En Uruguay existe escasez de datos sobre la inclusión laboral de personas con síndrome de Down

NO SABE, NO CONTESTA

Foto: Asociación Down del Uruguay

El primer relevamiento nacional de personas con síndrome de Down (SD) en Uruguay, realizado en el año 2000, reveló que alrededor de 2.500 personas tenían el síndrome. Desde ese momento no se actualizaron las cifras, por lo que al día de hoy no existen nuevos datos al respecto. A esto se le agrega que tampoco hay cifras sobre la cantidad de personas con SD en el ámbito laboral.

En diálogo con SdR, la directora de la Asociación Down del Uruguay (ADdU), Nidia Viña, manifestó que desde la organización se ha intentado obtener información sobre la cantidad de personas con SD que hay actualmente en Uruguay a través del Banco de Previsión Social, dado que es la institución que otorga pensiones por discapacidad en el país. Sin embargo, desde la entidad no se han brindado números al respecto. En relación a la incidencia estimada del SD a nivel mundial, la Organización de Naciones Unidas señala que se sitúa entre 1 de cada 1.000 y 1 de cada 1.100 recién nacidos.

Por su parte, Begoña Grau, directora del Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social dijo a SdR que los últimos datos que se tienen son del censo de 2011. Allí se relevó, por ejemplo, la discapacidad intelectual y la discapacidad motriz, pero no exactamente el número de personas con SD. Esto se debe a que, por lo general, en los censos se especifica la discapacidad, pero no qué síndrome tiene la persona.

En el ámbito laboral, Viña expresó que uno de los objetivos de ADdU es ayudar a los integrantes de la asociación a insertarse laboralmente. Hasta el momento, la asociación consiguió que 23 personas con SD entraran a trabajar en supermercados TATA, 8 a McDonald’s, y también que otros fueran empleados en Pintelux, Deambrosi, y Hotel Sheraton, entre otros.

En el ámbito privado, existe un proyecto de ley que cuenta actualmente con media sanción y obliga a empresas grandes que 4% de su personal esté compuesto por personas con discapacidad. Respecto a esta iniciativa, Viña opinó que más allá de que es un avance, sería bueno que desde el Estado se predicara con el ejemplo, puesto que para el sector público existe una normativa que fija esa misma cuota pero no se cumple.

La actual Ley de protección integral de los derechos de personas con discapacidad, define que 4% de las vacantes en el sector público deben ser ocupadas por personas con discapacidad. Viña afirmó que no se está cumpliendo con ese porcentaje y que no se llega ni al 1%. Por su parte, Grau dijo que es verdad que no se está cumpliendo dicha cuota, pero sí se está trabajando fuertemente con la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) para que todos los llamados salgan con la reserva de cuota correspondiente. Según Grau, se está mejorando y si bien este año no se llegará al 4%, se aumentará el número de personas que acceden a las vacantes. Otro punto que destacó la jerarca es que la ONSC contabiliza sólo a las personas con discapacidad que entraron por concurso a la función pública, pero no a quienes entraron por otro tipo de contratación

Sobre la inclusión real de personas con SD en la sociedad, Viña señaló que se ha avanzado bastante y que actualmente existe más apertura al respecto. El SD es la principal causa de discapacidad intelectual y la alteración genética humana más frecuente. A su vez, no es catalogado como una enfermedad y tampoco existen grados de SD.

Un pilar fundamental para el avance en la inclusión -según indicó Viña- son las familias de las personas con SD, las que se esfuerzan día a día por mostrar a través de distintas acciones que las personas con el síndrome pueden insertarse perfectamente en actividades con personas que no lo tienen, y aportarles además ricas enseñanzas de vida.

Lucía Carnales