El acuerdo de paz de Colombia fue rechazado en plebiscito

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Una mujer sostiene un cartel en actitud de protesta por el resultado del plebiscito. AFP PHOTO / LUIS ACOSTA

Luego de 52 años de conflicto armado y varios años de negociación, la guerrilla más antigua del continente llegó a un acuerdo de paz con el gobierno colombiano.

El pasado 26 de setiembre fue el día y Cartagena de Indias el lugar. El acuerdo de paz fue firmado luego de un largo proceso. Al histórico acontecimiento, además de los representantes del gobierno y de la guerrilla, concurrieron los mandatarios de una larga lista de países, además de otros invitados como los secretarios de la ONU y de la OEA.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), nacidas en 1964, representan la guerrilla más antigua que mantiene actividad en el continente. Además, es la guerrilla de mayor envergadura, tiene varios miles de integrantes armados y un alto poder de fuego, que la coloca como un caso único en Latinoamérica, en su nivel de disputa frente al ejército del Estado, solo comparable con el también colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En 2012 se hizo público que el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC mantenían conversaciones en La Habana para llegar a un acuerdo de paz. De agosto de ese año es el “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. Pero ya hacía dos años que habían comenzado, porque a 2010 se remonta el inicio de ese proceso.

Esos años fueron muy convulsos. La agresividad del gobierno de Santos contra la guerrilla de las FARC fue particularmente intensa. Al punto de invadir territorio ecuatoriano en 2008, como parte de la persecución, y romper relaciones con varios gobiernos de la región, situación que amenazó con derivar en un conflicto bélico con los países vecinos, Ecuador y Venezuela. Varios de los máximos dirigentes, entre ellos Raúl Reyes, Mono Jojoy y su anterior comandante en jefe, Alfonso Cano, fueron abatidos en aquellos años.

En ese contexto, las FARC entraron en un proceso de diálogo con el gobierno que derivó en el acuerdo de paz firmado en Cartagena de Indias, plebiscitado ayer domingo 2 de octubre.

Los acuerdos

El documento firmado incluye una agenda temática que los involucrados consideran fundamental para hacer duradero este proceso. El punto N°1 condensa el nudo de los problemas del conflicto armado colombiano: el problema de la tierra. Su nombre es “Reforma Rural Integral” y busca mejorar las condiciones de vida de la población rural. Incluye formas de acceso a la tenencia de la tierra, apoyo a la producción de alimentos y cuidado de zonas de reserva campesina.

El punto 2 es sobre “Participación política”. Este se centra en las garantías para el ejercicio de la acción política, en especial para los actores que surgen a partir del acuerdo de paz, así como para los movimientos sociales.

El 3 se titula “Fin del conflicto”, pero más precisamente se refiere al cese al fuego y a la dejación de las armas. Implica que se creen Zonas Veredales Transitorias de Normalización para las unidades de combate de las FARC en donde entregarían el armamento a la ONU. También incluye las garantías con las que contaría el nuevo movimiento político, tanto para la representación política como frente a los continuadores del “paramilitarismo”.

El punto 4 hace a otro asunto que afecta particularmente a Colombia: “Solución al problema de las drogas ilícitas”. Esto incluye programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, integrándose a la reforma rural integral, además de condiciones de seguridad para las comunidades afectadas. También se aborda el problema de los consumidores de drogas ilícitas como víctimas y se diseña un abordaje desde ese reconocimiento. Por otro lado, se estipulan las medidas frente al lavado de activos vinculadas al narcotráfico.

El quinto punto aborda un asunto especialmente sensible: el “Acuerdo sobre las víctimas del conflicto”. Este se basaría en la creación de un “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, que incluiría una jurisdicción especial para la paz, incluyendo amnistías e indultos, así como la reparación de las víctimas.

Y el último punto refiere a los “mecanismos de refrendación de los acuerdos”. Allí se acepta el “mecanismo de participación popular que la Corte indique”. A fines de 2015 el Congreso resolvió la vía del plebiscito, propuesta que avaló la Corte Constitucional a mediados de este año. La fecha de ese plebiscito quedó fijada para ayer, 2 de octubre, unos días después que se firmara el acuerdo en la ciudad de Cartagena de Indias.

El plebiscito

Así se llegó al domingo, con un amplio espectro político que respaldaba el proceso de paz. Sin embargo, con las fuerzas del ex presidente Álvaro Uribe el “No” se impuso en la consulta popular. El plebiscito no era necesario para poner en práctica el acuerdo, sin embargo, el presidente Santos lo consideró conveniente para darle legitimidad frente a un país atravesado por distintas posiciones frente al conflicto social y armado en Colombia.

 

Durante la votación. AFP PHOTO / Diana SANCHEZ

A las urnas solo concurrió el 37 por ciento de los habilitados. Entre ese escaso porcentaje de votantes el “No” se impuso con el 50,21 por ciento frente al 49,78 por ciento del “Sí”. Observando un mapa de los resultados por departamento se evidencia claramente que los fronterizos, los más afectados por la violencia del conflicto, se inclinaros por el “Sí”, mientras que en los departamentos centrales triunfó el “No”.

Este resultado es una sorpresa que patea el tablero y condiciona los próximos movimientos de los principales actores políticos y sociales del escenario colombiano. Reposiciona a Uribe, quien en sus ocho años de mandato intentó resolver el conflicto a sangre y fuego, impulsando el llamado “Plan Patriota”, con el apoyo de Estados Unidos.

Incluso muchos dudaban de hasta dónde el acuerdo entre las FARC y el gobierno podría sostenerse mientras existan fuerzas irregulares, ligadas a grupos económicos poderosos, que no responden al ejército.

El futuro

Este resultado despliega un manto de dudas sobre los próximos pasos que dará este proceso. El presidente Santos comentó que no existiría renegociación. Y el comandante de las FARC “Timochenko” ratificó su voluntad de continuar el camino de la paz. Es posible que se busquen otros mecanismos que permitan viabilizar la voluntad firmada en el acuerdo, sin embargo, este resultado es un balde de agua fría que debilita las aspiraciones por las que trabajaron guerrilla y gobierno durante estos últimos seis años.

También deja un horizonte sombrío al Ejército de Liberación Nacional (ELN), fuerza guerrillera también creada en 1964, que desde 2014 comenzó diálogos con el gobierno y en marzo de este año anunciaron formalmente el comienzo de un proceso de paz con la siguiente agenda: participación de la sociedad, democracia, transformaciones y seguridad para la paz y las víctimas, dejación de las armas y garantías para el ejercicio de la acción política.

El primer punto recoge a otro de los actores que ha seguido de cerca las discusiones de la mesa de La Habana: las organizaciones sociales que no hacen parte del conflicto armado pero sienten sus efectos. Fundamentalmente nucleados en Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos han exigido ser parte de los acuerdos a los que se llegue.

Es el pueblo colombiano el que tiene por delante un futuro incierto. Las familias de los muertos, los desplazados, los presos, los que han encontrado en la guerrilla un refugio ante la persecución política, los que han perdido su tierra amenazados por “escuadrones de la muerte”, los que sufren un modelo de sociedad impuesto a punta de fusiles, todos se juegan en las próximas semanas el rumbo de los próximos años.

Bruno Lasa