Decreto de la IM para regular aplicaciones de transporte tiene aval de la Junta

PASAJE EN REGLA

La IM pretende imponer reglas a Uber y otras aplicaciones de transporte para funcionar. Foto: AFP

Pagar un canon de 1,70 pesos por quilómetro recorrido, tener choferes con libreta profesional y carné de salud, así como cumplir con las obligaciones tributarias y de seguridad social, serían responsabilidad de las aplicaciones de transporte de pasajeros como Uber o Cabify si la Junta Departamental de Montevideo (JDM) aprueba un reciente proyecto de decreto presentado por la comuna.

La propuesta de la Intendencia de Montevideo (IM), presentada un año después de que la empresa estadounidense Uber desembarcara en Uruguay sin ningún marco legal, intenta regular el “transporte oneroso de pasajeros brindado por vehículos particulares y mediados por plataformas electrónicas”.

El próximo lunes la Comisión de Legislación y la de Movilidad de la JND comenzarán a evaluar el decreto. Según dijo a SdR el edil frenteamplista Martín Nessi, presidente de la Comisión de Movilidad, el proyecto ya cuenta con un primer visto bueno de la bancada oficialista de ediles y de algunos representantes del Partido de la Concertación.

En el texto del proyecto de decreto al que accedió SdR, la IM propone la creación de “un registro de los vehículos prestadores del servicio, de los permisarios (conductores) y de las plataformas electrónicas”.

La comuna entiende “que los permisarios están haciendo uso de un bien público como son las vías de circulación”, entonces propone que abonen “un canon de $ 1,70 por kilómetro recorrido, desde su inicio hasta la finalización del viaje cualquiera sea su destino dentro o fuera de los límites del departamento”.

Además, el proyecto establece que “los vehículos habilitados tienen que tener menos de cuatro años de antigüedad, estar empadronados en Montevideo y tener capacidad para transportar no más de cinco pasajeros, así como deben aceptar únicamente pasajeros despachados por la plataforma”. Asimismo, “el propietario del vehículo también deberá demostrar a la IM, una vez al año, que está al día con los aportes al BPS”.

Reacciones

Desde Cabify —aplicación similar a Uber que comenzó a funcionar hace pocos días en Uruguay y brinda servicio de remises— dijeron a SdR que se tiene una visión positiva respecto a la regulación propuesta. La empresa de origen español publicó en su cuenta de Twitter que se va a “analizar en profundidad el proyecto” pero que creen “positiva la voluntad de la IM de regular el transporte de pasajeros”. Por el mismo medio expresaron que “la legalidad es el camino más lento y sacrificado, pero estamos seguros de que es lo mejor para pasajeros, trabajadores, empresas y Estado”.

Por su parte, la gerenta general de Comunicación de Uber para Latinoamérica, Cristina Villareal, dijo a SdR que desde la empresa “se evaluará el proyecto con atención y luego darán declaraciones”.

El proyecto de decreto de la IM aclara que se busca habilitar el uso de estas plataformas bajo su reglamentación. Esto va en contra de la visión de los taximetristas, sector donde tanto los trabajadores como la patronal se vienen manifestando desde hace tiempo contra del arribo de estas aplicaciones.

El sindicato y la patronal del taxi rechazan cualquier regulación de las aplicaciones. Foto: Presidencia

“Las multinacionales son una competencia desleal, en tanto no tienen una tarifa determinada por el Ministerio de Economía”, dijo a SdR Antonio Diez, dirigente del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonista (Suatt). Agregó que “estas aplicaciones no son taxis ni son remises” porque estos actores del transporte regulado “tienen otras exigencias que a ellos no les piden”.

El dirigente sindical señaló que “si hay una falta de oferta” en el sector de taxímetros “la IM podría habilitar las chapas de taxi que tiene, no es necesario que venga ninguna otra multinacional”.

Desde la recientemente creada Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones se manifestó a SdR que esperarán a las reuniones que tienen pactadas con el Ministerio de Trabajo y la IM para pronunciarse respecto al proyecto.

Complementarios

El decreto de la comuna capitalina se complementa con un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento en marzo y volvió a presentar a principio de mes con leves modificaciones. Esta última iniciativa busca regular no sólo las aplicaciones de transporte de pasajeros, sino cualquier servicio que utilice una plataforma informática, por lo que incluye otros tipos de economía colaborativa como los brindados por Airbnb (alquileres) o Netflix (contenidos audiovisuales).

A su vez, la Comisión de Transporte de Diputados está discutiendo otro proyecto de ley enfocado específicamente en la regulación del transporte contratado a través de las aplicaciones.

El director de Movilidad de la IM, Pablo Inthamoussu, habló sobre la regulación de Uber. Foto: Presidencia

Desde la IM entienden que este conjunto de proyectos brindarían herramientas para actuar en caso que las aplicaciones que ofrecen el servicio no cumplan con lo establecido en el decreto regulatorio. Pablo Inthamoussu, director de Movilidad de la comuna, dijo a SdR que espera que se aprueben rápidamente los proyectos de ley presentados porque brindarían “herramientas (de control) que hasta ahora no existen”. Según el jerarca, el control que tienen los gobiernos departamentales sobre este tipo de aplicaciones actualmente “es bastante débil”.

La Intendencia capitalina participó en la elaboración del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo y lo respalda “en un 100 por ciento”, señaló Inthamoussu. La iniciativa del gobierno tiene como mayor punto de controversia “el principio de equivalencia”. Según entienden los redactores del proyecto, se les debe “aplicar a los servicios contratados por estos nuevos medios las mismas reglas y normas que a los contratados por cualquier otro medio”, por lo tanto a un coche de Uber se le debe aplicar las mismas normas jurídicas que a un taxi. Sin embargo, el decreto presentado por la IM en la Junta Departamental distingue “dos tipos de actores: la plataforma y los prestadores del servicio final. La plataforma es la intermediaria”.

Tanto Uber como Cabify se pronunciaron en contra del principio defendido por el gobierno porque se consideran “mediadores entre personas que tienen coches y personas que quieren un viaje”, y anunciaron que trabajarán para que no se aplique.

Leticia Castro