Desencuentros en el Frente Amplio

REFORMA SIN CONSENSO

"No a la baja", el último plebiscito.

“La democracia no tiene valor económico; si ese es el argumento, no hagamos elecciones en el 2019 porque sale caro” dijo a SdR Carlos Coitiño diputado por el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) con respecto a las críticas al proyecto de reforma constitucional que busca realizar el Frente Amplio.

Coitiño aclaró que el proyecto no es una “cortina de humo”, sino que es un objetivo fundacional de la fuerza política, que por diversas razones no se pudo concretar. Luis Puig, diputado por el PVP, dijo a SdR que esto viene planteado hace mucho tiempo, pero tiene “constantemente trabas dentro del Frente, es un tema permanente”. Puig consideró que hay mucha “resistencia interna de quienes no quieren cambiar la posibilidad de poder avanzar en ciertos temas”.

La propuesta para reformar la Constitución se aprobó mediante una votación en el plenario del FA. En aquella ocasión, el sector Asamblea Uruguay decidió no apoyar la medida. “Se opusieron porque dijeron que no es oportuno, como si fuera palabra sagrada, aunque es una fundamentación muy débil”, afirmó Coitiño.

José Carlos Mahía, integrante de Asamblea Uruguay, aclaró que la negativa de su sector se debe a que “no hay una definición suficientemente profunda en el Frente Amplio en aspectos centrales. A su vez destacó que no es tiempo de realizar estas propuestas debido a que hay “otros problemas de coyuntura más importantes”.

Sin embargo, Coitiño considera que es el momento adecuado para tomar medidas de este tipo, ya que es necesario “recomponer” y “mejorar”, el relacionamiento de la fuerza política con la sociedad civil organizada.

Por otra parte, Mahía se mostró contrario a la forma de implementación buscada por algunos sectores como el PVP: “La Convención Nacional Constituyente en teoría es muy participativa, pero en la práctica puede llevar a situaciones muy complejas, políticamente”, enfatizó.

Existen cuatro formas de modificar la Constitución: una es a través de la recolección de firmas del 10 por ciento de los habilitados; una segunda vía requiere que el proyecto reúna dos quintos del total de componentes de la Asamblea General; una tercera vía, a través de una ley constitucional, requiere la aprobación por dos tercios de componentes de cada cámara (66 diputados y 20 senadores); y una cuarta admite que senadores y diputados o el Poder Ejecutivo presenten proyectos que deberán se aprobados por mayoría absoluta (50 + 1) de la Asamblea General, con llo que el Ejecutivo está obligado a convocar a una Convención Nacional Constituyente. En cualquiera de los casos, los proyectos aprobados deberán ser ratificados en plebiscitos.

La Convención Nacional Constituyente es un mecanismo de reforma constitucional integrado por 260 integrantes más una línea de dos suplentes por cada integrante. Quienes integran la convención son elegidos por la vía electoral, según representación proporcional integral y deben cumplir con los mismos requisitos exigidos para diputados.. Una vez instalada la convención, tienen un año para aprobar él o los proyectos de reforma, por mayoría absoluta, y finalmente el Poder Ejecutivo fijará la fecha del plebiscito. Es un proceso que dura aproximadamente dos años.

Desde el PVP se entiende que esta forma es la más adecuada, porque es un “organismo vivo” en el que la propuesta inicial puede modificarse a través del debate de las diferentes representaciones elegidas por la ciudadanía. “Es importante hacer un proceso de discusión que incluya a los trabajadores, cooperativistas y la gente de todo el territorio nacional, que se entienda el vínculo que esta reforma tiene con las condiciones de vida de la gente”, subrayó Puig.

Desde Asamblea Uruguay se considera que si bien es importante reformar la constitución y se coincide con la mayoría de los conceptos planteados, se plantea que hay que ser cuidadosos porque la gente “no necesariamente” evalúa votar la reforma, , sino que pueden “estar plebiscitando tu propio gobierno” y esto generaría para el Frente Amplio “más problemas que otra cosa”, remarcó Mahía.

En caso de que se decida reformar la constitución, Asamblea Uruguay propone que se debe hacer en puntos consensuados como la protección del medio ambiente o el fortalecimiento de los derechos humanos: “es algo que la sociedad en su conjunto valoraría muy positivamente”, expresó Mahía.

La senadora por el Movimiento de Participación Popular (MPP) Lucía Topolansky dijo a Telenoche que además de los puntos ya definidos por el FA, propone “eliminar el Senado y rever la representación de las proporciones de la ciudadanía”. Topolansky opinó que sería mejor tener una sola cámara con “participación más directa”. Cecilia Bottino, representante del MPP en el plenario del FA, dijo a La República que es necesario mantener conversaciones con los representantes de la sociedad civil organizada “para saber qué piensan ellos y qué pueden eventualmente proponer sobre cambios en la Constitución”.

La oposición

“Que el Plenario del Frente plantee esto solo permite hacer dos lecturas: o está desnorteado o se tiene una ambición de poder peligrosa”, dijo Javier García, senador del Partido Nacional a El País sobre la propuesta de reforma. García manifestó que es un “delirio” y acusó al oficialismo de vivir “en otra realidad”.

El senador Jorge Larrañaga en declaraciones a El País, tildó de “irresponsable” y “ridículo” el planteo del FA por hacerse en momentos de crisis económica, educacional y de seguridad ciudadana.

“Es muy difícil llegar a acuerdos con la oposición, porque cada contenido estructural de cambio implica proyectos distintos”, dijo Coitiño. “El único objetivo que plantea la oposición no es cambiar al país, sino cambiar al gobierno del Frente Amplio”, sentenció.

Federico Anfitti