Los puntos de la reforma constitucional que impulsa el Frente Amplio

LAS BASES DEL CAMBIO

 

El Plenario del Frente Amplio votó avanzar hacia una reforma de la Constitución. Foto: Twitter FA

El documento inicial que aprobó el Frente Amplio (FA) para la discusión de una reforma constitucional plantea diez puntos en los que se logró consenso. Entre ellos se destaca una reforma del Poder Judicial, la habilitación del voto consular, la modernización del derecho de propiedad y la redefinición del veto presidencial.

La Comisión de Constitución de la coalición de izquierda se reúne desde marzo de 2015 y logró llegar a acuerdos, sin embargo el documento no fue votado por Asamblea Uruguay (sector liderado por el ministro de Economía, Danilo Astori) ni por el Movimiento Popular Frenteamplista (MPF) por entender que “no es oportuno en la actual etapa llevar adelante un proceso de reforma constitucional”. Mientras que el Partido Socialista de los Trabajadores criticó la omisión de algunos temas.

En el documento los puntos se presentan en forma de titulares, sin propuestas concretas por parte de la fuerza política, y ello es uno de los mayores argumentos que tienen los sectores contrarios a la reforma. “No se han discutidos los temas con la necesaria profundidad como para plantear un cambio de esta magnitud”, aseguró a SdR el abogado constitucionalista José Korseniak, exlegislador frenteamplista en cuatro períodos en representación del Partido Socialista.

De la elaboración del texto aprobado participaron a través de la entrega de documentos y de presentaciones orales: el Partido Socialista, Movimiento Participación Popular (MPP), Nuevo Espacio, Movimiento IR, Movimiento Casa Grande, Vertiente Artiguista, Movimiento 764, Bases de Montevideo y el Partido por la Victoria del Pueblo, según establece la resolución del Plenario Nacional del FA a la que accedió SdR.

Hay algunos subtítulos en particular que no presentan aspectos novedosos. En el tercer punto denominado “Democracia y el Poder Legislativo” se señala que la Constitución debe ser “salvaguarda de todo intento autoritario”; en el séptimo punto “Descentralización y el tercer nivel de gobierno” se menciona la “concurrencia de voluntades para fortalecer el tercer nivel gobierno” y en el noveno punto llamado “La integración regional e inserción internacional” se destaca la importancia de lo regional para incluir al país en el plano internacional.

En el documento se establece respecto a la Justicia y el Poder Judicial, la aspiración de “mejorar el funcionamiento” y también “mejorar el sistema para la selección, designación, ascenso y capacitación de jueces y magistrados”. Actualmente los miembros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) son designados por mayoría especial de la Asamblea General, lo que provoca una negociación entre los partidos políticos que puede derivar en una politización de la Justicia.A su vez, los miembros de los tribunales de apelaciones son designados por una mayoría de tres integrantes de la Corte; en tanto que los jueces son nombrados directamente por la SCJ.

En cuanto al equilibrio y relación entre los poderes, se propone “redefinir el veto presidencial,  las esferas que no tengan control parlamentario y potenciar las comisiones investigadoras parlamentarias”. El FA ya había discutido sobre este tema en particular cuando en 2008 el entonces presidente Tabaré Vázquez vetó el capítulo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que legalizaba el aborto. En aquel momento legisladores como Luis Gallo (Asamblea Uruguay) y Margarita Percovich (Vertiente Artiguista) se manifestaron en contra del poder que le otorgaba la Constitución al mandatario.

Otro punto que los sectores frenteamplistas convinieron fue acerca de nacionalidad y ciudadanía. Van a promover “la activa integración” de los uruguayos radicados en el exterior mediante la habilitación del sufragio consular. En abril de 2009, por iniciativa de legisladores del FA se plebiscitó junto con las elecciones legislativas de ese año una reforma para permitir el voto epistolar, pero fracasó al recabar en las urnas solo el 37% de adhesión.

Quedó por discutir dentro de este punto la eliminación del sistema de ballotage (segunda vuelta) en las elecciones presidenciales, asunto que divide a varios sectores dentro de la coalición de izquierda. Tampoco se logró consenso sobre la “separación de las elecciones nacionales y departamentales”. El año pasado, tras la campaña por las municipales, a nivel político se barajaron dos posibilidades de reforma: separar aún más en el tiempo ambas elecciones (ahora hay menos de seis meses de distancia) o volver a realizarlas el mismo día pero con la posibilidad de votar presidente e intendente de diferentes partidos.

Otro de los aspectos que resolvió el Plenario Nacional del FA fue establecer “mecanismos de control para las nuevas formas de gestión” y “eliminar las trabas burocráticas”, con el fin de mejorar la “ética y transparencia pública”. Sin embargo no se detalla ninguna propuesta para llevar esto a cabo.

También se llegó a acuerdo en el capítulo “Dignidad y derecho humanos”, donde se destaca la incorporación de “las instituciones que hoy tienen naturaleza legal” y la importancia de “consolidar una nueva agenda de derechos”. Respecto a este punto no se llegó a un acuerdo sobre cómo el Sistema Nacional de Cuidados será consolidado en la Constitución.

Tampoco hubo consenso acerca del “concepto de renta básica”, una propuesta que consiste en que el Estado pague un ingreso a todos los ciudadanos solo por tener la nacionalidad. Esta iniciativa ya había sido impulsada por el MPP en 2012 y había sido rechazada por toda la oposición y algunos sectores del FA.

En cuanto al medio ambiente. el documento del Plenario establece que se debería “incorporar normas que consagren la obligación del Estado de preservar de manera sustentable las condiciones ambientales de Uruguay”. Actualmente, la legislación no tiene en cuenta nuevos agentes de contaminación lo que lleva a que las denuncias y los controles procedan con una alarmante lentitud.

Por otra parte, para el FA la “modernización del derecho de propiedad” debe incorporar las “nuevas realidades”. El documento señala que hay “nuevas formas de propiedad social, comunitaria y cooperativa que han sido reconocidas y privilegiadas por la legislación, criterio que debe reconocerse a nivel constitucional”.

Hecha la ley, hecha la reforma

En setiembre el Congreso Nacional del Frente Amplio tomará postura sobre una posible reforma constitucional. Hasta el momento solo hay un acuerdo general sobre diez puntos, aunque no se logró consenso al respecto entre todos los sectores dentro de la fuerza política.

Aparte de la Asamblea Constituyente, el Parlamento puede reformar la Constitución. Foto: www.emburuguai.org.br

En caso de llevar adelante una reforma, se definirá en el Congreso cuál es el mecanismo para impulsarla, de los cuatro planteados en el artículo 331 de la Carta Magna. El abogado constitucionalista José Korzeniac dijo a SdR que “ningún mecanismo es mejor en esta actualidad, porque hay temas mucho más importantes que cambiar una Constitución, que así como está permite cumplir con todo el programa del Frente Amplio”.

Algunos sectores como el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido para la Victoria del Pueblo aseguran que una Asamblea Nacional Constituyente es el mejor método. Si el Congreso votara por seguir este mecanismo se concretaría en cuatro etapas. Lo primero es la presentación y aprobación del proyecto por la Asamblea General; luego el Poder Ejecutivo convocará a elecciones de una Convención Nacional Constituyente compuesta por 260 miembros (y el doble de suplentes) que se eligen bajo el mecanismo de representación proporcional departamental como los diputados. Después la Convención tendrá un año para la elaboración y aprobación de proyectos de reforma, que luego se deberán someter a plebiscito.

Korzeniac cree que “muchas veces se entiende a la Asamblea como el camino más democrático pero es el más largo, más engorroso, y más costoso ya que habría que pagarle a 260 personas durante un año más sus secretarios, sus gastos de locomoción, de información, y otros”.

Coinciden con el especialista sectores como el Nuevo Espacio, la Vertiente Artiguista y la Liga Federal, que consideran a la “iniciativa popular” como el camino más adecuado. En ese caso se requieren las firmas del 10% de los habilitados en la Corte Electoral para someter la iniciativa a plebiscito.

Los otros dos mecanismos para reformar la Carta Magna son la iniciativa legislativa que consiste en proyectos que reúnan dos quintos del total de la Asamblea General (52 firmas), los que serán plebiscitados en la primera elección que se realice, y por otra parte las leyes constitucionales, que requieren para su sanción el voto de dos tercios del total de componentes de cada cámara del Parlamento. Según Korzeniac, estos mecanismos son mucho más “eficientes” porque no requieren movilizar a tantos representantes “e igual termina decidiendo la gente”.

Leticia Castro