercado, así que era mucho más fácil salir a pedir prestado, que tomar decisiones difíciles”.

Debido a otra laguna legal, Puerto Rico no puede declarar la bancarrota. Esto se debe a una enmienda de 1984 que, según la investigación del mencionado programa, nadie sabe por qué se redactó, no hay archivos que expliquen el motivo”.

Actualmente la mayoría de los acreedores de la deuda puertorriqueña son fondos de alto riesgo, conocidos como “fondos buitre”, porque se aprovechan de países con una economía en crisis, compran los bonos a un precio bajo, esperando luego cobrar altos intereses y el total de lo adeudado, rechazando cualquier negociación. Ahora el 30% de la deuda de Puerto Rico le pertenece a los fondos buitre.

Estas instituciones están preocupadas únicamente por su ganancia: en un informe de 2015 del Grupo Centennial, firmado por José Fajgenbaum y Jorge Guzman, se propone reducir los costos médicos, y el número de maestros en la escuela. “La propuesta es bastante interesante; aunque es muy dura para Puerto Rico, va a ayudar a traer disciplina; hay que ver cómo se maneja este tema. Mientras se respete el orden y las prioridades de los bonos, yo creo que estamos en una situación razonable”, dijo Claudio Loser, presidente de la Consultora Centennial América Latina, a la cadena de televisión CNN.

Leticia Castro