El Estado resigna 3.500 millones de dólares anuales en exoneraciones fiscales

RECORTAR POR LO SANO

Exoneraciones a universidades, la punta de la madeja. Foto: DGI.

Quien termina decidiendo a dónde se dirige el dinero autorizado son las empresas privadas” que se benefician de la exoneraciones, expresó a SdR el diputado Gerardo Núñez a partir de la discusión que generó el artículo 185 de la Rendición de Cuentas, que elimina los beneficios fiscales para empresas que donen dinero a universidades privadas. A raíz de esto el MPP, el Partido Comunista, y la lista 711 propusieron una revisión de todas las exoneraciones tributarias; otros sectores las defendieron. El impuesto al Patrimonio “exonera más de lo que recauda”, expresó Núñez.

Según informó la Dirección General Impositiva, en 2013 el Estado uruguayo resignó US$ 3.501 millones por concepto de exoneraciones y deducciones, monto que significa un 6,08% del Producto Bruto Interno (PBI). Mientras se espera por la publicación del informe correspondiente al año 2014, algunos sectores del Frente Amplio pretenden “realizar una revisión del conjunto de las exoneraciones impositivas a los diversos emprendimientos que hay en nuestro país, ver en qué situación están, montos que se exoneran y que contrapartida recibe la sociedad uruguaya por los emprendimientos que reciben exoneraciones”, agregó el diputado.

El impuesto por el que más se dejó de recaudar en 2013 es el IVA, por una cifra de US$ 1.701 millones (2,96% del PBI). El Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), implicó renunciar a US$ 813 millones (1,41% del Producto), y las zonas francas suponen US$ 266 millones de ese impuesto.

Por otra parte, las deducciones del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) comprendieron US$ 294 millones (0,51% del PBI), mientras que por diferentes exoneraciones en el Impuesto al Patrimonio se resignaron US$ 650 millones (1.1% del PBI). Por último, el IMESI implicó la renuncia a US$ 42,1 millones (0,07% del PBI). La revisión de estas exoneraciones tiene su fuerte en una posible reasignación de recursos para la educación pública, pero también tiene que ver con el destino actual de esas exoneraciones, qué actividades incentiva el Estado, y cuáles está relegando.

El diputado Núñez explicó que en el caso de los juegos de azar se exoneran $1.200 millones de IVA, fundamentalmente en salas de casinos privados. En el Turf “lo que ocurre es una suerte de traspaso de recursos públicos a una actividad privada, que no nos parece un área que el país tenga que fomentar. Tampoco le generan al Uruguay una entrada de dinero óptima. El juego no es una actividad que deba ser exonerada o incentivada”, sentenció.

Sin embargo, otros sectores del oficialismo proponen una revisión muy cuidadosa y se muestran en desacuerdo con la eliminación de algunas exoneraciones. “La discusión sobre las exoneraciones fiscales en general no se puede hacer sobre el número total que se exonera”, expresó a SdR el diputado por Asamblea Uruguay Gonzalo Mujica. “Lo que hay que pensar es cuántas de esas actividades se estarían haciendo si no hubiera una renuncia fiscal para estimularlas”, agregó.

Mujica, que en 2015 dejó el Espacio 609 para sumarse a la lista 2121, opinó que “lo que primero hay que pensar es, una vez que yo corto esa exoneración si se la va a recaudar. Porque si yo corto la exoneración y la actividad cae o se descontinúa no voy a recaudar lo que estoy exonerando. También es un equívoco hacerle creer a la gente que yo puedo dirigir ese dinero hacia otras actividades, primero tengo que recaudarlo”.

Por su parte, Gerardo Núñez dijo que es bienvenido el debate pero “la exoneración existe y existe la plata. Es plata que está circulando en el país, que no se está abonando y que pesa. Un casino no va a dejar de incentivar el juego por una disminución en las exoneraciones”. El legislador agregó que ha recibido a muchos sindicatos que pertenecen a empresas con exoneraciones fiscales “que no cumplen con la normativa laboral y que han violado convenios salariales”.

¿Es posible quitar exoneraciones a universidades privadas?

En ningún momento se pone en tela de juicio la posibilidad de que las empresas sigan donando a las universidades privadas. No creo que se done solo por exoneraciones fiscales”, explicó Núñez. De todos modos agregó que la educación pública está en desigualdad de condiciones respecto a la privada en cuanto a este tema. “Lo que pretendemos es que tengan las mismas condiciones desde el punto de vista tributario. Es injusto que las universidades públicas paguen aportes patronales y las privadas no. No entendemos las razones por que no los pagan”.

A su tiempo Gonzalo Mujica opinó que está en desacuerdo con el artículo. “Creo que el mecanismo es positivo, no es una discriminación hacia la enseñanza pública como se dijo inicialmente, porque todas las instituciones están autorizadas a presentar proyectos para ser financiados por este mecanismo, de hecho lo hacen varias instituciones públicas”. Añadió que no se puede mezclar este tema con la discusión sobre las exoneraciones de aportes patronales que tienen las universidades privadas, porque “esas exoneraciones están establecidas en la Constitución, si se quiere discutir eso se tendrá que discutir en el contexto de una reforma constitucional”.

El diputado astorista remarcó que el mecanismo de exoneración “no permite la libre disponibilidad de los fondos por ninguna institución. Lo que se financia con esos fondos son proyectos concretos. Entonces no se le puede decir a la opinión pública que las universidades privadas con esto compran títulos de deuda, compran campo o le pagan el sueldo a los rectores”. Además, explicó que los proyectos tienen un doble filtro del Estado, ya que son evaluados por el Ministerio de Educación y Cultura y por el de Ministerio de Economía y Finanzas. Núñez criticó este mecanismo, y expresó que si bien existe un control de las instituciones estatales, el problema es que “siempre quien termina decidiendo a dónde se dirige el dinero autorizado son las empresas privadas. Hay un direccionamiento de las empresas privadas en función de los proyectos. No debería ser así la forma por la cual se fomentan unos u otros proyectos”.

Franco Sena