Nueva ley de riego: en debate la mercantilización del agua

EL RICO PATRIMONIO DE LOS ORIENTALES

El gobierno quiere cambiar la ley de riego, pero expertos y ambientalistas cuestionan el proyecto. Foto: http://www.uruguayeduca.edu.uy/

Un proyecto que modifica la ley de riego impulsado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) recibió diversos cuestionamientos de parte de ambientalistas y expertos de las ciencias que dialogaron con SdR acerca de su contenido y consecuencias. Las fallas en la redacción hicieron que la iniciativa que tiene por objetivo “el fomento del desarrollo del riego en el Uruguay” esté varada en el Parlamento desde marzo.

Pese al poco apoyo que recibe el proyecto, el titular del MGAP y principal defensor de los cambios en la ley de riego, Tabaré Aguerre, confía que se apruebe a la brevedad. Hace unos días tras visitar la Expo Prado, manifestó que espera regresar el próximo año “con una ley de riego votada y si no, no voy a ir, por lo menos no voy a ir como ministro”.

El proyecto modifica la Ley de Riego con Destino Agrario (N° 16.858) aprobada en 1997. Según consta en la exposición de motivos hecha por el gobierno, se busca fomentar el riego porque se necesita “aumentar la producción y competitividad del sector agrícola y ganadero”, además de mejorar la adaptación al cambio climático y “contribuir al desarrollo de sistemas multiprediales que permitan la inclusión de productores sin acceso al riego”.

Esto implica incentivar los sistemas de riego, es decir que una fuente de agua sirva para regar muchos predios. Para eso se necesita acumular mucha agua en una sola fuente, y la forma de hacerlo que propone el MGAP es a través de represas en las cercanías de las plantaciones gestionadas por privados.

Según Aguerre, que ya intentó impulsar una normativa similar en 2013, se si aprueba la nueva ley de riego “va a haber un antes y un después en el desarrollo de la agricultura del Uruguay”.

Pese a las grandilocuentes frases del ministro, el colectivo ambientalista Redes-Amigos de la Tierra realizó un análisis del proyecto donde señala los problemas legales y ambientales que generarían los cambios en la ley de riego.

Según el informe hay tres elementos “inconstitucionales” del proyecto que llevan a la creación de un mercado de agua. Ellos son la instrumentación de agentes privados de gestión del agua con potestades para la comercialización, los operadores de sistemas de riego y la articulación con las sociedades agrarias de riego (SAR) que pese a ser legales aún no se han afirmado como figura legal.

El ex director de Agua, Daniel González, está enfrentado con Aguerre. Foto: Presidencia.

En diálogo con SdR, Daniel González, que fuera director nacional de Agua del  Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) entre 2011 y 2015, indicó que el proyecto alienta la conformación de un mercado: “esta ley promueve la inversión privada para aumentar la capacidad de reservas a partir de la especulación con el agua. Esto es contrario al espíritu de la Constitución y al planteo que tenemos como fuerza política (en el Frente Amplio)”.

El ingeniero hidráulico Rodrigo Gorriarán, que trabaja en el sector agrícola, dijo a SdR que la nueva ley “es una forma de organizar el recurso, no está ni bien ni mal; vender el agua es una forma de ordenarlo al igual que como se hace con la tierra”. Sin embargo, González cree que “es diferente porque el agua no tiene una historia de apropiación como la tierra, aún se está a tiempo de preservar el agua como bien público”:

En el proyecto de ley se prevé que la figura de la SAR actúe “como agente de percepción para el cobro del canon”. El colectivo Redes-Amigos de la Tierra sostiene que esto significa construir un mercado de agua, cuando la Constitución establece se trata de un recurso natural de dominio público estatal, y allí se centra la inconstitucionalidad.

El profesor titular del Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, Marcel Ackar, opina en la misma línea: “el proyecto, así como está, mercantiliza el agua porque genera operadores privados de riego que van a cobrar un canon por integrar las sociedades de riego, y así están yendo en contra de la reforma constitucional de 2004”.

Para el abogado especialista en Derecho Agrario Enrique Guerra, las SAR pasarían a ser agentes de percepción no beneficiarios del canon. Como tales“serían las responsables del cobro del agua que usan los regantes y luego responsable directos del pago al Estado”, por lo que no se quedarían con el dinero del canon.

Además el catedrático señaló que el  mercado del agua para riego agrícola entre particulares, existe en el país desde hace más de 20 años y que la posibilidad del Estado de cobrar el agua está en el Código de Aguas desde 1979. “Nunca escuché que fuera violatorio de la Carta. Son usos privativos no usos comunes, no veo dónde está la inconstitucionalidad”, indicó.

En su análisis Redes-Amigos de la Tierra señala que “la figura de los operadores de riego, constituyen una amenaza a los productores agrarios del país, en especial a los pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos. Productores que necesitan nuevos sistemas de riego pero que quedan excluidos en esta propuesta claramente orientada hacia el agronegocio”.

En el proyecto se establece la voluntad de “permitir la inclusión de productores que hoy no tienen ni tendrán en forma individual acceso al riego”. En el informe del colectivo ambiental se denuncia que “los artículos de la ley propuesta se preocupan por los operadores y la integración de inversores -no agrícolas- y en ningún artículo se menciona cómo se pretende incluir a los productores familiares que no puedan acceder al riego”.

El abogado Guerra tampoco está de acuerdo con la figura del operador de riego. Estos “no requieren de ley para existir. Cualquier agricultor o cualquier sociedad puede contratar uno como empleado que asesora en el manejo del agua o directamente la maneja para racionalizar su uso adecuado entre varios agricultores”, afirmó el catedrático. Aseguró que “ese señalamiento ya se lo hice al ministro en persona, no sé si lo va a tener en cuenta”.

Problemas en el medio ambiente

“La construcción de represamientos de agua constituye una amenaza a la calidad del agua superficial y al funcionamiento de los sistemas hídricos”, señaló Ackar.

Para el experto en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental, las represas contradicen el principio de gestión sustentable y la preservación del ciclo natural del agua. “Si el agua se acumula en la mitad de su curso y luego se libera en cantidades no naturales se rompe con todo el equilibrio propio del sistema”, explicó. Además, sostuvo “que el río no es una cinta transportadora de agua, en él hay vida y modificarla sin tenerlo en cuenta es un problema”.

Ackar agregó que otra consecuencia de aumentar los represamientos de agua es que se favorece el desarrollo de algas, lo que repercute en el tratamiento que debe hacer OSE para la potabilización del agua.

El proyecto de ley plantea como un beneficio el uso del riego sustentable porque producirá mayor carbono orgánico en el suelo. Ackar remarcó que esto no es cierto porque “hay investigaciones que demuestran que el aumento en la productividad en cultivos aumenta la presión sobre los recursos naturales, disminuyendo su productividad, reduciendo el contenido de nutrientes del suelo, lo que provoca más fertilizantes y con eso el aumento en los agrotóxicos (herbicidas, fungicidas e insecticidas), exponenciando el riesgo de contaminación de los cuerpos de agua”.

El docente de la Facultad de Ciencias opinó que “se debería apostar hacia un reordenamiento del uso del agua a nivel nacional más que a la creación de represas privadas”.

Las aguas políticas

En línea similar a Ackar opinó el senador frenteamplista (Lista 711) Leonardo de León, quién explicó a SdR que su sector está a favor de primero definir un Plan Nacional de Aguas para luego trabajar en un Plan de Cuencas Nacionales y recién con esos datos ya sistematizados, empezar a desarrollar el proyecto de ley de riego. Afirmó que esta propuesta será planteada en el Parlamento cuando el proyecto del MGAP se empiece a discutir a fines de setiembre.

Pese a que el proyecto todavía no entró en discusión en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, los senadores han tenido la oportunidad de leerlo y analizarlo en la interna partidaria, y no hubo señalamientos de inconstitucional hasta el momento.

Desde el Partido Nacional, el senador Álvaro Delgado dijo que “no se ha trabajado el tema aún, por lo que no hay una posición definida al respecto”.

El ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, es el principal defensor del proyecto. Foto: Presidencia

Mientras que el Frente Amplio ha tratado el tema en la interna de cada sector. De León manifestó que “no es inconstitucional la participación de privados, lo que no debería haber son capitales extranjeros que controlen algo tan importante como el agua, vamos a hacer énfasis en que quede explícita su exclusión”.

El ministro Aguerre es un arduo defensor de los cambios en la ley de riego. En la reciente Expo Prado defendió el valor del riego como aspecto clave de la producción uruguaya y remarcó que  en el siglo XXI “el mundo va a comerciar más agua que petróleo”.

El actual jerarca y ex empresario arrocero, propuso un proyecto de riego similar en 2013 que fue rechazado por la Dirección Nacional de Agua (Dinagua) encabezada por Daniel González. Por estas discrepancias con Aguerre, el ex director contó que “apenas asumió (Tabaré) Vázquez y Aguerre siguió en su puesto supe que me iba”.

González no cree que “solo con las protestas sociales se frene” el proyecto de ley. Consultado sobre por qué la nueva dirección de la Dinagua brindó su aprobación al proyecto, si no hubo cambios sustanciales respecto al anterior, respondió que “algo debe de pasar ahí”.

Guerra como especialista en Derecho Agrario participó en la redacción de la primera ley de riego en 1997 y asesoró a Aguerre respecto a “algunos problemas de redacción” que presentaba el proyecto enviado al Parlamento. De hecho, el 16 de junio estaba previsto que Aguerre y la titular del MVOTMA, Eneida De León, comparecieran en la Cámara de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado y no lo hicieron.

El abogado informó que una semana antes le señaló al ministro una serie de errores que encontró al leer el proyecto de ley. Detalló que lo principal era la insistencia en hablar de sociedades agrarias en vez de asociaciones: “la diferencia es que las sociedades no aceptan más de tres socios porque la estructura de este tipo es de intuito persona, es para vínculos personales. El riego multipredial no iba a funcionar porque el vínculo jurídico lo iba a impedir”.

El campo actual y el que se pretende

La ley que aún está vigente plantea la posibilidad de formar Sociedades Agrarias de Riego (SAR) entre productores rurales interesados. En la exposición de motivos del nuevo proyecto, el MGAP señala su preocupación por el poco uso que han tenido las SAR desde su creación en 1997 y agrega “en ese modelo (de represas individuales) el país no optimiza los recursos y muchos productores quedan excluidos del riego”. El gobierno sostiene que con los cambios que propone al riego se podría aumentar 250% la producción de maíz y 100% la de soja.

Gorriarán confirma que “las SAR, no han tenido uso, últimamente algunos servicios de riego se han acogido a esa figura, sobre todo plantaciones de arroz, pero no muchas”. Explicó que “el modelo tipo es un estanciero que hace su represa y riega sus cultivos, no es como el arroz que tienen molinos y suministran de agua a los productores”.

El abogado Guerra también ratifica que “en el campo profesional muy poca gente sabe qué son las SAR, han tenido un muy bajo incentivo, por eso fracasaron desde 1997”. Mientras que González entiende que las SAR “hubieran funcionado si eso le hubiera dado alguna ventaja (a los productos), no fue así porque se podía hacer lo mismo en sociedades anónimas”.

Gigena como productor de arroz tiene su propio sistema de riego en sus campos del departamento de Treinta y Tres, y no encuentra “ningún motivo por el que formaría parte de una SAR. Tengo mi represa, riego mis plantas, unirme a otros no me generaría ningún beneficio”.

La nueva ley busca incentivar el riego multipredial a través de las SAR. Para eso, propone habilitar a inversores privados “de otro giro” que no sea el rural a participar de estas sociedades con el objetivo de hacerlas “más atractiva para aquellos que quieran invertir y/o desarrollar proyectos de riego”, explica el texto presentado al Parlamento.

Además aquellos que participen de las SAR  podrán acogerse a los beneficios fiscales establecidos en la ley de promoción de inversiones. Según el Ejecutivo, este tipo de obras no tienen uso alternativo por lo que es necesario un largo plazo de amortización para hacer “atractiva” la propuesta de inversión.

Para el colectivo ambientalista Redes-Amigos de la Tierra “una de las debilidades del proyecto es pensar en la construcción de represas para un solo uso, en lugar de avanzar hacia sistemas integrados e integrales de los recursos hídricos”.

Gigena no ve “ningún problema en que inversores de otros giros hagan represas, siempre y cuando se estudien bien y se asegure la utilidad”. Sin embargo, el productor arrocero no cree que sea un buen negocio para otros rubros que no sea el suyo “porque los otros productores no riegan, no es económico hacer sistemas de riego que no sean de uso permanente y menos en cultivos que tienen poca respuesta a esto como la soja”.

Gorriarán tampoco considera que haya muchos interesados porque es “una inversión muy delicada, al hacer una fuente de agua siempre estás atado a los campos de abajo que son tus potenciales compradores. Es difícil que alguien invierta en un mercado tan reducido”.

La posibilidad del “ingreso de inversores no agrarios puede generar situaciones oligopólicas de control del agua para riego”, advierte Redes-Amigos de la Tierra,

Leticia Castro