Senado votó Rendición de Cuentas que ahora pasa a Diputados

TOPES SALARIALES: ENTRE EL DEBATE TEÓRICO Y LA REALIDAD

Discusión teórica en el Senado. Foto: radiouruguay.com.uy

El Senado sancionó el proyecto de Rendición de Cuentas y pasará a Diputados para que se estudien los cambios hechos por la Cámara Alta, en un plazo no mayor a 15 días. Entre lo aprobado aparece, con un sensible ajuste, el polémico artículo que topea en el 60% del sueldo nominal del presidente de la República a los sueldos de todos los funcionarios públicos, excepto los intendentes departamentales. La iniciativa contó con el respaldo de todos los partidos.

Topear el sueldo de los Intendentes generó una fuerte polémica desde que se comenzó a tratar en el Parlamento por no contar con los votos en Diputados del Partido Independiente ni de la bancada nacionalista. Finalmente, quienes quedarán comprendidos en el artículo 10 de la Rendición de Cuentas son las nuevas contrataciones a partir de la promulgación de la ley, por lo que no tendría efectos sobre quienes ya están ganando más que el tope establecido del 60% en relación al salario del primer mandatario.

Este artículo propone la modificación del inciso tercero de la ley 17.552 de 2002, correspondiente a la Rendición de Cuentas de ese año. En el texto se establece que “ninguna persona física que preste servicios personales al Estado, cualquiera sea la naturaleza del vínculo y su financiación, podrá percibir ingresos salariales mensuales permanentes, por todo concepto, por el desempeño conjunto de sus actividades, superiores al 60% de la retribución total sujeta a montepío del presidente de la República”.

Antecedentes

En la previa se manejaba que la propuesta contaría con el apoyo del Frente Amplio, Partido Colorado, el senador Daniel Bianchi -quien responde a Edgardo Novick- y del Independiente Pablo Mieres, que había condicionado su apoyo a que se dejara expresamente establecido que la norma no alcanzaría a los intendentes. En la Cámara de Diputados, los nacionalistas se opusieron a que la iniciativa alcance a los jerarcas municipales por entender que esto viola las autonomías. Por eso, se aprobó sin incluir a las intendencias.

Ante este panorama el oficialismo se vio obligado a desglosar ese artículo para que los blancos votaran la extensión del tope a los sueldos de los funcionarios de entidades de derecho público no estatal y de entidades privadas de propiedad pública, entre otras.

Debate teórico

El diputado del Partido Nacional Jorge Gandini, explicó a SdR que su partido se opuso a este inciso para “defender una autonomía consagrada en la Constitución” en el marco de un debate “teórico”.

El legislador recordó que en 2001 “se voto una ley, que fue iniciativa de un legislador de nuestro partido donde se planteó que en la administración central nadie puede ganar mas del 60% que el presidente”. La ley surgió a raíz de la preocupación que generaba que el director de casinos de la época, “por el cobro de comisiones, ganara más” que el jefe de Estado. Esa ley “está vigente desde hace 15 años. Hablamos de un límite de 320 mil pesos, eso es el 60%”.

Durante la discusión en la Cámara baja, “llegó este proyecto que compartimos, y que se extiende a los funcionarios de las empresas públicas, de las empresas de derecho no estatal y de las sociedades anónimas cuyo capital accionario pertenece al Estado”, sin embargo agregó que “luego dice que se aplicara a los gobierno departamentales y es ahí donde comienza la discusión”.

“Ninguna ley puede fijar los salarios de los intendentes, porque la Constitución dice que eso lo fijan las juntas departamentales. La norma se está entrometiendo en una autonomía departamental” porque “son los gobiernos locales los que con sus juntas establecen cuanto ganan los directores”.

Gandini entendió que se está ante un “debate teórico” porque en todo el país “no hay ningún director que gane mas de 320 mil pesos”, pero además, “se establece que esto será de aplicación para las nuevas contrataciones, o sea para más adelante y tampoco afectaría a nadie porque ninguna persona llega a ese nivel”.

“No estamos protegiendo un salario, sino una autonomía departamental que está en nuestra carta magna. No se pude violentar esa autonomía por medio de una ley, sino habrá que cambiar la Constitución. Eso fue lo que votamos en contra. Los principios todavía valen más cuando son constitucionales”, sentenció.

La realidad

La senadora y secretaria general del Partido Socialista, Mónica Xavier, opinó respecto a los argumentos esgrimidos por Gandini a SdR y explicó que en momentos en que “se le pide un esfuerzo a toda la sociedad, creemos que efectivamente eso debe llegar para todo el conjunto”. La legisladora sostuvo que “no puede haber dos varas ni se puede decir que se pretende lesionar una autonomía”.

La dirigente socialista reflexionó: “Si discutimos salarios que parecen no ser lógicos, aunque puedan ser reclamables en el ámbito privado, hay que discutir y averiguar”. “El Estado somos todos y no podemos pensar que el conjunto de la sociedad no pueda saber cual es la realidad que tenemos”, concluyó.

Martín González