La mandataria fue destituida pero no queda inhabilitada

FIN DE LA ERA ROUSSEFF

 

Dilma aseguró que continuará luchando. Foto: AFP / Evaristo Sa

El ‘impeachment’ se concretó el miércoles 31 de agosto con los votos de 61 senadores contra 20 (eran necesarios un mínimo de 54 votos) y decretó la “pena de muerte política” de la ya ex presidenta brasileña, reelegida en 2014, que ha calificado su destitución como un “golpe” antidemocrático.

Dilma Rousseff, sin embargo, no ha quedado inhabilitada para ocupar cargos públicos en el futuro. En esta segunda votación, 42 senadores se inclinaron por inhabilitar a Rousseff, 36 votaron a favor de mantenerle los derechos y hubo 3 abstenciones, por lo que no se alcanzaron los dos tercios (54 votos) necesarios para aprobar la moción. Para los congresistas que votaron en su contra, primero en la Cámara de los diputados y ahora en el Senado, las maniobras fiscales realizadas por Rousseff en 2015 constituyen un crimen de responsabilidad y perjudicaron a las cuentas públicas del país.

Tan sólo dos horas después de la votación, Michel Temer, el hasta ese momento presidente interino (antes vicepresidente y aliado de Rousseff, ahora enemigo declarado de ella) llegaba a esa misma sala recibiendo felicitaciones de sus correligionarios. Mientras, en el Palacio de la Alvorada, en un ambiente sombrío y de derrota, Rousseff se preparaba para asumir su nuevo estado de ex presidenta expulsada por la puerta de atrás. Ante la destitución, Rousseff reaccionó calificándola, de nuevo, de “golpe de Estado” y reiterando que “condenaron a una inocente”. “Piensan que nos han vencido;se equivocan”, declaró. “Volveremos, volveremos. Sé que todos vamos a luchar”, añadió.

Lucho por la democracia”

El día anterior, en poco más de 40 minutos, Rousseff realizó su defensa ante los senadores. Argumentó que “no es legítimo, como quieren los que me acusan, apartar al jefe de Estado y de gobierno por no estar de acuerdo con el conjunto de su obra”. Y prosiguió: “quien puede apartar al presidente por el conjunto de su obra es el pueblo, solo el pueblo, en las elecciones”. Enfrentó directamente a sus acusadores: “Vengo a mirar directamente a los ojos de sus excelencias y a decir con la serenidad de quien nada tiene de qué responder, que no cometí crímenes de responsabilidad”, dijo la dirigente del Partido de los Trabajadores (PT).

“Hoy, una vez más, al ser perjudicados y no satisfechos en las urnas los intereses de sectores de la élite económica y política, nos vemos ante el riesgo de una ruptura democrática”, afirmó Dilma. Pero en lugar de hacerlo mediante la fuerza, aseguró, sus detractores la quieren apartar “por medio de la violencia moral y de los pretextos constitucionales para que se dé apariencia de legitimidad al gobierno que asume sin el amparo de las urnas”.

Además, Rousseff criticó con dureza al gobierno (hasta ese momento) interino de Michel Temer, quien pasó de ser su vicepresidente y aliado, a ser su mayor contrincante. “Su gobierno no tiene mujeres en los ministerios, cuando el pueblo en las urnas escogió a una mujer para ponerla al mando del país” y añadió que “es un gobierno que carece de negros en su composición ministerial y que ha revelado un profundo desprecio por el programa escogido y aprobado por el pueblo en 2014″, sentenció.

“No lucho por mi mandato por vanidad o por apego al poder, como es característico de los que no tienen carácter, principios o utopías por conquistar”, afirmó. “Lucho por la democracia, por la verdad y por la justicia. Lucho por el pueblo de mi país, por su bienestar”.

El futuro de Dilma

En primer lugar, tendrá que dejar el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial para los presidentes en Brasilia. Rousseff deberá volver a Porto Alegre, donde tiene su residencia privada. Se estima que el traslado suceda este fin de semana.

Rousseff perdió automáticamente el derecho a usar las aeronaves de la Fuerza Aérea Brasileña, al igual que su salario mensual de alrededor de 9.500 dólares. También se queda sin su servicio de alimentos y el plan de salud.

Sus familiares, además, pierden la seguridad que tenían asignada. Además, Dilma Rousseff accederá a beneficios destinados a los expresidentes, como contar con cuatro guardaespaldas, dos vehículos oficiales con sus respectivos conductores y dos ayudantes personales. Los seis servidores públicos serán pagados por el Estado brasileño.

En Brasil no existe renta vitalicia o jubilación para un expresidente, pero como Rousseff no quedó inhabilitada de todo cargo público, una de sus defensoras, la senadora Karia Abreu, alegó que Rousseff, de 69 años, así podría dar clases y conferencias en universidades y alcanzar la anualidad que le falta para conseguir la jubilación.

Rousseff apelará el fallo de su juicio político. Su abogado, y ex fiscal general, José Eduardo Cardozo, ya anunció que Rousseff apelará la decisión ante el Tribunal Supremo. Cardozo aseguró que la destitución de Rousseff era un golpe parlamentario y que la decisión del Senado ocurre en un día triste para la democracia brasileña. Sin embargo, es poco probable que aquella Corte de paso a aquel recurso porque, según la Constitución, corresponde a los senadores emitir los fallos en un juicio político.

Lucía Betancur