En enero condenarían a cadena perpetua a Jorge Tróccoli en Roma

ALAS DEL TERROR

 

 

AFP PHOTO / RODRIGO BUENDIA

Las denuncias se remontan al año 1999. En ese momento, con la justicia uruguaya atada de pies y manos por la Ley de Caducidad y las posiciones políticas del gobierno de turno que impedían investigar los delitos de lesa humanidad, familiares de detenidos desaparecidos de nacionalidad uruguaya e italiana, entre los que destacan Luz Ibarburu y María Esther Gatti, acudieron a la justicia del país europeo. 16 años después comenzó el juicio que en enero próximo verá su fin y para el que la fiscalía romana pidió al juzgado cadena perpetua para 14 ex militantes uruguayos acusados de participar en el Plan Cóndor.

 

El cóndor que habita la cordillera de los Andes es un elemento emblemático y mitológico en la cultura andina. Los blancos extremos de sus alas y su pomposo cuello blanco destacan sobre su negro plumaje. La cabeza, pelada y rojiza, corona su investidura. Su fuerte pico desgarra cuerpos inertes. La alimentación comienza con los cortes blandos de los cadáveres: ojos y lengua, ubres, genitales y abdomen. Así sobrevive. El ave más grande surca los Andes en busca de carroña perpetuando los cuerpos, vaciándolos, dejándolos irreconocibles. Durante las décadas de 1970 y 1980, las dictaduras sudamericanas llevaron adelante una red secreta de inteligencia y coordinación represiva llamada Plan Cóndor. Como una parca fue presagio de la muerte a lo largo del subcontinente. Bajo sus alas se secuestró, torturó, desapareció y asesinó sistemáticamente a más de 377 opositores políticos de los regímenes de la región.

Jorge Tróccoli escapó de Uruguay en diciembre de 2007. El Poder Judicial había pedido su procesamiento junto con el de los ex militares Juan Carlos Lacerbeau y Gregorio Álvarez. Su abogado indicó que el ex capitán de navío había sido contratado para llevar un barco a Brasil y se presentaría voluntariamente ante el juzgado. Una orden de captura internacional fue emitida por Interpol, pero Tróccoli, que efectivamente estaba en Brasil, ya tenía todo arreglado para partir rumbo a Italia, país del que era ciudadano legal. Uruguay pidió la extradición. Un retraso administrativo hizo que la solicitud no llegará en tiempo y forma. De todos modos, allí Tróccoli estaba seguro. Por su doble ciudadanía lo ampraba un tratado entre ambos países de 1879. “La extradición no tendrá lugar cuando el demandado sea ciudadano de la nación demandada”, dice el texto y agrega: “En tal caso, se obliga a someterlo al juzgamiento y sentencia de sus propios tribunales”. Todo parece indicar que Tróccoli tuvo en cuenta este dato cuando unos años antes tramitó la ciudadanía italiana.

 

Durante la 21° Marcha del Silencio. Foto: Rebelarte

Luego de que un tribunal italiano entendiera que las pruebas enviadas desde Uruguay eran insuficientes, el prófugo quedó en libertad. A partir de ese momento, el Estado uruguayo contrató al abogado Fabio Galiani para que se encargue de la causa. Interpuso algunos recursos, pero no tuvo éxito. Al mismo tiempo, la denuncia iniciada por familiares de ítalouruguayos detenidos desaparecidos de la dictadura estaba en proceso. La justicia romana podía actuar, ya que se trataba de ciudadanos italianos. La denuncia se encausó en 2015 cuando el fiscal Giancarlo Capaldo tomó la decisión y, luego de la recolección de pruebas, elevó el caso a juicio. Wilson Falero, María Pilar Nores Montedónico, Ana Cuadros, Rosa Barreix, Mónica Xavier, Cristina Mihura, Cristina Fynn, Felipe Michellini y Mirtha Guianze declararon en calidad de testigos.

El juicio tendrá punto final en enero cuando el juzgado, integrado por dos miembros técnicos y cuatro civiles, determinará si la propuesta de la fiscalía será plasmada en la sentencia final. En el juicio aparecieron pruebas inéditas, cuya existencia había sido negada rotundamente en Uruguay. Un acta de la Comisión para la Paz vio luz en Roma. Esto le llama la atención a la fiscal Mirtha Guianze, ya que allí aparece un testigo que reconoce a Tróccoli y que nunca declaró en Uruguay.

“Este fallo verificará una vez más la coordinación represiva de las distintas dictaduras del cono sur, con la intervención de Estados Unidos, y confirmará lo que las víctimas han denunciado durante décadas”, dijo a SdR Pablo Chargoñia, abogado del Observatorio Luz Ibarburu. Para él, este pedido de la fiscalía significa una definición respecto a la gravedad de estos crímenes y reafirma su calificación de imprescriptibles.

Juan Carlos Blanco, Pedro Mato Narbondo, Gregorio Álvarez, Ricardo Arab, José Gavazzo, Juan Carlos Lacerbeau, Luis Maurente, Ricardo Medina, Ernesto Ramas, José Sade, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez y Jorge Trócolli son los ex militares uruguayos para los que se pidió cadena perpetua. De los imputados, sólo Tróccoli y Mato -prófugo en Brasil- se encuentran libres. Los demás deberán expiar sus culpas en nuestro país para que la justicia italiana los pueda reclamar.

Durante la 21° Marcha del Silencio. Foto: Rebelarte

El cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA) era parte del Servicio de Inteligencia uruguayo en la dictadura. Entre finales de 1977 y durante 1978 el FUSNA y la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) de Argentina, desarrollaron acciones bajo la llamada “lucha antisubersiva” contra el Grupo de Acción Unificadora (GAU), el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). El Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y el Centro de Operaciones Tácticas fueron algunos de los centros de detención clandestina que utilizó esta cooperación binacional para interrogar a los detenidos y arrancar testimonios bajo las más crueles torturas.

Tróccoli, que formó parte del FUSNA, aparece como uno de los responsables de la desaparición de 28 militantes del GAU en Argentina. Además, según la justicia uruguaya estuvo directamente vinculado con la detención de 50 militantes de la misma organización en Uruguay. Los detenidos fueron trasladados a dependencias del FUSNA para indagarlos, donde Tróccoli brindaba servicios de inteligencia como S2.

Política de Estado

“Desde el Observatorio Luz Ibarburu hemos cuestionado la carencia de una política eficaz para la persecución del los crímenes de lesa humanidad y la absoluta falta de voluntad política en la investigación de los crímenes ocurridos hace cuarenta años”, expresó Chargoñia. Además, destacó que esto se puede ver en las posiciones conservadoras que han tomado los tribunales nacionales al respecto y la ausencia de medidas administrativas para mejorar las acciones por parte del Poder Judicial y la fiscalía, que muestran las falencias de un Estado que no se preocupa por el esclarecimiento de este tipo de delitos.

Las trabas y vericuetos jurídico-políticos de la legislación nacional postergaron las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en la dictadura que se extendió desde 1973 a 1985. La Ley de Caducidad fue el manto que protegió a quienes cometieron crímenes de Estado. “Hay un desconocimiento muy grande de lo que ocurrió. El tema cada tanto aparece en la agenda por presión de las organizaciones sociales o las víctimas pero no porque al estado le importe”, afirmó a SdR Mariana Motta, que hasta 2013 se desempeñó como jueza penal, cuando la trasladaron por “razones técnicas” a la justicia civil. Motta condenó al expresidente Juan María Bordaberry y a Juan Carlos Blanco, su canciller, a 45 años de prisión en 2010. Al momento del traslado, investigaba más de 50 casos sobre delitos de lesa humanidad.

Chargoñia, Motta y Guianze concuerdan en que en Uruguay no hubo una política favorable al enjuiciamiento y la condena de los ex militares y civiles artífices de la dictadura. Tampoco existió para la restauración y justicia con las víctimas de esos crímenes. “En el gobierno de (Julio María) Sanguinetti se negaban los desaparecidos. En el de (Luis Alberto) Lacalle se decía que eran 20 o 30. Cuando ganó (Jorge) Batlle se creó la Comisión para la Paz y aunque se aceptó que había desaparecidos, no se avanzó en cuanto su destino”, recordó Motta.

En 2005, la llegada de Vázquez al gobierno destrabó el artículo 4 de la Ley de Caducidad, que permite investigar las denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la ley de personas que fueron “presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones”, pero nunca se avanzó en su remisión. La continuidad de estas políticas desde la restauración de la democracia hicieron que el Estado nunca reconociera los actos terroristas en los que participó y que, a diferencia de lo que pasó en otros países, no se defendiera a las víctimas ni se investigara estos crímenes por parte del propio Estado.

La existencia de esta ley imposibilitó discusiones jurídicas. ¿Qué tipo de delitos eran?, ¿habían prescripto?, ¿se podía enjuiciar a los responsables?, ¿fue el Estado el que cometió estos delitos?, fueron algunas de las preguntas que, según Motta, no pudieron hacerse. En Uruguay las víctimas o denunciantes de los delitos ocurridos en la dictadura son quienes se encargan de conseguir las pruebas, algo que desgasta a esa parte en el juicio y deja al Estado sin participación, expectante de la situación. Para la jueza hay una ética del Estado que se debería respetar. Cuando el Estado perdona delitos de lesa humanidad abre un paraguas moral para perdonar delitos menores.

Iván Fernández