La Cámara de Comercio cuestiona la ley de inclusión financiera

POSIBLES INCONSTITUCIONALIDADES

Juan Mailhos arremete contra la ley de inclusión financiera. Foto: cncs.com.uy

Juan Mailhos, asesor jurídico de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS), anunció la voluntad de presentar recursos de inconstitucionalidad contra varias disposiciones de la Ley de Inclusión Financiera.. De prosperar, esta iniciativa podría afectar seriamente una norma que el gobierno estima esencial para su estrategia económica.

En entrevista con SdR, el asesor planteó su postura acerca de la ley explicando que, luego  de haber consultados a distintos catedráticos del derecho administrativo constitucional, se llegó a la conclusión que no todos los artículos son inconstitucionales, pero para aquellos que sí lo son, es posible presentar el recurso de inconstitucionalidad.

Nosotros sentimos que acá hay una invasión de los derechos individuales de las personas, se afecta la libertad de comercio e industria, se afectan los derechos de propiedad, y nos parece que varios de estos artículos son posibles de ser declarados inconstitucionales”, declaró.

En términos generales, Mailhos enumeraba  los problemas de esta ley: genera un impacto negativo en los empresarios, quienes van a tener que asumir más costos; se vulnera el derecho de intimidad , dado que la DGI podrá conocer el consumo de bienes y servicios de particulares; refuerza con nuevas herramientas el claro espíritu recaudador del Estado; contiene una excesiva potestad sancionatoria en caso de incumplimiento de la ley; otorga un tratamiento preferencial al sector público con respecto del sector privado; pone trabas para acceder a la justicia en caso de procedimientos de arrendamiento; crea unidades nuevas que no están incluidas en el código civil; y atenta contra la libertad del ciudadano, porque lo obliga en forma arbitraria a usar tarjetas de crédito como medio de pago electrónico. Además, Mailhos opinó que el control de incumplimiento debería estar a cargo de la Dirección General de Comercio y no de la DGI que podría utilizar esa información para realizar inspecciones; y que debería mantenerse la opción de pago de tributos en efectivo.

La Cámara de Comercio ha postergado la presentación de un escrito ante la SCJ, para actualizar su escrito en función de los últimos decretos reglamentarios de la ley.
Los catedráticos consultados por la CNCS explicaron que si presentan el recurso solamente como Cámara de Comercio, seguramente la Suprema Corte de Justicia lo rechaza sin analizar el fondo del asunto, por ser una gremial empresarial, por lo que  recomendaron  que el recurso de inconstitucionalidad fuera impulsado por distintas gremiales empresariales, alguna empresa en particular, algún trabajador, y algún jubilado, para tener cubierto todo el espectro. La iniciativa cuenta con el apoyo de comerciantes del interior del país

Por otro lado, Martín Risso, director del Departamento De Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, tiene una postura diferente, “yo no estoy muy seguro que hayan inconstitucionalidades, porque en definitiva es casi todo optativo, te obligan a que los salarios y a que las jubilaciones se paguen por banco, pero es por un problema de seguridad”, declaró a SdR

Para Risso, es más delicado el proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo que debe aprobar el Parlamento sobre el secreto bancario. Con esta ley, a partir del 2017, los bancos deberán reportar anualmente a la DGI los movimientos de empresas y particulares. “La inclusión financiera no la veo mal, es una tendencia  mundial, y a mi no me preocupa eso, a mi me preocupa quién va a tener acceso a esa información, y es ahí donde está el problema; por eso es tan importante o mucho más importante que la ley de inclusión financiera el proyecto de ley de secreto bancario”, comentó.

Según el asesor de la Cámara de Comercio, en la Ley de Inclusión Financiera lo que prima no es el interés de la gente, sino que lo que prima es el interés del Estado en tener registro de todas las operaciones y actividades “y que en definitiva puedan de manera compulsiva, llegado el caso, acceder a reclamos en materia impositiva”, señaló.
Andrea Fernández