El gobierno iniciaría las investigaciones sobre lavado de activos en los próximos días

INVESTIGACIÓN A LA URUGUAYA

Presidencia

La polémica que sacudió al mundo entero por la filtración y divulgación de documentación del  bufete de abogados Mossack Fonseca, llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, puso sobre el tapete a diferentes personalidades de todo el mundo como propietarios de sociedades off-shores en Panamá. En esta línea, Uruguay es uno de los principales países aliados de la firma panameña en la gestación, en conjunto, de tales sociedades.

Desde la Dirección General Impositiva y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) se sabía de la existencia y el funcionamiento de dichas sociedades fuera de la jurisdicción nacional, por lo que la filtración de documentos no sorprendió. Dado que en Uruguay rige el principio de Fuente Territorial, que consiste en gravar únicamente las rentas de fuente y los activos situados en territorio uruguayo, por lo que, tanto los activos situados en el exterior, como las rentas generadas por los mismos no se encuentran alcanzadas por el Impuesto a la Renta o el Impuesto al Patrimonio, el uso de las off-shore no supondría delito alguno, ya que son legales. Sin embargo, fueron anunciadas investigaciones, las cuales, según confirmó a SdR el secretario general de Anti Lavado, Carlos Díaz, se pondrán en marcha de manera exhaustiva a partir de agosto, momento en el que se dará inicio a la fiscalización masiva de sujetos obligados que deben rendir cuentas ante el Banco Central.

Díaz estimó que se podrán llegar a cubrir alrededor de 200 casos semanales, destacando que “hay que arreglar y ocuparse de lo nuestro, evitando mediante mecanismos de control, que una misma persona sea dueño de 60 u 80 sociedades off-shore”. El jerarca destacó la importancia de identificar a los beneficiarios reales en esas compañías, por lo que se está manejando la creación de una ley que regule su funcionamiento. En este sentido, comentó que “se está trabajando en el cambio de la legislación y el marco legal. Tenemos que seguir trabajando para saber quién está detrás de dichas sociedades, se trate de un narco mexicano o no”, haciendo referencia al caso del mexicano Gerardo Gonzáles Valencia, que residía en nuestro país y que además de pertenecer y vincularse a las actividades del cartel “Jalisco Nueva Generación”, estaba vinculado con dos sociedades anónimas panameñas creadas por Mossack Fonseca: “Montella Global SA” y “Deltodo Enterprises”, siendo el intermediario en nuestro país el estudio Asconsur.

Díaz sostuvo, además, que “Panamá es Panamá. Tiene su legislación y ellos saben si tienen que cambiarla en algo o no. Uruguay debe ocuparse de sí mismo, partiendo de la base de que deben existir delitos precedentes de narcotráfico, corrupción, etc; cuya ganancia sería destinada al lavado de activos”; y que hay una fuerte y marcada intención para lograr, a mediados del 2018, tener completo el circuito de control.

César Duarte