Continúa el debate sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios

A LA ESPERA

Foto: RSF Américas

La comunicación en Uruguay está regulada por una ley que aún no se sabe cuándo se empezará a implementar. La Ley Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), más conocida como Ley de Medios, se aprobó en diciembre de 2014 y tiene como objetivo establecer la regulación de la prestación de servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual. Sin embargo, la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, declaró que esperará hasta el último fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), respecto a los recursos de inconstitucionalidad que se encuentra analizando, antes de reglamentar la ley, lo que ocurriría recién en diciembre.

La Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), un colectivo integrado por treinta organizaciones sociales y sindicales, además de ciudadanas y ciudadanos de los diecinueve departamentos del país, emitió un comunicado donde discrepa con la decisión del MIEM. Gustavo Gómez, que integra este colectivo, declaró a SdR que “todavía faltan varios meses y probablemente se presenten más recursos. Esa interpretación haría prácticamente imposible que durante este período de gobierno se aplique la ley”. Además, dijo que hay muy pocos artículos que necesitan reglamentación, por lo que la CCD no está de acuerdo con que se espere hasta que la SCJ resuelva todos los fallos para que se empiece a reglamentar. Gómez sostuvo que “hay aspectos que son muy claros en la ley y otros que la Corte ha saldado como constitucionales y no necesitan reglamentación. Si hubiera algún caso que necesite, se podría esperar un poco más, pero eso no puede ser argumento para no aplicar la ley”. “Es una ley que está vigente desde enero de 2015, fue aprobada en un Parlamento democrático y la Constitución obliga a aplicar las leyes que están aprobadas”, sentenció.

En relación al mismo tema, Martín Prats, presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), dijo a SdR que no se sabe si para diciembre van a estar todos los fallos. “Toda persona tiene el derecho de iniciar una acción de inconstitucionalidad contra cualquier ley cuando se le ocurra, entonces nuestro criterio es que no se puede estar pendiente de eso para empezar a aplicar la ley”, dijo. Además, desde CAinfo se emitió un comunicado que se dirige al Poder Ejecutivo porque “ya están dadas todas las condiciones para que se reglamente la ley y se constituyan los organismos que la ley prevé, fundamentalmente el Consejo de Comunicación Audiovisual, que sería el organismo encargado de llevar adelante todas las disposiciones que la ley establece”.

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) decidió a comienzos de este año que no correspondía emitir los partidos de fútbol de la selección uruguaya, pero la SCJ declaró constitucionales los artículos que referían a ese tema. “La URSEC debería revisar sus criterios y tomar todas las medidas necesarias para que los partidos de la selección puedan ser por emitidos en TV abierta”, dijo Prats.

La SCJ declaró inconstitucionales el artículo 39 (párrafo 3), que refiere a “eventos de interés general“, el 56 (párrafo 1), donde se explican las incompatibilidades para la prestación de servicios de comunicación audiovisual, el 60 (literal C), que afecta a la regulación de los contenidos, el 98 (párrafo 2), relacionado con las inspecciones a los medios, el 117 (párrafo 5), que establece que los servicios de televisión para abonados deberán incluir las señales de Televisión Nacional del Uruguay, y el 149 (párrafo 2), el cual se refiere a la titularidad de los servicios de comunicación audiovisual.

El artículo más discutido en los fallos de la SCJ es el 56, debido a que en abril se declaró constitucional y más tarde se lo declaró inconstitucional. Ese artículo establece incompatibilidades para la prestación de servicios de comunicación audiovisual: “Las personas físicas o jurídicas que presten servicios de comunicación audiovisual regulados por la presente ley no podrán, a su vez, prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos”. Según Gómez, al leer la sentencia notó que había un cambio muy importante en la decisión de la SCJ, por el cambio de dos jueces, cuando unos meses antes habían opinado en contra. “Creo que la decisión de la Corte no es razonable, porque si bien cambiaron el recurso y los fundamentos, la Corte se desdice de lo que afirmó en una sentencia anterior, por razones de fondo y con la misma prueba”. También comentó que es razonable que los jueces puedan revisar sus posiciones en busca de nuevos elementos, pero “no se cuál es la razón por la que cambiaron, para mí es inentendible todavía. Está bien que cambien de opinión, pero por lo que yo he visto en los documentos, no parece convincente”, aseguró.

Según Prats, que la SCJ lo haya declarado inconstitucional habilita a empresas privadas a intervenir en el negocio de Internet, el que hasta ahora estaba en manos de Antel, y se correría el riesgo de que surjan oligopolios privados. “Habría que revisar el tema y ver qué tipo de normativa se podría proponer para la sustitución de ese artículo”, sostuvo. Hay cosas de la ley que se están aplicando, como las cadenas oficiales, que tienen como sustento el artículo 94 de la ley. Por otra parte, Prats aseguró que “a partir de la lectura de las seis sentencias que hay hasta ahora, si había alguna duda respecto a la constitucionalidad de la norma, creo que ya están despejadas”.

Soledad Pontet