Colombia sale de una de las movilizaciones obreras más grandes de su historia

NEGOCIANDO EL FUTURO

Una manifestación durante el Paro Agrario en Colombia. Foto: onic.

Finalizó en Colombia el Paro Nacional Agrario, una gran movilización que convocó a más de cien mil personas y se prolongó durante dos semanas. La protesta consistió en actividades, encuentros y charlas, además de las marchas y trancazos en las ciudades. El reclamo, convocado por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, se replicó en veintidós de los treinta y dos departamentos de la nación.

Los ciudadanos se movilizaron tras el incumplimiento de los acuerdos firmados luego del paro del 2013. En esa oportunidad los movimientos populares que salieron a la calle fueron duramente reprimidos, dejando un saldo de diecinueve fallecidos en manos de policías.

Los convenios que se firmaron luego de una mesa de negociación no fueron cumplidos por el gobierno de Juan Manuel Santos. En 2015 fueron revisados y el presidente se comprometió a impulsar los cambios; un año después la población decidió salir a protestar por la falta de respuesta.

Marcelo Aguilar, periodista especializado, contó a Radio Pedal, desde el país cafetero, cómo se desarrolló el conflicto. El 13 de junio los protestantes y el gobierno de Santos llegaron a un acuerdo general. Según los voceros de la Cumbre el pueblo salió de las negociaciones fortalecidos organizativa y políticamente porque, según explica Aguilar, “se logró un reconocimiento y legitimidad de la protesta del pueblo”.

Las demandas de la Cumbre tienen siete ejes principales. El primero es el cumplimiento de todo lo acordado por parte del gobierno de Santos en los últimos cuatro años.

“Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial”, una reforma agraria integral, es uno de los principales puntos que intenta negociar la Cumbre. “El gobierno liquidó el instituto que regulaba el proceso y no avanzó en las zonas de reserva campesinas (territorios que se ceden a los pobladores para que no se puedan entregar a las empresas multinacionales)”, detalló Aguilar. Como resultado de las negociaciones el gobierno nacional se comprometió a  identificar “física y jurídicamente las tierras productivas con fines de redistribución a campesinos sin tierra y/o poca tierra”.

Junto con esto, la Cumbre propone mejorar la relación campo-ciudad, busca eliminar las barreras a partir del regreso de las poblaciones al campo. Respecto a este punto comenzó a funcionar el 17 de junio una comisión para elaborar el camino a seguir, conformada por la Cumbre Agraria y ministros de Interior, Agricultura y medio ambiente, vivienda y de Planeación nacional.

El sector minero energético también está en disputa. La Cumbre busca una nueva política, que tenga como punto principal eliminar la declaración de la minería como un bien público, ya que no lo entiende como un interés nacional. Lo acordado en las negociaciones fue la revisión de la forma en que se otorgan las licencias y concesiones a empresas mineras, en busca de constatar su legalidad o revocarlas ,fuera el caso.

La Cumbre le reclama al gobierno una “economía propia frente al despojo”; según Aguilar se intenta “fortalecer alternativas de economía solidaria y popular frente al avance de las multinacionales, debido a que desde el Ejecutivo se ha fortalecido el modelo de concentración de las tierras y el agronegocio”.

La paz y los derechos humanos es un capítulo muy importante exigido por los protestantes, quienes no solo buscan el cese del fuego directo, sino “la justicia social”. En este punto el gobierno se comprometió a judicializar las estructuras paramilitares y avanzar en investigaciones efectivas, además de habilitar caminos para la participación y reconocimientos de movimientos civiles.

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ACUERDO DE PAZ

Un histórico acuerdo se firmó el jueves entre el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para garantizar la paz.  El anuncio fue hecho en Cuba, sede de las conversaciones entre las partes desde 2012. Se negoció el cese al fuego bilateral, el desarme de los rebeldes, y la desmovilización de los guerrilleros; todo apunta a la firma del acuerdo final.

Según lo acordado, se formarán 23 zonas y ocho campamentos para que los guerrilleros se concentren y comiencen la desmovilización; la ubicación de estos campos no fue publicada. Cada una de las zonas tendrá un lugar destinada a guardar las armas, estarán vigiladas por la fuerza policial y controladas por observadores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), de la FARC y del gobierno colombiano.

Uno de los puntos más complejos de la negociación aun no fue tratado por las partes: cómo reincorporar a los integrantes de la FARC a la sociedad civil.

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En otro punto la Cumbre exige una nueva “ley de medios” que democratice la comunicación, dé participación a los pueblos y brinde el derecho de información para lograr la paz.

A pesar de lo avanzado, “la incertidumbre continúa porque el Ejecutivo ha mostrado de sobra una falta de voluntad y capacidad de diálogo, además de un ataque material directo a las comunidades, sumado al modelo liberal que ha abrazado para Colombia”, puntualizó el periodista.

A pesar de que las comunidades se retiran de los puntos de cortes, Aguilar señaló que “se encuentran en asamblea permanente, quedan esperando y participando de la construcción de estos acuerdos pero organizados como garantes de que se avance sobre ellos”.

 

Leticia Castro